El frágil fundamento de un estudio sobre leyes 'anti-trans' y suicidios juveniles se viene abajo

En 2024, la revista Nature Human Behaviour publicó un artículo que rápidamente se convirtió en titular en numerosos medios: afirmaba que las leyes estatales restrictivas en materia de género habían aumentado los intentos de suicidio entre jóvenes trans y no binarios hasta un 72%. El mensaje fue claro: las políticas impulsadas principalmente por legislaturas republicanas estarían causando un daño directo y medible en la salud mental de estos jóvenes. 

Según un exhaustivo análisis publicado por City Journal (CJ), medios de centroizquierda como NPR, The Washington Post, CNN, Time y Scientific American, entre otros, difundieron la noticia con énfasis en la causalidad. Los propios autores del estudio reforzaron esta interpretación. El primero, Wilson Lee, publicó en LinkedIn: "En este estudio, presentamos evidencia causal de que la promulgación de leyes estatales contra las personas transgénero incrementó los intentos de suicidio entre jóvenes transgénero y no binarios en Estados Unidos..."

Por su parte, la coautora Ronita Nath declaró a CNN que se trataba de la primera demostración de una relación causal entre políticas anti-trans y peores resultados en salud de los jóvenes LGBTQ+.

Sin embargo, poco más de un año después, una crítica metodológica publicada en la misma revista desmontó gran parte de esas conclusiones. El caso ilustra problemas recurrentes en parte de la literatura científica sobre género: muestras sesgadas, diseños débiles y una tendencia a extraer afirmaciones causales fuertes de datos frágiles.

Problemas con los datos

Los investigadores, todos vinculados al Trevor Project (una organización de abogacía para prevención del suicidio en jóvenes LGBTQ+), utilizaron encuestas propias del grupo entre 2018 y 2022. Se trata de una muestra de conveniencia reclutada a través de redes sociales: 35.196 menores y jóvenes de 13 a 24 años. Este tipo de encuestas no probabilísticas son propensas a sesgos de autoselección. 

Según el CJ, los participantes de la encuesta del Trevor Project probablemente estaban motivados para ofrecer las respuestas que la organización esperaba.

"Además, como la encuesta se realizó en medio del avance de leyes 'anti-trans' por todo el país —y de un constante bombardeo alarmista sobre esas leyes—, es al menos posible que algunos participantes se hayan sentido incentivados a exagerar o tergiversar sus experiencias de intentos de suicidio".

Ejemplos de encuestas similares, como la US Transgender Survey de 2015, han mostrado problemas de memoria retrospectiva y malinterpretación de preguntas (por ejemplo, confundir bloqueadores de pubertad con hormonación adulta). No es descabellado pensar que un contexto mediático cargado de alertas sobre leyes anti-trans pueda afectar cómo responden los participantes.

Además, el estudio incluyó a un espectro amplio de jóvenes LGBTQ+, no solo a aquellos que buscan intervenciones médicas de transición. Mezclar estos grupos dificulta aislar el efecto específico de las restricciones a tratamientos hormonales o quirúrgicos.

"Al incluir datos de jóvenes que se identifican como transgénero pero que no buscan transición médica (un grupo más numeroso que aquellos que sí solicitan intervenciones médicas), se corre el riesgo de 'contaminar' la muestra, ya que estos jóvenes pueden tener mecanismos de respuesta psicológica diferentes".

Fallos en el método

Según City Journal, los problemas más graves del estudio radican en la metodología. Los autores basaron sus afirmaciones causales en un método llamado Difference-in-Differences (DiD), que compara cambios entre grupos antes y después de una intervención. Sin embargo, este enfoque falla en varios puntos clave.

Primero, trataron 48 leyes estatales como si fueran iguales bajo la etiqueta anti-trans. De ellas, 30 regulaban deportes (prohibiendo a varones biológicos en categorías femeninas) y solo 7 establecían límites de edad para tratamientos hormonales. Asumir que todas tienen el mismo impacto psicológico sobre los jóvenes LGBTQ+ es altamente cuestionable.

Segundo, el método DiD requiere que los grupos comparados siguieran tendencias paralelas antes de las leyes. Esto no se cumplió: Idaho, donde se concentró el supuesto efecto, tuvo restricciones sanitarias específicas por covid  que pudieron afectar la salud mental. El control usado (muertes por covid) es inadecuado, ya que los jóvenes apenas morían por el virus pero sí sufrieron fuertes impactos psicológicos de la pandemia.

Tercero, el "efecto" encontrado es extremadamente débil: no se observó un aumento generalizado. Todo el supuesto incremento significativo en periodos posteriores se redujo a aproximadamente 100 jóvenes de Idaho, y las leyes de ese estado ni siquiera estaban en vigor (habían sido bloqueadas por tribunales más de un año antes).

Ante estas críticas, los autores respondieron que "el debate público en torno a la aprobación de estas leyes no habría cesado cuando fueron suspendidas judicialmente, lo que proporciona un mecanismo plausible adicional para que los efectos se mantengan en el tiempo". 

Esta admisión es reveladora. Los críticos metodológicos citan en este contexto un importante artículo de Alison Clayton de 2023: "Un excesivo énfasis en una narrativa exagerada de riesgo suicida por parte de los clínicos y los medios de comunicación puede crear un efecto nocebo perjudicial (por ejemplo, un efecto de profecía autocumplida) mediante el cual la suicidabilidad en estos jóvenes vulnerables puede verse aún más exacerbada".

Conflictos de interés, sesgo y agenda activista

En este estudio, todos los autores estaban afiliados al Trevor Project, una organización cuya captación de fondos, según el CJ, depende directamente de mantener la percepción de una grave crisis de suicidios entre jóvenes LGBTQ+. Aunque declararon esta afiliación, muchos lectores desconocen el incentivo económico que esto representa.

Además, los autores afirman que la "atención de afirmación de género tiene beneficios bien establecidos", pero solo citan encuestas de opinión y los estándares de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH). Sin mencionar la evidencia contundente de que la WPATH suprimió revisiones sistemáticas tras descubrir resultados decepcionantes. Por otra parte, ignoraron revisiones sistemáticas que concluyen que no hay evidencia creíble de beneficios en salud mental para menores. 

Según City Journal, lo más llamativo es la confesión abierta de una de las coautoras en una entrevista con CNN: "Sabíamos que si lográbamos demostrar esto, sería un avance para usar evidencia científica definitiva que apoye políticas protectoras y afirmativas para jóvenes trans y no binarios, y que ayude, en última instancia, a salvar sus vidas". Esta declaración revela que el estudio fue diseñado desde el principio como herramienta de abogacía política, más que como investigación neutral.