Al sur del Orinoco, las bandas criminales siguen controlando el oro que las empresas estadounidenses quieren comprarle al régimen de Rodríguez

Mientras los venezolanos esperan con ansias que la transición política tras la captura del exdictador Nicolás Maduro llegue a buen puerto, diversas empresas estadounidenses del área energética ya evalúan sus próximos pasos para invertir en Venezuela, un país que, además de contar con las mayores reservas petroleras del mundo, también posee masivas riquezas en minerales estratégicos, incluyendo oro y diamante en la ya reconocida zona del Arco Minero del Orinoco, instalada entre los estados Bolívar, Amazonas y una pequeña porción de Delta Amacuro. En términos legislativos, el asunto parece sencillísimo. El mes pasado, según recogió The Atlantic, el secretario del Interior Doug Burgum reveló en una conferencia petrolera que la dictadora interina venezolana, Delcy Rodríguez, y su hermano, Jorge Rodríguez, líder del Congreso del país sudamericano, le prometieron sin vacilaciones una legislación a medida para modernizar la industria minera venezolana. La conversación, según el miembro de gabinete del presidente Donald Trump, fue irrisoriamente sencilla.

"Delcy les dijo a los ejecutivos estadounidenses: 'Bueno, díganos qué quieren en la ley. La presentamos el sábado'", relató Burgum. "Entonces toman las sugerencias. Se presenta. Su hermano es el presidente del Senado. Le pregunté: '¿La ley va a pasar?'. Y tuvo una respuesta corta: 'Sí'".

Aunado al relato de Burgum, los antecedentes demuestran el nivel de presión que hoy ejerce Washington sobre el régimen de Rodríguez. En marzo, las autoridades chavistas se encontraban negociando con altos funcionarios estadounidenses la venta de hasta una tonelada de oro para el mercado estadounidense. Después de las conversaciones, Washington aprobó la venta de oro venezolano. A principios de mayo, la firma estadounidense Heeney Capital y la suiza Mercuria firmaron con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) "un memorando de entendimiento en materia de minería" ante funcionarios estadounidenses y venezolanos en Caracas.

Así de simple y así de rápido están moviéndose los negocios energéticos en Venezuela tras la caída de Maduro. Las leyes se aprueban en velocidad récord, los entendimientos lucen ágiles y las ventas del oro ya no están vetadas por las sanciones de Washington. Sin embargo, mientras los empresarios y políticos estrechan manos y afinan detalles de acuerdos, en el Arco Minero del Orinoco, allá por Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, las cosas no han cambiado mucho, y eso, aunque hoy no afecte las relaciones entre las grandes empresas energéticas estadounidenses y las autoridades interinas chavistas, pronto podría cambiar.

Una ley que no llega a los que gobiernan en el monte

El domingo 17 de mayo, por la tarde, Ángel Sandoval Kuniche, un indígena de la etnia mapoyo de 34 años, caminaba cerca de los conucos de su comunidad, Palomo, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. Tuvo la pésima fortuna de pisar una mina antipersonal. El explosivo le destruyó la pierna derecha, provocando su pérdida. Fue trasladado de urgencia a Ciudad Bolívar, la capital de ese estado. Según denunció el periodista venezolano Fritz Sánchez, quien lleva años documentando la actividad extractivista al sur del Orinoco y conversó con VOZ para este reportaje, el cacique de la comunidad, Simón Bastidas, ya había advertido a los militares destacados en los Pijiguaos sobre la presencia de minas en la zona, sembradas —según la denuncia— por grupos guerrilleros colombianos que operan en el sur de Cedeño.

Esta situación, que es habitual en la zona, ocurrió a más de 600 kilómetros de Caracas, donde se firman memorandos ante las cámaras de la televisión estatal y se aprueban leyes mineras en cuestión de días. La situación de salud de este hombre mapoyo es el recordatorio de que el territorio minero, brutalmente rico, en el que las empresas estadounidenses están poniendo esperanzas de explotación, aún no se gobierna desde Miraflores, en el Congreso o a distancia. Se gobierna, todavía, a punta de “plomo, vacuna y, en algunos rincones, minas antipersonales”, atizó Sánchez.

En definitiva, esa es la grieta que separa el, por ahora, poco sólido marco legal de la realidad del monte. Y no es una novedad.

El Callao: anatomía de un sistema violento y depredador

Quizás en Washington es complejo entender por qué una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional no cambia el juego en el terreno. Para ello hay que adentrarse en El Callao, el histórico epicentro de la minería aurífera venezolana, en el corazón de Bolívar. Allí los cigarrillos, las cervezas, el agua y todo producto para consumo o supervivencia no se cotiza y paga en gramas de oro.

