Por qué mucha gente sospecha del voto por correo

El voto por correo divide a Estados Unidos porque no solo se discute si hubo fraude, sino si el ciudadano puede ver con claridad quién recibió la papeleta, cómo se comprobó la identidad y cuándo se contó. 

Esa desconfianza aumentó después de las elecciones de 2020, cuando Donald Trump cuestionó públicamente el uso de las papeletas enviadas por correo. Desde entonces, buena parte del Partido Republicano ha defendido requisitos más estrictos, como la identificación del votante, la comprobación de la ciudadanía, la actualización de los registros y plazos más uniformes para recibir las papeletas.

Un sistema que varía según el estado

Estados Unidos no tiene un modelo único de voto por correo. Algunos estados envían automáticamente las papeletas a los votantes; otros exigen solicitar una papeleta de voto ausente y justificar la ausencia; y otros permiten pedirla sin aportar una razón específica.

También cambian los plazos, los requisitos de firma, los sistemas de verificación y las reglas para corregir errores en el sobre. Para los republicanos, esa diversidad crea un sistema difícil de entender y alimenta la sospecha de que los estándares no son iguales en todo el país.

Además, el conteo puede prolongarse durante días porque los funcionarios deben comprobar firmas, validar datos y aceptar determinadas papeletas recibidas después del día de las elecciones, siempre que hayan sido enviadas dentro del plazo permitido por la ley estatal.

Qué preocupa a los republicanos

La primera preocupación es la cadena de custodia. Un voto emitido en persona se deposita directamente en una máquina o urna supervisada por trabajadores electorales. En cambio, una papeleta enviada por correo pasa por más manos: el votante, el servicio postal, los funcionarios electorales y, en algunos casos, centros de recogida.

La segunda es la identificación del votante. Los defensores de controles más estrictos sostienen que una firma no siempre ofrece el mismo nivel de seguridad que una identificación oficial. También temen que las bases de datos desactualizadas permitan enviar papeletas a personas que se han mudado, han fallecido o ya no cumplen los requisitos.

La tercera es la presión dentro del hogar. A diferencia del voto secreto en una cabina, una papeleta rellenada en casa puede estar expuesta a la influencia de familiares, empleadores, activistas o personas que recojan votos. Los republicanos consideran que la llamada “recolección de papeletas” debe limitarse para evitar abusos.

La respuesta de Trump

El presidente Donald Trump convirtió el endurecimiento de las reglas electorales en una prioridad de su agenda. En marzo de 2026 firmó la orden ejecutiva "Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections". El documento pide al DHS que, con datos de la Seguridad Social, elabore listas estatales de ciudadanos con derecho a voto. Encarga al Servicio Postal que solo envíe papeletas a quienes figuren en esas listas y que los sobres lleven marca oficial y código de seguimiento. Al Departamento de Justicia (DOJ) le ordena priorizar las pesquisas contra quien entregue papeletas federales a personas no elegibles.

La Casa Blanca presentó la medida como una forma de reforzar la ciudadanía, la seguridad electoral y la trazabilidad del voto.

Trump ha defendido que las elecciones deben ser "seguras y transparentes" y que los ciudadanos deben tener confianza en el resultado. Sus partidarios consideran que los nuevos controles no eliminan el voto por correo, sino que intentan impedir que se envíen papeletas sin una comprobación previa del votante.

Una batalla constitucional

La Administración sostiene que, cuando la papeleta viaja por el correo federal y la elección es federal, el Ejecutivo puede fijar condiciones de envío e identificar al destinatario. También dice que puede perseguir delitos ya tipificados: fraude postal, sustracción o extravío de correspondencia electoral, entrega de papeletas federales a quien no tiene derecho a voto y otras infracciones de las leyes electorales federales.

Por su parte, los estados demócratas responden que la Constitución deja a cada estado la organización del proceso y que solo el Congreso puede cambiar esas reglas a escala nacional.

Hasta ahora, ningún tribunal ha resuelto definitivamente si la orden de Trump sobre el voto por correo es constitucional. El 24 de agosto, la Corte Suprema (SCOTUS) intervino en el caso Trump v. California, presentado por 23 estados y el Distrito de Columbia contra la Administración federal. Por 6 votos a 3, levantó el bloqueo impuesto por un tribunal federal de Massachusetts, al considerar prematura la demanda. La decisión no declaró válida ni inconstitucional la orden, por lo que la cuestión de fondo sigue pendiente.

El litigio continuó en los tribunales inferiores. El 4 de septiembre, la jueza federal Indira Talwani volvió a bloquear la aplicación obligatoria de las nuevas reglas del Servicio Postal para las elecciones de noviembre. Las medidas exigirían a los estados entregar listas de votantes y utilizar sobres con códigos de barras específicos. Talwani permitió, sin embargo, que los estados que lo deseen adopten voluntariamente el sistema. 

Días después, el DOJ volvió a pedir a SCOTUS que deje en suspenso la cautelar de Talwani. El 10 de septiembre el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, rechazó alzar ese bloqueo. El tribunal consideró que imponer la regla del Servicio Postal a menos de dos meses de las midterms podía generar confusión y dejar a parte de los electores sin papeleta.

El Gobierno mantiene el recurso ante la Corte Suprema. Mientras no haya un auto, la norma postal no se aplica de forma obligatoria en noviembre.