Lo que realmente dice la hoja de ruta de Gaza

El 30 de julio, el presidente de EEUU, Donald J. Trump anunció que su Consejo de Paz había alcanzado un acuerdo para el desarme de Hamás y de todos los demás grupos armados de Gaza. La hoja de ruta de 15 puntos publicada a la mañana siguiente prometía el traspaso del gobierno al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), un Comité Internacional de Verificación y una retirada israelí por fases de Gaza vinculada a avances contrastados.

La fórmula rectora de la hoja de ruta no podía ser más categórica: "Una autoridad, una ley, un arma". Gaza dejaría de ser un territorio en el que ministerios, batallones terroristas, redes de clanes y patrocinadores extranjeros compiten bajo la ficción de un Gobierno palestino.

Todo gira entonces en torno a una pregunta que el anuncio dejó sin respuesta: ¿Ha aceptado Hamás entregar el poder y el armamento que lo han definido durante décadas, o solo cambiarles la etiqueta?

El texto merece una lectura detenida. Su cláusula central de seguridad compromete a las partes a un "proceso de desmantelamiento y almacenamiento de armas pesadas, instalaciones de producción militar, depósitos de armas y túneles". Sin embargo, el almacenamiento no es sinónimo de destrucción, y la misma cláusula de la hoja de ruta designa al custodio: el nuevo NCAG palestino, y "no se transferirán ni entregarán armas a Israel ni a partes no palestinas". ¿Qué podría salir mal?

Cuando finalice el proceso, solo el NCAG —el palestino— estará autorizado a poseer y controlar armas en la Franja de Gaza.

Israel siempre ha exigido la desmilitarización, es decir, la retirada de todas las armas de Gaza. Lo que prescribe esta hoja de ruta es un cambio de custodia dentro de Gaza, certificado por un organismo que aún no existe y aplicado por una Fuerza de Seguridad Interna (ISF) que apenas acaba de llegar.

La hoja de ruta también recoge en su primer artículo el objetivo de "facilitar el inicio de una vía política creíble que permita alcanzar la autodeterminación y la condición de Estado", la recompensa por el terrorismo que Hamás lleva exigiendo desde hace una generación.

La disputa sobre la secuencia surge inmediatamente a continuación. El alto cargo de Hamás, Ghazi Hamad —quien ha prometió que el grupo terrorista repetirá el ataque del 7 de octubre una y otra vez hasta que Israel sea aniquilado — condicionó el almacenamiento de armas a la retirada israelí, la entrada de la NCAG y el desmantelamiento de las milicias de los clanes que Israel ha armado.

Jerusalén invierte el orden. La Oficina del Primer Ministro rechazó la propuesta por considerar que no alcanzaba una desmilitarización total, y los responsables israelíes reiteraron su oposición a cualquier retirada de la "línea amarilla" de demarcación de seguridad antes de que se complete y verifique el desarme.

Por su parte, la Junta de Paz ya se ha rechazado hacer cumplir las obligaciones de Israel en materia de alto el fuego mientras Hamás se niegue a firmar.

Hamás lleva casi cuatro décadas convirtiendo las treguas en arsenales.

Israel retiró a todos sus soldados y expulsó a todos los residentes judíos de la Franja de Gaza en 2005, y lo que ha crecido allí desde entonces es una maquinaria bélica patrocinada por Irán: cohetes, una vasta red de túneles terroristas, fábricas de armas encajadas en barrios superpoblados y un sistema educativo que enseña a los niños que el terrorismo es una profesión.

Llegaron miles de millones de dólares en ayuda internacional, destinados a viviendas, clínicas y empleo. En cambio, los fondos se utilizaron para fabricar armamento y construir un ejército subterráneo que abarca al menos 350 millas de túneles del terror con 5.700 pozos de acceso, y centros de mando dentro y debajo de hospitales. El 7 de octubre de 2023 fue el momento en que se obtuvo el rendimiento de esa inversión.

Una organización terrorista que desvió hormigón destinado a los túneles, fondos de ayuda internacional para el refuerzo militar y aprovecha los alto el fuego para rearmarse no se ha ganado la presunción de buena fe. Esta hoja de ruta la concede de todos modos y añade una oferta de amnistía para quienes entreguen sus armas.

Esa presunción resulta aún más difícil de defender teniendo en cuenta lo que Hamás ha hecho precisamente durante este alto el fuego. Los servicios de inteligencia militar israelíes estima que Hamás ha reestructurado sus fuerzas hasta alcanzar unos 27 000 hombres en armas, mientras que el movimiento sigue pagando salarios mensuales a unos 49 000 funcionarios, gestionando 13 municipios y los ministerios de Economía, Educación, Sanidad y Bienestar Social, recaudando impuestos sobre el comercio y desviando fondos de la ayuda internacional. Sigue gobernando aproximadamente el el 40 % de la Franja de Gaza, la zona donde vive la mayor parte de la población.