Raimundo —un nombre ficticio para proteger su identidad— es un minero "cutío" con décadas en las minas de El Callao. Según relata, el quiebre de violencia en la ciudad llegó en 2015, con la irrupción del infame Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que extendió sus tentáculos por todo el país sudamericano y luego atravesó fronteras por toda la región hasta llegar a EEUU, donde finalmente el grupo se ganó la designación organización terrorista.

"Desde 2015 la situación cambió con la llegada del Tren de Aragua a las minas de El Callao. Para ese entonces, ‘Toto’, ‘Sacarías’ y ‘Barracuda’ eran los jefes e impusieron su ley a plomo", recordó Raimundo. "Fueron tiempos de miedo e incertidumbre porque el cobro de vacuna no era fijo, pero nadie se negaba a pagar porque ellos eran la ley". En aquel momento, asegura, la banda "todavía no estaba cuadrada con el gobierno".

“La vacuna” en Venezuela es la metodología de extorsión contra negocios o familias que usan las bandas criminales para imponer su ley en ciudades, zonas o pueblos donde el Estado no controla o no quiere entrar, ya sea por complicidad o por falta de voluntad. Ocurre, también, en las ciudades de México donde el narcotráfico está tan instalado que las instituciones pasan a jugar en un rol secundario. En las zonas mineras del Arco Minero y en muchos barrios peligrosos de Venezuela la vacuna es, desafortunadamente, una institución.

La reconfiguración del sistema criminal minero vino después, con la llegada de otros grupos criminales que querían apoderarse de la zona. La necesidad de controlar una producción aurífera ilegal en expansión, la crisis humanitaria que empujó a miles de venezolanos a “buscar suerte” hacia las minas a partir de 2018 y las sanciones internacionales contra el régimen venezolano reubicaron las piezas en el tablero criminal. Según el testimonio de Raimundo, con el nombramiento de Carlos Osorio como presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en 2019 entró al Callao el Tren de Guayana, y comenzó un enfrentamiento entre bandas que terminó con la vida de Toto y su grupo. Para finales de 2021, toda la región habría quedado bajo el mando de Ronny, alias "Matón", del Tren de Guayana.

Lo que vino luego, según las fuentes consultadas por Sánchez y compartidas con VOZ, fue un pacto: orden a cambio de dinero. Se convocó a mineros, molineros, comerciantes y compradores de oro y se les ofreció una reducción de la violencia estructural a cambio de un sistema fijo de "contribuciones" al Tren de Guayana, además de garantías de continuidad para la minería informal e ilegal. La tarifa, dicen, sigue vigente, de diez gramos de oro mensuales por cada molino.

El esquema está bien pensado para los que cobran vacunas. Del procesamiento del mineral en los molinos quedan arenas auríferas, un subproducto que se envía a empresas recuperadoras concentradas en el sector Nacupay. Esas recuperadoras se quedan con el 80% del oro recuperado y devuelven el 20% al molino que llevó el material; de ese 20%, una porción vuelve a salir como contribución al Tren de Guayana. Un extrabajador de esas recuperadoras, que pidió resguardar su identidad por temor a represalias, denunció una organización paraestatal que cobra en cada eslabón del proceso de extractivismo aurífero.

Las cifras que maneja esa estructura son, según el mismo extrabajador, jugosas. En el sector El Perú habría alrededor de 3.500 molinos; en Nacupay, al menos 1.200; en La Ramona, aproximadamente otros 1.800. A eso se suma la venta de mercurio —prohibido por ley en Venezuela desde 2016, mediante el Decreto N.º 2.412— cuyo "proveedor" exclusivo sería, según la fuente, el propio Tren de Guayana, a razón de doce gramos de oro por kilogramo de ese metal líquido. El extrabajador estima que el volumen de oro que mueve mensualmente la organización en estos sectores se cuenta por cientos de kilos de oro. Si bien es prácticamente imposible verificar de forma independiente los datos, la cantidad de molinos y las vastas reservas minerales preciosas en la zona dan una idea del negocio gigante que ninguna ley ha podido tocar todavía.

El extrabajador detalla que el control del negocio es territorial y nominal. "El Perú, por ser más grande, está dividido en tres partes", dice. Desde Las Palmas hasta La Gallera manda una persona; desde La Gallera hasta Finlandia, otra; desde Finlandia hasta Caratal, un tercero. Cada tramo tiene su responsable y "de esta forma, todo está controlado". No hay grama de oro que no sea pagada a los que mandan.

"Legalizar la ilegalidad"

Sobre esa estructura criminal, la CVM construyó una figura administrativa: las ya conocidas "Alianzas Estratégicas". En teoría, son un mecanismo de formalización que reagrupa a los molineros bajo un paraguas legal. En la práctica, según ambientalistas, activistas y trabajadores del sector que denuncian anónimamente por el peligro que representa alzar la voz, son un barniz.

