Abbott pone límites al auge de los centros de datos: Texas no pagará la factura de las Big Tech

Texas se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos para los centros de datos (data centers). La combinación de suelo disponible, energía, fibra óptica, incentivos empresariales y un mercado eléctrico independiente ha atraído instalaciones vinculadas a la nube, la inteligencia artificial, las criptomonedas y la computación de alto rendimiento.

Pero el crecimiento ya no puede medirse únicamente en empleos, inversión o nuevos edificios. También debe medirse en megavatios, galones de agua, líneas de transmisión y capacidad de las redes municipales. Ese es el motivo por el que el gobernador Greg Abbott ha decidido endurecer la supervisión estatal y exigir más responsabilidad a una industria que hasta ahora no siempre ha informado con precisión sobre sus necesidades.

La escala de la expansión

Según un informe del Bureau of Economic Geology de la Universidad de Texas en Austin, en el Estado de la Estrella Solitaria había 479 centros de datos a finales de 2025 y 766 en agosto de 2026. Ese inventario mezcla instalaciones en marcha con proyectos planificados y propuestos. Sin embargo, no todos se construirán. 

En septiembre de 2025 operaban unos 297. El estudio estima una capacidad proyectada de más de 70 gigavatios en 2030 y afirma que esos centros “consumirán electricidad equivalente a la de decenas de millones de hogares”.

La concentración principal se encuentra en áreas metropolitanas como Dallas-Fort Worth, Houston, Austin y San Antonio, aunque los nuevos proyectos también avanzan hacia otras zonas del estado. La expansión responde a varias ventajas competitivas, "disponibilidad de energía, precios competitivos de la electricidad, abundancia de suelo e inversiones sólidas en infraestructura".

El sector digital también está cambiando de naturaleza. Los centros de datos tradicionales procesaban servicios empresariales y almacenamiento en la nube. Los nuevos campus destinados a inteligencia artificial "concentran una enorme potencia en equipos cada vez más pequeños y convierten casi toda la energía de entrada en calor".

Según el referido informe, un rack orientado a inteligencia artificial podía superar los 80 o 100 kilovatios en 2025, frente a unos 4 o 5 kilovatios de un rack típico de 2010. El estudio plantea que la demanda por rack podría acercarse a 1 megavatio en 2028.

Ese salto transforma los centros de datos en instalaciones industriales de gran escala. No se trata simplemente de oficinas con servidores: pueden requerir tanta electricidad como una pequeña ciudad y demandar nuevas subestaciones, líneas de transmisión, plantas de generación y sistemas de refrigeración.

El desafío para Ercot

El crecimiento de la demanda plantea un reto particular para Ercot, el operador de la red eléctrica que abastece a la mayor parte de Texas. A diferencia de otros estados, Texas gestiona en gran medida su propio mercado eléctrico, una característica que durante años fue presentada como una ventaja para atraer inversión.

Sin embargo, una red diseñada para responder a una demanda relativamente previsible debe adaptarse ahora a cargas muy grandes, rápidas y concentradas. 

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin han advertido de que los centros de datos, las grandes instalaciones industriales y las operaciones de criptomonedas podrían elevar la demanda máxima por encima de la capacidad disponible en determinados momentos.

El problema no consiste solo en generar más electricidad: hay que separar qué proyectos tienen demanda firme y cuáles siguen siendo especulativos, cuánto tiempo operarán a plena carga, con qué generación se les abastecerá, quién pagará las nuevas líneas y subestaciones y cómo se evita que esa factura acabe en el recibo de los hogares.

El informe citado plantea varias vías: reforzar la transmisión, utilizar el Texas Energy Fund, coordinar mejor la planificación eléctrica y gasífera y considerar la generación localizada junto a los grandes campus. Entre las opciones aparecen nuevas plantas de gas, la generación geotérmica y, a más largo plazo, la energía nuclear.

El agua, el límite menos visible

La electricidad es solo una parte del problema. Los servidores producen calor y deben mantenerse dentro de rangos estrictos de temperatura. Para lograrlo, muchos centros utilizan sistemas de refrigeración evaporativa o torres de enfriamiento que consumen agua de forma constante.

El Bureau of Economic Geology estima la huella directa e indirecta en unos 33.000 millones de galones en 2025, el 0,6% del uso estatal. Una evaluación independiente que el propio informe cita sitúa esa huella en 25.000 millones (0,4%). Aunque la proporción estatal parece limitada, el impacto puede ser considerable en regiones concretas que adolezcan de e sequías, acuíferos presionados o sistemas municipales pequeños.

Además, el consumo no se limita al agua utilizada dentro del centro. Las centrales que producen la electricidad también pueden requerir agua para sus sistemas de refrigeración. Por eso, el verdadero impacto debe evaluarse teniendo en cuenta tanto el uso directo como el consumo asociado a la generación eléctrica.

