$11.000 millones en préstamos quedan condonados: la corte falla contra el Departamento de Educación

Una corte de apelaciones le cerró la puerta al Departamento de Educación y ahora la agencia deberá condonar $11.000 millones en préstamos estudiantiles de más de 170.000 personas que denunciaron haber sido víctimas de fraude por parte de sus instituciones educativas.

El fallo, emitido el mes pasado por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, confirmó por unanimidad que el Gobierno no tiene derecho a más tiempo para revisar esos reclamos.

Según reseñó el New York Times, la condonación no responde a una decisión voluntaria de la dependencia, sino a una cláusula automática que ella misma incumplió, ya que el Departamento dejó vencer los plazos que se había comprometido a cumplir para resolver los casos, y esa demora activó la cancelación de las deudas sin necesidad de revisión individual.

La cifra se suma a los casi 300.000 prestatarios que ya habían logrado la condonación de sus préstamos en 2022, cuando el Gobierno —bajo la Administración de Joe Biden— cerró un acuerdo inicial en la demanda colectiva Sweet v. Cardona. Con esta nueva ronda, el total del caso trepa a casi 500.000 personas beneficiadas y $23.000 millones en préstamos cancelados, lo que lo convierte en el mayor acuerdo colectivo registrado en la historia de Estados Unidos.

El origen del problema está en los propios plazos que el Departamento de Educación se comprometió a cumplir. El pacto de 2022 fijó dos fechas límite: el 28 de enero de 2026 para resolver los reclamos de prestatarios que habían asistido a alguna de las más de 150 instituciones señaladas puntualmente en el acuerdo, y el 15 de abril de 2026 para el resto de los casos. La letra chica establecía que, de no cumplirse esos plazos, las deudas quedarían condonadas de manera automática.

El Departamento dejó pasar ambas fechas. A finales de 2025 pidió una prórroga de 18 meses para ponerse al día con la revisión de los expedientes, pero un juez de un tribunal federal de distrito rechazó el pedido antes de que llegara a la instancia de apelación, donde también perdió.

Para Eileen Connor, directora ejecutiva del Project on Predatory Student Lending —la organización que representó a los demandantes—, el caso guarda paralelismos con el acuerdo de 1998 en el que las tabacaleras debieron pagarles a los estados más de $200.000 millones por los costos médicos derivados del tabaquismo.

"El tabaco es un producto tóxico, y muchas veces estas instituciones ofrecen estos préstamos que terminan siendo igual de tóxicos", afirmó Connor al NYT.

Desde el Departamento de Educación, la portavoz Ellen Keast defendió el desempeño de la dependencia. "El Departamento ha cumplido de buena fe con las órdenes judiciales", dijo, y agregó que el tribunal "erró" al no conceder la prórroga solicitada, ya que el acuerdo original "impuso un plazo poco realista".

La demanda que dio origen a todo el proceso se remonta a 2019, cuando un grupo de estudiantes —encabezado por la demandante Theresa Sweet— acusó a decenas de instituciones educativas con fines de lucro de haberlos inscrito mediante publicidad engañosa sobre los ingresos de sus egresados. Aunque la primera Administración Trump había rechazado casi todos los reclamos originales, un juez federal revirtió esas decisiones y calificó el proceso de revisión del Departamento como "perturbadoramente kafkiano".

El fallo de este mes no cierra el problema de fondo. El Departamento de Educación acumulaba más de 463.000 reclamos de defensa del prestatario sin resolver hasta marzo de 2026, de los cuales este acuerdo saldará apenas un tercio. Los prestatarios que se consideren víctimas de fraude aún pueden presentar nuevas solicitudes, aunque los cambios normativos impulsados durante la primera Administración Trump redujeron de forma considerable el alivio disponible para quienes tomaron préstamos federales, o consolidaron los existentes, a partir de 2019.