Las cuatro vidas que el régimen cubano arrebató y que explican la imputación de Raúl Castro: qué fue Hermanos al Rescate y por qué el caso vuelve ahora

Pasaron tres décadas. Por el camino, murió Fidel Castro. En 2021, Raúl Castro, de 94 años, cedió la Presidencia del Partido Comunista cubano. Hubo hambruna, crisis sanitaria, apagones y miles de cubanos huyendo de la isla. Muchos murieron en el intento. Sin embargo, cuando la esperanza de conseguir justicia parecía desvanecerse, un viejo expediente volvió abrirse y, con él, entró un poco de luz al final del túnel. El Gobierno de Estados Unidos imputó esta semana al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos avionetas civiles de la organización prodemocracia Hermanos al Rescate, un ataque que tomó la vida de cuatro hombres que sobrevolaban el estrecho de Florida buscando balseros cubanos. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, leyó los cargos contra el menor de los hermanos Castro —cuatro de asesinato, además de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves— en la Torre de la Libertad de Miami, el edificio que durante décadas recibió a los cubanos que huían de la isla. La elección del escenario no fue casual, ya que es todo un símbolo para el exilio cubano al sur de la Florida.

Sin embargo, más allá de la guerra diplomática y de los nombres que hoy ocupan los titulares —Trump, Rubio, Raúl Castro, La Habana— están los cuatro hombres cuya muerte sigue sin respuesta judicial. Es trascendental recordarlos a ellos y también a la organización a la que pertenecían.

Una flotilla de avionetas para buscar balseros

Hermanos al Rescate surgió en Miami en 1991, en pleno auge migratorio desde la isla hacia EEUU. La caída de la Unión Soviética había dejado a Cuba sin su principal sostén económico y hundido a la isla en el poco celebre Período Especial. Los cubanos padecían, además de un feroz régimen comunista, apagones constantes, hambre, escasez de combustible y un deterioro acelerado de la calidad de vida y sus libertades. Miles de personas, desesperadas, se lanzaron al mar en cualquier mínima embarcación (si es que se podían llamarse así) que flotara con la esperanza de alcanzar las costas de Florida. Muchos no lo lograron. El detonante para fundar el grupo, según la propia organización, fue la muerte de una adolescente, Gregoria Pérez Ricardo, que falleció de deshidratación durante la travesía.

El método del grupo, encabezado por el expiloto José Basulto, era simple: salían en pequeñas Cessna desde aeropuertos del área de Miami, monitoreaban el estrecho en busca de embarcaciones precarias, marcaban su posición y la pasaban a los guardacostas estadounidenses para que organizaran el rescate. A veces dejaban caer agua y comida en un radio cercano a las balsas. Con el tiempo, también fueron un poco más allá, animándose a lanzar octavillas sobre La Habana, panfletos que reproducían textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prohibida de facto en la isla. Por supuesto, esto no gustaba al régimen castrista.

La Habana llamó a esas incursiones una amenaza a su seguridad y tildó al grupo de organización terrorista. No obstante, los testimonios, pericias y visiones de los expertos apuntan a que los pilotos de Hermanos al Rescate eran voluntarios, sin armamento, y su acción más confrontativa fue arrojar papeles sobre la isla. Ningún organismo internacional legítima respaldó la tesis del peligro militar para Cuba. Al contrario, tanto la Organización de Estados Americanos como la de Aviación Civil Internacional concluyeron después que el ataque fue ilegítimo, en violación al derecho internacional.

Dos naves destruidas, cuatro vidas

El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigó el caso, conserva el perfil de cada uno. Ellos son:

Armando Alejandre Jr. tenía 45 años, el mayor de los cuatro. Nacido en Cuba, pero criado en Miami, era ciudadano estadounidense por naturalización y había servido durante la guerra de Vietnam. Trabajaba como asesor en la dirección de tránsito del condado de Metro-Dade. Dejó a su esposa, Marlene, con quien llevaba 21 años casado, y a una hija universitaria.

Carlos Alberto Costa, de 29 años, había nacido en Estados Unidos. Apasionado de la aviación desde siempre, soñaba con dirigir algún día las operaciones de un gran aeropuerto. Se había graduado en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y trabajaba como especialista de formación en el departamento de aviación del condado de Dade.

Mario Manuel de la Peña, también estadounidense de nacimiento, era el más joven de las víctimas: 24 años. Cursaba su último semestre en Embry-Riddle para convertirse en piloto comercial y ya había conseguido una plaza muy disputada en American Airlines. La universidad le concedió su título de forma póstuma.