El informe advierte de que un centro de tamaño medio o grande puede consumir entre 12 y 660 millones de galones al año en agua indirectamente vinculada a la producción de electricidad, dependiendo de su tamaño y de la tecnología de generación utilizada.

Esta relación entre agua y energía obliga a tomar decisiones complejas. Los sistemas evaporativos suelen ser eficientes desde el punto de vista eléctrico, pero utilizan más agua. Los sistemas de refrigeración seca reducen el consumo directo de agua, aunque pueden exigir más electricidad y mayores inversiones. Las soluciones híbridas intentan equilibrar ambas necesidades, pero son más complejas y costosas.

Incumplimiento de los reportes

En este contexto, Texas necesita saber cuánto consumen realmente los centros de datos. La Texas Water Development Board envía una encuesta anual a usuarios municipales e industriales, incluidos los centros de datos operativos que superan los 10 millones de galones de consumo anual. La encuesta pide información sobre el volumen utilizado, la fuente de agua y el tipo de abastecimiento.

Sin embargo, la tasa de respuesta ha caído con la rápida llegada de nuevas instalaciones. Según The Texas Tribune, en 2025, la agencia encuestó a 329 centros de datos y recibió respuestas de aproximadamente el 30%. Entre los 267 centros que aparecían por primera vez en el seguimiento estatal, solo respondió el 22,5%.

La falta de datos perjudica la planificación. Sin información fiable, las autoridades locales no pueden prever adecuadamente la capacidad de tuberías, plantas de tratamiento, depósitos, acuíferos o redes de emergencia. Tampoco pueden evaluar con precisión qué proyectos son compatibles con las necesidades de agricultores, familias y otras industrias.

Algunos consumos ya muestran la escala del desafío. Según los datos citados por The Texas Tribune, una instalación de Bitdeer en Rockdale utilizó más de 300 millones de galones en 2025, "equivalente al consumo anual de agua de un pueblo texano de unos 3.500 habitantes". Entre los grandes usuarios también figuran una instalación de Google en Midlothian y otras de QTS y Meta en Fort Worth.

Abbott pasa de la advertencia a la aplicación

Ante esta situación, el gobernador Greg Abbott ordenó esta semana a la Texas Water Development Board que obligue a los centros de datos y a otros grandes usuarios a cumplir con los reportes de consumo. La directiva pide penalizar incumplimientos pasados y aplicar consecuencias legales a quienes sigan sin responder.

“Los centros de datos deben compartir la responsabilidad de proteger el agua de Texas”, declaró Abbott el lunes. El gobernador solicitó que la agencia presente una actualización sobre cumplimiento y aplicación antes del 14 de octubre de 2026.

La ley estatal contempla un delito menor de clase C por no presentar la encuesta. No obstante, según The Texas Tribune, la Texas Water Development Board había indicado que no es una agencia reguladora y que no tiene autoridad directa para procesar penalmente a los infractores. Por eso, la directiva de Abbott ordena remitir los casos a los fiscales de condado o de distrito y notificar a la agencia ambiental estatal.

La presión regulatoria no se limita al agua. Abbott ordenó también una auditoría coordinada con la Public Utility Commission of Texas, ERCOT y las empresas de agua para recabar consumo eléctrico, fuentes hídricas y sistemas de refrigeración. 

Ercot ha dicho que el examen cubre unos 250 a 300 proyectos de gran carga, la mayoría centros de datos, del orden de 200 GW de demanda anunciada. El informe está previsto para el 10 de diciembre. Hasta que concluya esa revisión, esos proyectos no podrán conectarse a la red.

Es una señal clara para los desarrolladores: el acceso a la infraestructura pública dependerá cada vez más de que entreguen información verificable y asuman sus obligaciones.

Una política favorable al crecimiento, pero con condiciones

La posición de Abbott no equivale a rechazar la inteligencia artificial ni la inversión tecnológica. Texas sigue compitiendo para atraer capital, empleos y capacidad informática estratégica frente a Virginia, California y otros estados.

El enfoque del gobernador es más selectivo: mantener la ventaja competitiva de Texas, pero exigir que los nuevos proyectos demuestren que pueden operar sin poner en riesgo el agua ni trasladar costos desproporcionados a los usuarios de la red.

Esa estrategia resulta especialmente relevante porque el Congreso también ha comenzado a debatir quién debe pagar las ampliaciones eléctricas necesarias para los centros de datos. Este miércoles, la Cámara de Representantes aprobó por 417 votos contra 3 la Ratepayer Protection Act, una iniciativa que exigiría a los reguladores considerar reglas para que los centros de datos asuman los costos de nueva generación, transmisión y mejoras de red vinculadas a su demanda. El proyecto aún debe avanzar en el Senado.

Para Texas, la lección es directa. La expansión digital puede ser una oportunidad económica extraordinaria, pero no debe convertirse en una subvención oculta financiada por los consumidores y las comunidades.