El régimen de Venezuela cede el control de sus ingresos y ordena a las aerolíneas transferir el pago de combustible al Tesoro de EEUU
Las aerolíneas internacionales interpretan el dictamen como una intervención directa y total sobre el manejo de los recursos estratégicos del país.
Un avión estadounidense carretea en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. En primer plano, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.
A través de una comunicación formal remitida a las principales aerolíneas y empresas navieras que operan en su territorio, el régimen venezolano, bajo el membrete de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), dictaminó que los abonos en moneda extranjera por concepto de suministro de combustibles no se ingresarán en arcas locales, sino de forma directa en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El documento, fechado el pasado 28 de mayo y revelado por El Diario, formaliza la subordinación financiera del aparato estatal venezolano a las directrices de la administración Trump.
Adjunto a la misiva, la entidad gubernamental venezolana incorporó las especificaciones técnicas del sistema Fedwire, detallando los mecanismos necesarios para canalizar los fondos internacionales hacia una "cuenta de custodia de Venezuela" tutelada de manera centralizada por Washington.
El mecanismo de la cuenta de custodia y la pérdida del control financiero
La orden administrativa exige expresamente a las compañías la entrega inmediata de los soportes de transferencia para validar los despachos de carburante JET A1 —empleado por las aerolíneas internacionales—, así como de las variantes MGO e IFO 380, utilizadas habitualmente en el transporte marítimo.
Las aerolíneas internacionales consultadas por el medio citado interpretan el dictamen como una intervención directa y total sobre el manejo de los recursos estratégicos del país sudamericano.
El origen de este rígido procedimiento financiero responde a las condiciones impuestas por la Casa Blanca a principios de año.
Durante una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos en enero de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló la naturaleza del compromiso pactado con Delcy Rodríguez, acordado pocos días después de la captura del dictador Nicolás Maduro a manos de un contingente militar estadounidense.
Bajo las estipulaciones de este pacto, la administración Trump consiente la comercialización de los hidrocarburos previamente sancionados a precios competitivos de mercado —bloqueando los severos descuentos comerciales que habitualmente recibía la República Popular China—, pero con la condición mandatoria de depositar el capital resultante en cuentas bajo estricta supervisión de Washington.
"A cambio, los fondos se depositarán en una cuenta que supervisaremos y ellos gastarán ese dinero en beneficio del pueblo venezolano", puntualizó Rubio en dicha sesión legislativa.
Blindaje legal contra acreedores y control de destino
El andamiaje legal de esta medida de control de capitales se remite a la orden ejecutiva promulgada por el presidente Donald Trump el pasado 9 de enero.
El decreto federal estableció la constitución de los denominados "Fondos de depósitos de gobiernos extranjeros", diseñados explícitamente para almacenar y fiscalizar cualquier ingreso derivado de las exportaciones de los recursos naturales propiedad de las entidades gubernamentales de Venezuela.
El decreto detalla de manera estricta las condiciones del depósito:
"Los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela y no son propiedad de ninguna entidad privada, incluidos los acreedores judiciales de Venezuela o de sus organismos o entidades, ni de los agentes comerciales que hayan realizado o estén realizando transacciones comerciales con Venezuela o con sus organismos o entidades".
La orden del Ejecutivo estadounidense declara una situación de "emergencia nacional" que blinda legalmente dichos recursos de posibles embargos, fallos judiciales o ejecuciones promovidas por los acreedores de la deuda soberana del Estado venezolano.
No obstante, la facultad final sobre el uso de este dinero ha sido despojada por completo al aparato burocrático de Caracas. De acuerdo con el marco legal, las finanzas permanecerán retenidas a la espera de que el secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del Gobierno, defina su destino específico con fines estrictamente públicos o diplomáticos.
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