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Tensión entre Trump y el jefe de la Corte Suprema por el juez que suspendió expulsión de inmigrantes

El juez Boasberg pidió concretamente que se detuviera la operación que envió a El Salvador a más de 200 inmigrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13.

Migrantes deportados a El Salvador

Migrantes deportados a El SalvadorAFP.

Diane Hernández
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes destituir al juez que ordenó suspender la expulsión de inmigrantes bajo la “Ley de Enemigos Extranjeros”. Las declaraciones del mandatario tuvieron como respuesta una reprimenda inusual del jefe de la Corte Suprema.

"Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!", afirmó el republicano en su plataforma Truth Social.

El "lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por (el expresidente demócrata) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente", subrayó Trump refiriéndose al magistrado federal de Washington James Boasberg.

"Solo hago lo que los votantes querían que hiciera" porque "la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno" de la victoria electoral de noviembre, escribió el mandatario usando mayúsculas en la plataforma digital.

Boasberg ordenó suspender durante 14 días la expulsión de inmigrantes

El sábado, el magistrado Boasberg ordenó suspender durante 14 días la expulsión de inmigrantes en virtud de la Ley de enemigos extranjeros de 1798, activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hasta ahora, solo se había usado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

El juez pidió concretamente que se parara una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 inmigrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambas declaradas recientemente organizaciones "terroristas" globales por el Departamento de Estado.

La administración siguió adelante con las deportaciones. Los funcionarios alegaron que los deportados ya habían partido de Estados Unidos cuando se emitió por escrito la orden que lo prohibía, y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.

Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien, según The Telegraph y otros medios, pidió al gobierno una respuesta este martes. El Departamento de Justicia respondió que "el Gobierno no puede, ni podrá, verse obligado a responder a preguntas delicadas de seguridad nacional". 

Reprimenda de la Corte Suprema

No es la primera vez que Donald Trump se enfrenta al poder judicial, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez, lo que le ha valido una llamada de atención del jefe de la Corte Suprema, John Roberts.

"Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial", afirmó en un comunicado el máximo legislador.

El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a ocurrir.

El juez James Boasberg y sus tropiezos con Trump

Esta no es la primera vez que Boasberg, de 62 años, se enfrenta al presidente por temas de inmigración y otras cuestiones relacionadas con medio ambiente y ciudadanía.

En marzo de 2020, el juez instó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a liberar a los inmigrantes retenidos en centros de detención durante la pandemia de Covid, citando el riesgo inminente de un brote durante el confinamiento.

El mismo magistrado enfureció a los conservadores años atrás al impedir que Arkansas y Kentucky impusieran un requisito de trabajo para los beneficiarios de Medicaid.

James Boasberg también se puso anteriormente del lado de los conservacionistas al exigir que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército realizara una revisión ambiental del oleoducto Dakota Access.

Igual se le recuerda por respaldar a los activistas que querían proteger a la ballena franca en peligro de extinción de la amenaza que, según ellos, representaba la industria pesquera de langosta.

Sin embargo, el mismo juez que ahora intentó bloquear la deportación de 200 presuntos criminales venezolanos por parte de Trump, anteriormente libró de la cárcel a un abogado del Russiagate.

Boasberg fue quien evitó la prisión a Kevin Clinesmith, ex abogado del FBI, después de que fuera declarado culpable de falsificación durante la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Trump: "No queremos criminales"

"No queremos criminales despiadados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trastornados, en nuestro país", recalcó este martes el mandatario estadounidense.

En su batalla contra la inmigración irregular ha sumado apoyos, como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Washington le pagó "aproximadamente seis millones de dólares" para que detenga a los inmigrantes expulsados, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una miseria según ella "en comparación con el costo de vida que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas en prisiones de máxima seguridad" en Estados Unidos.

De acuerdo a los medios oficiales, llegaron a El Salvador 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, que fueron trasladados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?

La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), creada en 1798, le da las facultades al presidente de EEUU para detener y deportar a extranjeros en caso de guerra declarada o de una “invasión” o “incursión depredadora”, según la revista independiente estadounidense Just Security.

Puntualmente, la ley le permite perseguir a todos los “nativos, ciudadanos, residentes o súbditos” de la nación o Gobierno hostil, explica el medio especializado en política y justicia estadounidense.

Asimismo, indica que el recurso no distingue entre extranjeros que se encuentran regularizados en Estados Unidos y foráneos con estatus legal establecido, ni tampoco entre extranjeros “leales y desleales”. 

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