El Departamento de Justicia (DOJ) estudió enviar a agentes del FBI a los registros de las residencias de Joe Biden en búsqueda de más documentos clasificados, pero decidió finalmente dejar la tarea en manos de los abogados personales del presidente. La decisión última se tomó para evitar complicaciones en la investigación posterior y por la actitud colaboradora de Biden y su equipo.
Según informa The Wall Street Journal, el DOJ valoró el hecho de que fueron los propios abogados del presidente quienes entregaron voluntariamente, el dos de noviembre, la primera remesa de documentos confidenciales. Tras el descubrimiento de estos archivos en un despacho privado de Biden en el Penn Biden Center de la Universidad de Pensilvania, el equipo del presidente se reunió con representantes del DOJ para analizar sobre la conveniencia de la presencia de agentes federales en los registros del resto de inmuebles de Biden.
El DOJ destaca la colaboración del equipo de Biden
Ambas partes llegaron a la conclusión de que sería mejor que fueran los abogados personales de Biden quienes inspeccionaran los inmuebles. El equipo se comprometía a notificar al DOJ tan pronto como identificaran cualquier archivo sospechoso de estar clasificado y se lo entregarían a los agentes. Desde ese momento, serían las autoridades policiales quienes se harían cargo de ellos.
Desde el entorno del presidente indican que este tipo de reuniones secretas -no se informó de ellas- lejos de tener como objetivo ocultar presuntos actos delictivos, son una de las razones por las que la investigación a Biden se está realizando de manera discreta. Según estas fuentes, el DOJ valoró muy positivamente que los documentos clasificados fueran notificados y entregados voluntariamente y la actitud abierta y colaboradora de las personas cercanas a Biden que están participando en las búsquedas.
Guardar la baza del FBI
La otra razón que esgrime el DOJ es que al dejar aparte al FBI en estas primeras etapas de la investigación les permitiría jugar esta baza, e incluso enviarlos a realizar registros más agresivos, en el caso de que las relaciones con el equipo de Biden se complicaran, dejaran de colaborar o incluso intentaran ocultar pruebas.
Según miembros del DOJ, éstas son las razones del diferente trato que se ha otorgado a Biden en contraposición con el mediático registro de la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Estas fuentes explicaron que, en el caso de Trump, el FBI entró en la residencia de Florida tras un año de negociaciones entre los Archivos Nacionales, el DOJ y los abogados del expresidente. El detonante que llevó a solicitar la orden de registro fue que los letrados del magnate indicaran que todos los documentos habían sido devueltos.
Diferencia de trato respecto a Trump
No obstante, estos paralelismos no convencen como argumento sobre el diferente trato recibido en cada caso. Por ejemplo, la tardanza en comunicar los hallazgos -la primera remesa se descubrió el 2 de noviembre, una semana antes de las midterms y la segunda en diciembre, sin que se hiciera público hasta mediados de enero- y el hecho de que el entorno del presidente sólo lo reconociera tras aparecer en los medios y sin aportar apenas detalles nuevos, hacen difícil de sostener las excusas del DOJ.
Así lo indicó en declaraciones al WSJ John Fishwick, que fue fiscal de distrito de Virginia Occidental durante el mandato de Obama, al analizar ambos casos: "Es el presidente en ejercicio, no hay razón para que se reserve nada al respecto. Hace más difícil decir que son manzanas y naranjas, y socava el argumento de que eran diferentes".
