Un tribunal de apelaciones dictamina que el juez federal Boasberg se “excedió” en sus funciones en el fallo por detener vuelos de deportación

En una decisión significativa, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló este viernes, por una votación de 2-1, la orden de desacato emitida por el juez federal James Boasberg contra funcionarios de la Administración de Donald Trump. 

El fallo desestima la determinación de Boasberg de que existía causa probable para acusar a los funcionarios de desacato penal por desobedecer su orden judicial de detener vuelos de deportación de presuntos pandilleros venezolanos con destino a El Salvador, bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros. 

El panel de apelaciones, compuesto por los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, ambos designados por el presidente Donald Trump, y la jueza Cornelia Pillard, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, dictaminó que Boasberg excedió su autoridad al intentar sancionar a los funcionarios. 

En la opinión mayoritaria, la jueza Rao argumentó que la orden de desacato de Boasberg representaba una intromisión injustificada en las prerrogativas del Ejecutivo, obligando a la Administración a elegir entre “capitular ante una orden judicial ilegal” o exponer a sus funcionarios a un “procesamiento dudoso”. 

Además, escribió que Boasberg se había “excedido en la autoridad del tribunal” y había abusado de su discreción como juez.

Por su parte, la jueza Pillard emitió una opinión disidente, elogiando la “serenidad inquebrantable” de Boasberg frente a lo que describió como “demora, evasión y absoluto desprecio” por la autoridad judicial. Pillard criticó a la mayoría por “hacer un grave flaco favor a un juez ejemplar” al frustrar sus esfuerzos por defender la integridad del poder judicial. En su opinión, la decisión de la mayoría debilita la capacidad de los tribunales para garantizar el cumplimiento de sus órdenes, especialmente en casos de alta relevancia política.

Orígenes del caso

El caso tiene su origen en marzo de este año, cuando Boasberg ordenó a la Administración Trump detener los vuelos de deportación de presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión en El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa raramente utilizada. Boasberg emitió esta orden durante una audiencia de emergencia convocada un sábado, en respuesta a una demanda que cuestionaba la legalidad de las deportaciones. 

Aunque la Corte Suprema anuló la orden en abril, argumentando que Boasberg siguió un proceso legal incorrecto, el juez continuó adelante con un proceso de desacato, acusando a la Administración de ignorar deliberadamente su mandato inicial.