Nueva York: la ley antimascarillas de Hochul contra el ICE no sobrevivió ni un round en la corte

Una jueza federal desarticuló este lunes la controvertida ley que busca que los agentes del ICE operen con la cara destapada y con identificación en Nueva York.

La magistrada Mae D'Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, emitió una medida cautelar preliminar que bloquea esas dos disposiciones mientras continúa el litigio de fondo contra la norma.

El fallo golpea directamente el argumento de que un estado puede fijar sus propias reglas sobre cómo deben verse y actuar los agentes federales dentro de su territorio. D'Agostino determinó que esa pretensión choca contra la Constitución, ya que solo el Gobierno federal tiene autoridad para establecer las políticas que rigen las operaciones del ICE, el FBI, la DEA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Nueva York no puede imponer sus propios requisitos de uniforme a los agentes federales simplemente porque está en desacuerdo con la manera en que el Gobierno federal ejerce su autoridad", sostuvo la jueza en su resolución.

La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, impulsoras de la norma, cuestionaron severamente el fallo. Ambas funcionarias insistieron en que los agentes enmascarados no hacen más segura a la población y adelantaron que su equipo legal ya evalúa los próximos pasos.

"Si bien el tribunal frenó la aplicación de la prohibición de mascarillas de Nueva York, mantenemos firme nuestra postura de que los agentes enmascarados no hacen más segura a Nueva York, y nuestras oficinas están evaluando en este momento todas las opciones legales disponibles", señalaron en un comunicado conjunto.

Sin embargo, no todo fue victoria para el Gobierno federal, ya que D'Agostino dejó en pie otra parte de la ley que impide a las agencias locales de seguridad de Nueva York participar en tareas de control migratorio bajo los llamados acuerdos 287(g). La jueza recordó que esa colaboración es voluntaria según la ley federal, por lo que negarse a participar no equivale a discriminar al Gobierno federal.

Hochul y James celebraron ese punto como una victoria propia y defendieron que los contribuyentes neoyorquinos no tienen por qué financiar la cooperación local con ICE. "Como hemos dicho desde el principio, la prohibición de Nueva York sobre los acuerdos 287(g) es legal y mantendrá seguras a nuestras comunidades. Las fuerzas del orden locales deben concentrarse en asuntos locales, y los contribuyentes de Nueva York no deberían tener que pagar por ninguna colaboración con ICE", indicaron en su declaración.

El fallo se suma a una serie de choques legales entre Washington y gobiernos estatales y locales demócratas por el alcance de las operaciones migratorias, en momentos en que varios estados han intentado imponer restricciones similares a las agencias federales que operan dentro de su territorio.