La trama para salvar a Maduro: revelan los petroleros, lobistas, influencers e, incluso, funcionarios de la Administración Trump que intentaron socavar a Rubio

Cuando el presidente Donald Trump nombró a Marco Rubio como secretario de Estado y a Mauricio Claver-Carone como enviado especial para América Latina, un magnate del asfalto que juega golf con el mandatario entendió que tenía un grave problema. Harry Sargeant III, donante de Trump, llevaba décadas haciendo negocios en Venezuela y temía que el regreso de la máxima presión contra el exdictador Nicolás Maduro le costara uno de sus activos más rentables. La solución que ideó su entorno tenía nombre propio dentro del Gobierno federal: el enviado especial Richard Grenell, un hombre cercano al presidente.

Según una investigación de POLITICO basada en cientos de mensajes privados, cinco meses de transacciones bancarias, calendarios personales y entrevistas con participantes, Sargeant encabezó durante 2025 un esfuerzo para imponer a Grenell sobre Rubio en el Departamento de Estado, frenar la política de sanciones contra Caracas y empujar a la Administración Trump a normalizar las relaciones con el régimen chavista. El plan reunió a un excongresista caído en desgracia, a un grupo de tenedores de bonos, a una firma de cabildeo con sede en París y a influencers de la órbita MAGA, entre ellos Laura Loomer.

Sin embargo, la pieza clave del rompecabezas era Grenell. Exembajador y exdirector interino de inteligencia nacional, pragmático, escéptico del intervencionismo y abiertamente crítico de los halcones, había quedado fuera del cargo que aspiraba —la Secretaría de Estado— cuando Trump se decantó, tras semanas de meditación, por Rubio. Como premio consuelo, el presidente nombró a Grenell enviado especial para “misiones especiales” y mencionó a Venezuela entre los países de su cartera, sin delimitar específicamente dónde terminaba su rol y empezaba el del Departamento de Estado.

Esta decisión de Trump garantizó un choque con el equipo de Rubio, que veía en Grenell a alguien ansioso por socavar al exsenador republicano y, con el tiempo, sucederlo. Sargeant y sus aliados lo vieron claramente: ese rival interno de Rubio tenía que ser su caballo de Troya. Para articular la estrategia Sargeant y sus aliados contrataron al excongresista republicano de Illinois Aaron Schock, que había renunciado a su escaño en 2015 entre acusaciones de mal uso de fondos públicos y que se había acercado a Grenell en los círculos de republicanos homosexuales de California. El abogado de Sargeant, Christopher Kise, reconoció que su cliente contrató a Schock por un pago único de 100.000 dólares para “consultoría estratégica”, pero negó que se tratara de cabildeo. Schock, según uno de sus colaboradores, contaba que su misión principal era ayudar a Grenell a opacar a Rubio.

El primer golpe de los presuntos lobistas llegó pronto. A finales de enero de 2025, Grenell viajó a Caracas y consiguió la liberación de seis estadounidenses detenidos por el régimen, en una operación que coincidió con el primer viaje de Rubio a América Latina y le restó protagonismo. POLITICO documenta que Schock y Sargeant viajaron a Venezuela casi al mismo tiempo y se reunieron con la entonces vicepresidente chavista Delcy Rodríguez para discutir una propuesta: que Caracas liberara presos a cambio de que Estados Unidos restaurara plenamente la licencia de Chevron y que Venezuela aceptara vuelos de deportación dos veces por semana, un asunto importante para Trump y parte de su gabinete, incluyendo el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller. Sargeant habría usado sus contactos para concertar el encuentro entre Grenell y Maduro en el que se selló el acuerdo, según reportes de Reuters y The Wall Street Journal que Kise niega. Al día siguiente del regreso de Grenell con los liberados, la Administración Trump renovó la licencia de Chevron, y Trump felicitó públicamente al enviado. Críticos señalaron que la renovación había funcionado como una suerte de rescate encubierto, pero Grenell rechazó que hubiera mediado un canje de presos o un pago.

A pesar del golpe, el triunfo fue estéril, pues un grupo de congresistas cubanoestadounidenses de Florida —los “tres amigos”, cercanos a Rubio— presionó con éxito para que la Administración Trump cancelara las licencias petroleras a cambio de su apoyo a un paquete legislativo clave para Trump. Rubio fue consolidándose como una de las figuras más influyentes del gabinete, sumó luego el cargo interino de asesor de seguridad nacional y ganó control directo sobre la política hacia Venezuela. Grenell, en cambio, fue quedando relegado a cargos o trabajos menores: la coordinación tras los incendios de Los Ángeles y, más tarde, la dirección interina del Centro Kennedy, que intentó rebautizar, sin éxito total, como Centro Trump-Kennedy mientras lidiaba con renovaciones y con músicos que se negaban a actuar allí. Sargeant perdió su licencia para operar en Venezuela en marzo de 2025.

Fue entonces cuando la operación cambió de escala para intentar reordenar el orden de prioridades de la Casa Blanca. Un aliado de Sargeant, Hans Humes, directivo de Greylock Capital Management y cabeza del “comité de tenedores de bonos” de Venezuela —financistas con deuda venezolana opuestos a las sanciones—, advirtió a Schock que Grenell había perdido tracción. Humes y Schock unieron fuerzas contra Claver-Carone, a quien señalaban como el motor de la presión. Sumaron al exfuncionario de Biden Juan González, arquitecto del cuestionado Acuerdo de Barbados, como asesor pagado por “análisis geopolítico”, según el propio González, que negó haber hecho cabildeo. Schock y su consultor, Benjamin Papermaster, también recorrieron Houston para cortejar a las grandes petroleras. Shell se negó; Chevron, en cambio, se mostró receptiva y, de acuerdo con los mensajes citados por POLITICO, prometió aportar $100.000. La empresa declinó responder preguntas específicas, reiteró que opera cumpliendo la ley y aseguró nadie de Chevron participó en los chats filtrados. Otros fondos llegaron de tenedores de bonos europeos y de una filial de la petrolera estatal de Curazao, parte de ellos canalizados a través de empresas pantalla.