"Eso ha sido legalizar la ilegalidad", dijo el extrabajador consultado. "Los trabajadores no tienen formalidad laboral, no hay implementos de seguridad, ni estudios de impacto ambiental, ni planes de cierre de minas o remediación ambiental. Solo es un barniz de control y pago de vacunas a la CVM y al Tren de Guayana".

Básicamente, en la práctica misma entidad del régimen de Rodríguez que se encarga de negociar con las empresas estadounidenses la venta del oro venezolano es la que, sobre el terreno, opera un sistema de cobros (extorsión) que convive con el de las bandas criminales en la zona.

El oficio de los quince gramos

A finales de abril, mientras las delegaciones de inversionistas eran recibidas con bombos y platillos en Miraflores, en El Callao circulaba un documento mucho menos glamoroso: la Notificación N.º CVM GF-PM032.04/2026, del Sector El Callao, fechada el 28 de abril de 2026 y firmada por el abogado Luice D. Álvarez H., identificado como Gerente General Región Bolívar de la Corporación Venezolana de Minería.

El oficio, dirigido a un comerciante de oro, invoca el "Plan de Reordenamiento y Formalización de la Actividad Aurífera en el Estado Bolívar y la Guayana Esequiba" y le comunica que, para "ingresar al sistema de control y trazabilidad oficial", debe cumplir con una cuota de sostenimiento operativo obligatoria de quince gramos (15 gr) de oro mensuales, mayor que “la vacuna” que cobra el Tren de Guayana. A cambio, el Estado venezolano promete un "Certificado de Registro de Comerciante de Minerales" que le otorgaría "reconocimiento legal ante las autoridades de seguridad y resguardo minero" y "protección contra medidas de clausura". El mineral debe entregarse en días fijos de cada mes.

¿La consecuencia de no pagar? La clausura inmediata del local y el decomiso del mineral.

Se trata, en resumidas cuentas, de un cobro estatal en oro, mensual y obligatorio, como condición para operar “legalmente”. La palabra "trazabilidad" aparece en el papel justo al lado de la exigencia de quince gramos. La petición generó indignación entre los comerciantes.

El 20 de abril, los Compradores de Oro de Guasipati introdujeron un "Recurso de Impugnación de Cobro Impositivo" dirigido a la CVM. En el documento —recibido con sello oficial el 30 de abril— rechazan el cobro con cuatro argumentos: falta de consulta pública, doble tributación (“el nuevo cobro se solapa con impuestos municipales y nacionales” que ya pagan), impacto económico (la presión incentiva la informalidad y desvía el comercio hacia fuera de Guasipati) y carencia de base legal. Piden la suspensión inmediata del cobro y una mesa de diálogo. El recurso lleva el sello del gremio y la firma de decenas de comerciantes afectados.

Uno de esos compradores denuncia que la CVM ya controla las zonas mineras de la mano del Tren de Guayana, y ahora pretende controlar también la compraventa de oro. "Pero es que las empresas de compra y venta de oro en la región ya son formales y pagamos nuestros impuestos de ley como tales", denuncia. "Solo en El Callao hay más de 800 comercios que trabajan con el oro como moneda de cambio".

Un territorio fragmentado

El Callao es tan solo uno de los casos, no una excepción. El sur del Orinoco está repartido en enclaves controlados por distintas estructuras armadas. Según el mapeo que mantiene Fritz Sánchez, "Ronny Matón" domina El Callao; células del Tren de Aragua se extienden hacia Tumeremo; el "Negro Fabio" controla El Dorado; "El Ciego" opera en La Paragua y El Manteco; "Juancho" maneja el eje kilómetro 88-Las Claritas; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla colombiana aún activa, tiene presencia en zonas de Amazonas y en el occidente de Bolívar, en el municipio Cedeño, donde Ángel Sandoval perdió la pierna.

Esto no es un secreto para los observadores. "Caracas no es la autoridad de facto en estas regiones mineras", dijo Bram Ebus, consultor que investiga la minería ilegal venezolana para el proyecto Amazon Underworld, en declaraciones al New York Times. "Así que pueden redactar una bonita legislación minera, pero cuando vas a estos distritos mineros, hay otras autoridades armadas con las que tienes que tratar".

La nueva ley minera, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 9 de abril de 2026 —la misma que, según Burgum, los Rodríguez prometieron redactar a medida para los inversionistas estadounidenses—, contempla licencias de hasta 30 años, arbitraje internacional para disputas y la creación de cuatro entidades de supervisión, entre ellas una unidad especializada de la Guardia Nacional para vigilar las zonas mineras. Pero, hasta ahora, las autoridades no han explicado al público cómo piensan retomar el control de regiones donde el Estado no impone la ley, sino al contrario: solo aparece para repartirse un pedazo más de la torta. Un grupo de quince organizaciones venezolanas sin fines de lucro advirtió que la ley representa "una grave amenaza" para el medioambiente y podría agravar la deforestación y los abusos contra los trabajadores mineros indígenas, muchos de ellos desplazados o en situación de neoesclavitud, pues la minería ha arrasado con territorios ancestrales y zonas en teoría protegidas.