La cláusula de "Seguridad" de la hoja de ruta pone de manifiesto cómo es probable que el sistema fracase:

"El personal policial recién formado se incorporará a las estructuras policiales existentes. Todo el personal policial se someterá a un exhaustivo proceso de selección. A quienes no cumplan los criterios exigidos en dicho proceso se les ofrecerán puestos civiles alternativos acordes con su experiencia previa o se les permitirá jubilarse de conformidad con la legislación palestina. A ninguno de ellos se le privará de sus derechos económicos, en particular por motivos de afiliación política".

Funcionarios estadounidenses informan a los periodistas confirmaron que los "policías" en activo de Hamás podrán formar parte de la nueva fuerza. El artículo que regula las milicias de clanes apoyadas por Israel que se oponen a Hamás está redactado con un tono totalmente diferente: "Los miembros de esas milicias no serán integrados en los servicios de seguridad y policía". Los clanes que lucharon contra Hamás quedan excluidos. Al propio Hamás simplemente se le somete a un proceso de "investigación", se le reasigna y se le mantiene en nómina.

La verificación recae en instituciones que apenas funcionan. El Comité Internacional de Verificación se constituirá a partir de los Estados garantes, la Junta de Paz y la ISF. El Consejo de Ministros de Israel aprobó un contingente inicial de 200 soldados procedentes de Marruecos, Kosovo, Albania y Kazajistán, frente a los 5.000 prometidos, de los cuales solo un puñado ha llegado a la región. Certificar la desmilitarización de un territorio en el que se encuentran 27 000 terroristas de Hamás entrenados y fuertemente armados no es una misión para un proyecto piloto del tamaño de una compañía.

Por encima de esa fuerza se encuentra un Consejo Ejecutivo de Gaza en el que Turquía y Catar ocupan puestos, dos gobiernos cuya utilidad para Washington se deriva precisamente de su acceso a Hamás. Catar, el mecenas de Hamás, ha sido invitado a certificar el desarme de su cliente.

"Qatar encabeza la lista de países que financian el terrorismo en todo el mundo... Incluso más que Irán", según Udi Levy, un antiguo alto cargo de la agencia de espionaje israelí Mossad que se ocupó de la guerra económica contra organizaciones terroristas.

Lo más probable es que Catar considere que su única misión en Gaza es garantizar que Hamás siga armado y en el poder para impulsar la agenda de los Hermanos Musulmanes, de los que Hamás es la rama palestina, en gran parte gracias a la financiación de Catar.

Qatar, por supuesto, a través de su imperio mediático Al Jazeera, es el principal altavoz de los Hermanos Musulmanes en todo Oriente Medio y el sur de Asia.

El lema de los Hermanos Musulmanes es:

"Alá es nuestro objetivo; el Profeta es nuestro líder; el Corán es nuestra ley; la yihad es nuestro camino; morir en el camino de Alá es nuestra mayor esperanza".

Frente a esta estructura, Israel cuenta con el único instrumento que ha logrado generar algún tipo de avance. En el marco del plan de paz de septiembre de 2025, el ejército israelí se replegó hasta una línea que le permitía controlar aproximadamente el 53 % de Gaza, y desde entonces ha avanzado hasta alrededor del 60 %. Esa presencia es la razón por la que Hamás firmó cualquier acuerdo. Cambiarla por un calendario de "certificaciones" supondría repetir el error más antiguo de la diplomacia de Oriente Medio: una concesión israelí irreversible a cambio de una promesa palestina reversible.

Las inspecciones pueden posponerse, los inventarios pueden ser objeto de controversia, los túneles pueden ocultarse y pueden fabricarse crisis en torno a los convoyes de ayuda. Para cuando el engaño sea innegable, los soldados israelíes estarían luchando para recuperar terreno que ya han conquistado dos veces.

Es necesario respetar algunas partes de la hoja de ruta. Los mediadores en El Cairo insistieron en que el marco no permite excepciones para armas concretas o personas concretas, y que se basa en la reciprocidad más que en la confianza. Los túneles deben ser fotografiados y destruidos o inutilizados, las instalaciones de producción de armas deben ser destruidas —no simplemente precintadas— y todos los cohetes deben ser retirados de Gaza. Las estructuras de mando deben disolverse, y se debe prohibir la presencia de Hamás y la Yihad Islámica en todas las instituciones armadas, incluida la policía; además, cada etapa debe ser confirmada por los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses, en lugar de por un comité con sede en El Cairo. Así es como se traduciría el cumplimiento del acuerdo.

Hasta entonces, los soldados israelíes que mantienen la línea de frente siguen siendo el único mecanismo de verificación con el que cuenta realmente Israel. Deben permanecer donde están.

© Gatestone Institute.