ANÁLISIS
Cómo la Administración Biden colaboró con activistas proaborto en operativos dirigidos a encarcelar a miembros de grupos provida
Un informe oficial divulgado este martes revela que el Gobierno de Biden coordinó estrechamente con organizaciones abortistas para rastrear, vigilar y procesar a activistas en defensa del no nacido que realizaban protestas pacíficas, utilizando incluso dossiers con datos personales, fotografías de familiares y planes de viaje de personas que aún no habían cometido ningún delito.

Manifestantes provida aplauden a Trump durante la Marcha por la Vida de 2020
Un informe del Departamento de Justicia (DOJ) de casi 900 páginas, basado en más de 700.000 registros internos y divulgado este martes por la Administración Trump, señala que el Gobierno de Joe Biden utilizó información proporcionada por grupos proaborto para rastrear, procesar y vigilar a activistas provida.
Correos electrónicos citados por The Daily Wire muestran que las organizaciones abortistas entregaron al DOJ de Biden "dossiers" que contenían información personal y fotografías de activistas en defensa del no nacido, muchos de los cuales fueron posteriormente arrestados por el FBI.
Estos expedientes incluían datos de personas que todavía no enfrentaban cargos federales, pero que eran consideradas amenazas por su activismo. Bajo la Administración Biden muchos de estos manifestantes contrarios al aborto fueron procesados por protestas pacíficas que consistían en lo que ellos describían como rezar, cantar y sentarse frente a las puertas de clínicas de aborto.
Varios recibieron condenas de años de prisión, y otros esperaban sentencia hasta que el presidente Donald Trump los indultó durante su primera semana en el cargo.
Uso selectivo de la Ley FACE y coordinación con grupos proaborto
El informe documenta cómo el Gobierno de Biden "instrumentalizó" la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE Act), aprobada en 1994 para proteger el acceso a lugares de culto, instituciones religiosas, clínicas de aborto y centros de apoyo al embarazo, aplicándola contra manifestantes contrarios al aborto.
El DOJ atribuye esta estrategia a la decisión de Biden de reactivar la Fuerza Nacional de Tareas sobre Violencia contra Proveedores de Atención Reproductiva tras asumir el cargo. El grupo operaba desde la División de Derechos Civiles bajo la dirección de Sanjay Patel, quien, según reportes, fue destituido el lunes.
En un intercambio de noviembre de 2021, Patel puso en contacto a un agente del FBI con Michelle Davidson, directora de seguridad de la Federación Nacional del Aborto (NAF).
"El director del Grupo de Trabajo mantenía un contacto regular y continuo con organizaciones no gubernamentales (ONG) proaborto y con las clínicas que representaban, pero desatendía a los grupos provida", escribió el DOJ el martes. "Los grupos proaborto aprovecharon su relación con el Grupo de Trabajo para obtener información interna y promover objetivos para la aplicación del FACE Act".
El DOJ indicó que Patel mantenía comunicación frecuente con la NAF, Planned Parenthood y la Feminist Majority Foundation.
Archivos internos y reportes de activistas apuntan a años de monitoreo a provida
Un caso destacado es el de Calvin Zastrow, un cristiano evangélico de Michigan que viaja por el país con su familia realizando evangelismo y activismo provida. Los correos muestran que Zastrow y miembros de su familia fueron señalados al DOJ años antes de ser acusados. Patel incluso pidió información sobre sus desplazamientos, como un viaje a Montana en septiembre de 2021.
"¿Tienes alguna información sobre el viaje de Zastrow y compañía a Montana?" preguntó Patel a Davidson ese mismo mes.
Su hija, Eva Zastrow, apareció en un dossier de 136 páginas compilado por el DOJ sobre asistentes a una conferencia de Operación Salvar América. El documento describía a toda la familia como involucrada en actividades "antielección" y asociada con otros activistas que luego fueron procesados, incluyendo detalles personales como fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, direcciones y descripción física.
"Toda la familia Zastrow participa en actividades antielección y a veces se refieren a sí mismos como el 'Equipo de Avivamiento de Santidad Zastrow'. Varios miembros de la familia Zastrow han sido arrestados anteriormente en instalaciones de atención reproductiva", decía la entrada sobre la joven.
Eva Zastrow fue procesada y condenada en 2024 por violar la ley FACE Act por su participación en presuntos bloqueos frente a clínicas de aborto en Tennessee y Michigan, junto a su padre Calvin y su hermano James. La acusación federal contra el grupo de 11 personas, incluyendo a la familia Zastrow, se presentó en octubre de 2022 por el incidente de Tennessee, donde la Fiscalía alegó que los activistas viajaron con el propósito de bloquear el acceso a la clínica.
El abogado de Eva Edl, una de las acusadas, destacó que el grupo se encontraba allí únicamente "para orar, cantar y adorar", con el objetivo de persuadir a las mujeres que acudían a la clínica para que no siguieran adelante con el aborto.
Otro expediente incluido en las pruebas para el informe fue compilado por la Planned Parenthood Federation of America Global Safety and Security Intelligence and Investigations sobre la Operación Salvar América. El dossier incluía las fotos de múltiples individuos indultados posteriormente por Trump.
El informe también destaca que, mientras se perseguía a los provida con ayuda de grupos abortistas, el Grupo de Trabajo dedicó poco tiempo a investigar ataques contra centros de embarazo en crisis, especialmente tras la filtración de la decisión de la Corte Suprema que derogó Roe v. Wade en mayo de 2022.
Colaboración estrecha entre el DOJ y activistas proaborto
Al mismo tiempo, funcionarios del DOJ de Biden mantuvieron una relación cercana con activistas abortistas y accedieron a ayudarlos en solicitudes de subvenciones. En un correo de octubre de 2023, la funcionaria Paige Fitzgerald describió la relación con la NAF como una colaboración de "décadas", caracterizada por un flujo de información "unidireccional" en el que la organización era "respetuosa, cooperativa y frecuentemente muy útil".
"Hemos trabajado con NAF durante décadas. NAF remite regularmente posibles violaciones de la FACE Act y otras amenazas contra los proveedores de salud reproductiva, nos ayuda a coordinar con clínicas y personal, nos informa sobre eventos próximos que podrían generar preocupaciones de seguridad para que podamos notificar al FBI y al USMS, etc. Como son ONG, pueden buscar información en internet de maneras en que nosotros no podemos, y nos han compartido pistas, entre otras cosas".
Un acuerdo millonario tras un operativo federal cuestionado
El caso se remonta a 2022, cuando agentes federales fuertemente armados allanaron su residencia tras una confrontación en la que Houck intervino para proteger a su hijo pequeño de un acompañante de pacientes de aborto que, según él, se comportó de forma agresiva. A pesar de haber ofrecido cooperar con las autoridades, Houck fue arrestado a punta de pistola frente a su esposa e hijos.
El DOJ de Biden acusó a Houck en virtud de la FACE Act, exponiéndolo a una pena de hasta 11 años de prisión federal. Sin embargo, en enero de 2023, un jurado federal lo absolvió de todos los cargos tras solo una hora de deliberación.