Duro golpe para Trump y el GOP: una jueza prohíbe el cruce de padrones electorales con una base de datos migratorios

Una jueza federal asestó este lunes un duro golpe a las aspiraciones electorales del presidente Donald Trump y los republicanos al prohibirle a la Casa Blanca utilizar una base de datos migratoria renovada para verificar los padrones electorales de los estados. La prohibición llegó a poco más de cuatro meses de unas midterms que prometen ser parejas.

La decisión fue tomada por la jueza de distrito Sparkle Sooknanan, con sede en Washington D. C., quien dio la razón a las organizaciones de defensa del voto y la privacidad que habían impugnado la medida. En un fallo de 75 páginas, la magistrada —designada por el expresidente demócrata Joe Biden— sostuvo que la herramienta modificada se había vuelto menos confiable y amenazaba con excluir a votantes habilitados.

El sistema en cuestión, denominado SAVE, le permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comprobar la ciudadanía y la situación migratoria de una persona. El año pasado, la agencia lo reconfiguró para que las autoridades estatales y locales pudieran consultarlo con mayor facilidad y confirmar así que quienes figuran en los padrones fueran ciudadanos estadounidenses. Esa renovación habilitó búsquedas masivas de registros y abrió el acceso a los números de Seguro Social de los ciudadanos, un punto que la jueza consideró violatorio de las leyes de privacidad vigentes.

“El Gobierno federal ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, escribió Sooknanan. “Este tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurre”.

El DHS no dudó rechazar el fallo. Su asesor jurídico principal, James Percival, ironizó en un comunicado sobre el empeño de la izquierda “por impedir que resolvamos problemas que ellos insisten en que no existen” y enmarcó la resolución como un nuevo obstáculo a los intentos del Gobierno por frenar el voto de extranjeros

El revés se suma a una racha de derrotas judiciales para la Casa Blanca en esta materia. Tres jueces federales ya bloquearon, en causas separadas, la orden ejecutiva de 2025 que exigía pruebas de ciudadanía para inscribirse como votante y limitaba el conteo de boletas por correo. Otra orden de marzo de 2026 sobre el voto postal también enfrenta impugnaciones, y los tribunales desestimaron nueve de las demandas que la Administración presentó contra 30 estados y el Distrito de Columbia que se negaron a entregar sus padrones completos.

Las elecciones federales son administradas por cada estado. Trump y sus aliados sostienen desde hace años que las autoridades estatales no hacen lo suficiente contra el fraude electoral, mientras que los demócratas y críticas sostienen que las acusaciones son exageradas o falsas.

Las consecuencias del cruce de datos ya se sienten sobre el terreno. Desde la renovación de SAVE, varios estados gobernados por republicanos compararon sus listas con la base de datos y anularon inscripciones de votantes señalados como no ciudadanos. La Liga de Mujeres Votantes, una de las organizaciones demandantes, advirtió que el sistema puede estar desactualizado y termina marcando como extranjeros a inmigrantes ya naturalizados, con derecho pleno a sufragar.