Un juez ordena a la Administración Trump permitir el regreso de venezolanos deportados a El Salvador
Los demandantes forman parte de un grupo de migrantes que fueron deportados en marzo a una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
James Boasberg durante un evento en Washington DC/ Drew Angerer
El juez federal James Boasberg ordenó este lunes a la Administración del presidente Donald Trump permitir el regreso a Estados Unidos de un grupo de hombres venezolanos deportados a principios de año, con el fin de que puedan impugnar legalmente las acusaciones que motivaron su expulsión.
Los demandantes forman parte de un grupo de migrantes que fueron deportados en marzo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (AEA), tras ser señalados por el Gobierno estadounidense como presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua.
En junio, Boasberg ya había determinado que los afectados tenían derecho a impugnar dichas acusaciones.
Desde entonces, varios tribunales federales han concluido que cientos de deportaciones realizadas bajo esta normativa fueron ilegales, al no haberse garantizado el debido proceso, incluso en el marco de la AEA, según reportó The Hill.
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En su fallo, Boasberg sostuvo que la única forma de hacer efectiva la resolución judicial es revertir los efectos de las deportaciones ilegales.
"El Tribunal considera que el único recurso que daría efecto a la concesión de la Moción de los Demandantes sería ordenar al Gobierno que anule los efectos de su deportación ilegal y les brinde una oportunidad significativa para impugnar su designación", escribió el magistrado.
El juez advirtió además que permitir deportaciones aceleradas sin revisión judicial dejaría sin sentido cualquier alivio legal.
El fallo otorga a la Administración Trump hasta el 5 de enero de 2026 para asegurar el regreso al país de más de 100 hombres venezolanos.
En julio, el Gobierno devolvió a Venezuela a 252 migrantes que habían estado detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador; de ese total, 137 forman parte de la demanda colectiva que impugna las deportaciones.
La tensa relación entre Boasberg y Trump
El conflicto se centra principalmente en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma histórica que la administración Trump invocó para deportar de manera expedita a inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Boasberg fue el juez que primero bloqueó estas deportaciones, al considerar que, incluso bajo esa ley excepcional, el gobierno estaba obligado a garantizar el debido proceso de revisión de los casos. En marzo de 2025, el magistrado emitió órdenes de emergencia para frenar vuelos de deportación y permitir que los migrantes impugnaran las acusaciones en tribunales estadounidenses. Estas decisiones colocaron al juez directamente en contra de la estrategia migratoria de línea dura promovida por Trump.
La tensión escaló cuando la administración continuó con las expulsiones pese a las advertencias judiciales. Boasberg llegó a sostener que existía "causa probable" de desacato contra funcionarios del Ejecutivo por ignorar sus órdenes, una acusación extremadamente inusual contra un gobierno federal.
Donald Trump respondió con ataques públicos directos contra el juez, acusándolo de extralimitarse en sus funciones y de interferir con decisiones de seguridad nacional.
Además del plano político, el conflicto se trasladó al ámbito institucional. El Departamento de Justicia presentó una queja por presunta mala conducta contra Boasberg, argumentando que había hecho comentarios impropios y que sus órdenes afectaban prerrogativas exclusivas del Ejecutivo.
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