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El Departamento de Justicia demanda a cuatro estados por negar matrículas confidenciales a agentes federales

Las acciones judiciales se producen después de que los cuatro estados rechazaran revocar dichas políticas, pese a haber recibido comunicaciones formales del Departamento de Justicia explicando su presunta ilegalidad.

Agentes de ICE en Newark, Nueva Jersey/ Kena Betancur

Agentes de ICE en Newark, Nueva Jersey/ Kena BetancurAFP.

Williams Perdomo
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El Departamento de Justicia presentó este miércoles demandas contra los estados de Maine, Washington, Oregón y Massachusetts por mantener políticas que, según el Gobierno federal, violan la Constitución al negar matrículas confidenciales a agentes federales.

Las acciones judiciales se producen después de que los cuatro estados rechazaran revocar dichas políticas, pese a haber recibido comunicaciones formales del Departamento de Justicia explicando su presunta ilegalidad.

De acuerdo con las demandas, estas restricciones no solo son inconstitucionales, sino que también ponen en riesgo la seguridad y la eficacia operativa de los agentes federales, quienes han enfrentado un aumento de episodios de acoso dirigido. El Departamento sostiene que impedir el uso de matrículas confidenciales facilita que individuos peligrosos identifiquen, rastreen y evadan a las fuerzas del orden.

“El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas legales disponibles para respaldar a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche. “Los agentes arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguros a los estadounidenses y deben poder desempeñar sus funciones de manera eficaz. Al negar matrículas encubiertas a componentes del Departamento de Seguridad Nacional, incluido ICE, mientras sí las conceden a sus propias agencias estatales, estos gobernadores están aplicando políticas discriminatorias y obstruccionistas contra las fuerzas federales”.

Blanche añadió que estas medidas “socavan la aplicación de las leyes federales de inmigración, permiten que criminales peligrosos evadan la justicia y aterrorizan a las comunidades estadounidenses”.

Por su parte, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó que la institución “protegerá firmemente la eficacia operativa y la seguridad de las fuerzas del orden frente a estas políticas estatales inconstitucionales”.

Mano dura contra políticas que dificulten operaciones federales legítimas

El Departamento recordó además que el fiscal general interino instruyó recientemente a la División Civil para identificar leyes, políticas y prácticas estatales y locales que faciliten violaciones de leyes federales o dificulten operaciones federales legítimas.

Estas demandas forman parte de una serie de acciones judiciales impulsadas por la División Civil contra políticas que, según el gobierno federal, buscan obstaculizar la actuación de las fuerzas de seguridad federales en distintos puntos del país.

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