Por ahora, también hay un costo tremendo que no figura en ningún memorando: el ambiental y humano. La extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco ha destruido bosques, alterado la topografía de comarcas enteras con maquinaria pesada y contaminado con mercurio cuencas estratégicas como la del río Caroní —del que depende buena parte de la generación hidroeléctrica del país—, además de penetrar parques nacionales como Canaima y zonas protegidas que por ley no pueden otorgarse en concesión. Es decir, un ecocidio sistemático que lleva años desarrollándose y ampliándose. Sánchez, constantemente advierte en ‘X’ sobre balsas y dragas que destruyen ecosistemas en la cuenca del Caroní, el Parque Nacional Caura y La Paragua, sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúe. "No existe voluntad política de desacelerar la minería ilegal en Venezuela", sentencia. "La apertura minera podría profundizar aún más el impacto sobre los bosques y ríos al sur del Orinoco".

El oro de sangre y su nueva visa estadounidense

Sobre la procedencia de este oro, Sánchez tiene claro cómo llamarlo: “Oro de sangre”.

Minerven, la antigua minera estatal —absorbida dos meses atrás por la CVM—, "tiene años sin hacer inversión, su infraestructura está por el piso, la única mina que tiene operativa y con mínima producción es Mina Colombia", dice Sánchez. Sacarla de la CVG y adscribirla a la CVM apunta a "poder canalizar todo el oro que la CVM recibe de las Alianzas Estratégicas y de otras organizaciones, teniendo en común su oscura procedencia".

Por ello, la trazabilidad es, sin dudas, imposible de garantizar a fecha de hoy. Con la producción "formal" de Minerven en niveles mínimos, distintos actores consultados por Sánchez temen que el oro extraído ilegalmente termine mezclándose con esa escasa producción legal, cumpliendo cuotas de exportación y facilitando su ingreso a los mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos. El extrabajador de las recuperadoras llega a sugerir, sin que sea posible verificarlo, que parte de la red de empresas recuperadoras pertenecería, directamente o a través de testaferros, a altos funcionarios del Ejecutivo nacional, mencionando entre ellos a los propios hermanos Rodríguez.

“Si viviera en Caracas creo que habría visto menos ministros y políticos de los que han aterrizado por Nacupay, Delcy, Jorge, Héctor Rodríguez, muchos generales y una parejita que hoy reside por una cárcel en gringolandia”, dice la fuente con jocosidad, haciendo referencia a Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes están hoy encarcelados en EEUU a la espera de su juicio.

No obstante, EEUU avanza en el marco jurídico. El 6 de marzo de 2026, un día después de que Burgum concluyera su visita a Caracas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) emitió la Licencia General 51, que autorizó a entidades estadounidenses a relacionarse comercialmente con Minerven —sancionada desde 2019 precisamente "por operar en el sector aurífero de la economía venezolana". El 27 de marzo, la Licencia 51A la reemplazó y amplió, junto con las licencias 54 y 55, extendiendo la apertura a la exportación, compra, almacenamiento y transporte de minerales venezolanos, incluido el oro. Las licencias exigen, entre otras condiciones, contratos regidos por ley estadounidense y reportes de debida diligencia sobre la cadena de custodia del mineral.

Ese es el problema de fondo: el Tesoro estadounidense pide debida diligencia sobre el origen del oro venezolano mientras la contraparte estatal de esa cadena —la CVM— es la misma que emite oficios exigiendo quince gramos mensuales a comerciantes en una región donde los molinos pagan vacuna por motor y el mercurio es vendido por varias bandas armadas y grupos terroristas como el ELN.

Eso es un hecho delicado, porque hoy hay empresas estadounidenses que firman memorandos por miles de millones de dólares apostando a contratos de hasta 30 años en un territorio que sigue dominado por el Tren de Aragua, el Tren de Guayana, el ELN y otros grupos. Es una apuesta arriesgada, ya que una ley redactada a medida en Caracas no es suficiente para domar una economía ilícita consolidada durante una década, con presencia guerrillera, control armado por sectores y un Estado cómplice. La luna de miel entre las firmas auríferas y el régimen interino de Delcy Rodríguez transcurre, por ahora, en hoteles de Caracas y palacios con cámaras de televisión. El problema es que el oro no se saca ahí. Se saca en el monte, donde hoy gobierna el plomo.