Pablo Morales era el único que no tenía ciudadanía estadounidense, sino residencia. Su historia estaba íntimamente ligada a lo que hacía en el grupo: nacido en La Habana en 1966, Morales había huido de Cuba en una balsa en agosto de 1992 y fue rescatado precisamente por Hermanos al Rescate. Se unió como voluntario para, de alguna manera, retribuir lo que habían hecho por él, ayudando a otros coterráneos cubanos a alcanzar la tan ansiada libertad. Él voló como copiloto el día en que lo mataron.

Lo que ocurrió el 24 de febrero de 1996 quedó descrito con frialdad técnica en el mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tres Cessna despegaron de Florida para una misión de rutina. Dos cazas MiG-29 cubanos interceptaron a dos de ellas entre las 15:21 y las 15:27 y las redujeron a nada con misiles aire-aire. No hubo aviso previo, ni intento de obligarlas a aterrizar, ni ninguna de las maniobras que el derecho internacional exige antes de abrir fuego contra una aeronave civil. La primera y única respuesta fue destruirlas. De las avionetas no quedó prácticamente nada, solo rastro: una mancha de aceite sobre el agua que señaló dónde habían caído. La tercera nave, pilotada por Basulto, logró escapar milagrosamente tras una larga persecución.

¿Pero por qué ahora?

Para entender por qué Washington desempolva un crimen de hace treinta años para ir contra un exdictador de 94 años, hay que entender la historia y volver al momento en que ocurrió, pues fue uno de los episodios más tensos de toda la relación entre Estados Unidos y Cuba tras el fin de la Guerra Fría.

A mediados de los noventa, con la isla asfixiada económicamente, funcionarios de ambos países mantenían contactos discretos para evaluar un posible deshielo de cara a un eventual segundo mandato de Bill Clinton, según describió la BBC en un reciente reportaje. Varios analistas e historiadores cubanos sostienen que esa apertura y política de acercamiento era justamente lo que el ya fallecido dictador Fidel Castro no quería. Una mejora de las relaciones con Washington habría traído presión al régimen por reformas políticas y económicas, y eso amenazaba el control absoluto sobre el que se sostenía el poder de los Castro.

Bajo esa perspectiva, el derribo de las aeronaves civiles no fue un ataque para resguardar la seguridad nacional de Cuba, sino una acción para provocar a la Administración Clinton y hacer imposible cualquier señal de acercamiento.

Si, en efecto, los expertos tienen razón, A Castro le salió bien su cálculo. Clinton reaccionó con dureza. Primero, condenó el ataque y, semanas después, firmó la ley Helms-Burton, que blindó el embargo y limitó la capacidad de futuros presidentes para levantarlo. Con ello, La Habana obtuvo el escenario de confrontación que le permitía cerrar filas, endurecer la represión interna contra disidentes, y presentarse ante su población como una plaza sitiada. El régimen cambió poco o nada a lo interno y se afianzó en un período convulso.

El único intento serio de normalización de relaciones llegó casi veinte años más tarde, con Barack Obama, que en 2014 restableció relaciones y viajó a la isla. Para entonces, los Castro ya eran ancianos y manejaron el acercamiento sin ceder en lo esencial para su supervivencia, es decir, sin mover ni un dedo para firmar una apertura política real a cambio del deshielo, y Cuba conservó intacto su sistema de partido único.

La imputación de esta semana, no obstante, se inscribe en un giro radical respecto a esa etapa. La Administración de Donald Trump ha vuelto a una política de máxima presión sobre La Habana: sanciones a la cúpula y al aparato de inteligencia, bloqueo a los negocios militares que sostienen al régimen y un discurso frontal encarnado por el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de cubanos e histórico crítico del régimen castrista. El movimiento contra el exdictador Raúl Castro llega además poco después de la captura del otrora dictador venezolano Nicolás Maduro, que Washington presenta como trofeo de que está dispuesto a perseguir judicialmente a los líderes dictatoriales de la región a los que acusa de crímenes contra EEUU. Castro, de 94 años, es apenas el cuarto gobernante o exgobernante de la región imputado por Estados Unidos.

Si bien es improbable que el exdictador llegue alguna vez a un tribunal estadounidense como sí lo hizo, por ejemplo, Maduro, los exiliados cubanos y las familias de las víctimas, que durante casi tres décadas regresaron cada aniversario a reclamar justicia, probablemente entienden esta realidad. No obstante, la acusación, aunque tardía, cambia algo en el fondo del caso: por primera vez, un documento judicial pone los nombres de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales frente a un acusado concreto. Después de treinta años de injusticia, tortura, represión, asesinatos y hambre, eso ya no es poco.