Con una fecha límite el 27 de mayo —cuando expiraban las licencias de Chevron y de Sargeant—, el grupo aceleró sus esfuerzos. Sargeant escribió una misiva a Rubio y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidiéndoles desistir de la presión y advirtiendo que el crudo venezolano terminaría en manos chinas. En paralelo, Schock contrató a la firma de lobby parisina Forward Global, que facturó $422.500 por la primera etapa de una campaña de comunicación. La firma reclutó a influencers conservadores —entre ellos Ryan Fournier y Juanita Broaddrick— para publicar mensajes coordinados a favor de la inversión estadounidense en Venezuela, y redactó artículos de opinión que figuras afines a Trump firmaron en medios como el sitio de Fox News. Uno de los textos, publicado bajo la firma del exasesor de seguridad nacional Robert O’Brien, se basó en un borrador de Forward Global editado por González, según documentos revisados por POLITICO. A pesar de la gran coordinación y movilización de voluntades, no todos aceptaron: la presentadora Rachel Campos-Duffy se resistió por su respaldo a una transición democrática, y el grupo desistió tras verla entrevistar a la líder opositora María Corina Machado.

Toda esa maquinaria existía para apuntalar a Grenell, que estaba al tanto del respaldo, según mensajes de al menos dos participantes en la operación que reveló POLITICO. El enviado circuló durante la primavera por medios y espacios conservadores defendiendo que la Administración no estaba aplicando realmente la máxima presión, y los influencers contratados amplificaron esa idea, en ocasiones criticando a miembros como clave como Rubio y Claver-Carone. Cuando surgió el rumor de que Trump podía enviarlo como embajador ante la ONU, el grupo se alarmó porque perdería a su aliado clave —“si Ric va a la ONU, se va de Venezuela”, escribió Humes—, pero Grenell desmintió rápidamente esa versión en su cuenta ‘X’, usualmente utilizado para desmentir reportes. No obstante, al menos por ahora, Grenell declinó comentar el reportaje de POLITICO, y la Administración negó que existieran tensiones entre él y Rubio.

Uno de los capítulos más delicados involucra a Laura Loomer. Cuando un cubanoestadounidense de línea dura, Víctor Cervino, fue apartado de un cargo en el Consejo de Seguridad Nacional antes de asumirlo, la campaña supuso que Loomer había estado detrás y vio una oportunidad para usarla contra Claver-Carone. Un mensaje de Papermaster a un abogado de Sargeant aludía al pago a “una chica de Twitter”, en lo que POLITICO describe como una referencia casi segura a Loomer, y el abogado confirmó días después que el pago se había hecho. Loomer negó en una entrevista haber cobrado o formar parte de la operación, y Kise aseguró que Sargeant nunca le ha pagado nada. A partir de mayo, Loomer publicó de forma recurrentes y como nunca antes lo había hecho sobre Venezuela. En sus distintas publicaciones promovía a Grenell y señalaba a Claver-Carone como un funcionario movido por emociones personales que saboteaba al enviado. Asimismo, las publicaciones de Loomer se llenaron de críticos que la acusaban de hacer lobby a favor del régimen de Maduro.

Pero los esfuerzos de Loomer tampoco alcanzaron. El grupo malinterpretó las intenciones de Trump en su segundo mandato y subestimó notoriamente a Rubio, que logró el reenfoque justo para convencer a los escépticos de ir contra Maduro y su régimen: apostar a una lucha contra el crimen organizado y el Tren de Aragua. La licencia de Chevron expiró el 27 de mayo, y con ella la de Sargeant. Forward Global cerró su participación. A la postura de Rubio se sumó el subjefe de gabinete Stephen Miller, y la Administración reformuló el problema venezolano en clave de narcotráfico antes de iniciar ataques contra embarcaciones ‘narcoterroristas’ en el Caribe. Grenell intentó mantenerse en el juego —agendó reuniones con Schock y con un abogado de Sargeant a mediados de año y, en septiembre, dijo en una entrevista que seguía hablando con el equipo de Maduro por instrucción de Trump—, pero ya no incidía en las decisiones. En septiembre, Maduro ofreció a la Casa Blanca retomar el diálogo a través de él, pero la oferta no prosperó. El 3 de enero de 2026, tras esfuerzos en vano por socavar a Rubio y a las propias decisiones de Trump, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladados a una cárcel de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Delcy Rodríguez quedó como gobernante interina, tutelada por Washington.

El entramado dejó un rastro que las autoridades empezaron a seguir. Un funcionario del Departamento de Justicia dijo a POLITICO que el FBI investiga los esfuerzos de Sargeant y que dentro de la Administración hay interés en que haya rendición de cuentas. Kise, no obstante, negó que exista tal investigación y sostuvo que su cliente siempre actuó de forma legal y transparente. Sargeant, según su abogado, aún no ha recuperado la licencia por la que tanto trabajó. Papermaster, que dejó de trabajar para Schock en el otoño de 2025 alegando que nunca le pagaron por completo, terminó desencantado del proyecto que ayudó a montar. “Mirando hacia atrás, la narrativa que me vendieron era engañosa, y me decepciona no haberlo detectado antes”, dijo. “Me dijeron que esto era un asunto de ‘Estados Unidos primero’, y por el pueblo de Venezuela. En realidad, esto era para llenarles los bolsillos a Aaron Schock y a Harry Sargeant”.