El Congreso envía a Trump la mayor ley de vivienda asequible en décadas: esto es lo que cambia para los compradores y para Wall Street

El Congreso, en una abrumadora votación bipartidista, envió el mayor proyecto de vivienda asequible al escritorio del presidente Donald Trump, quien estampará su firma este miércoles para convertir el texto oficialmente en ley. La Cámara de Representantes la aprobó por 358 votos a favor y 32 en contra, un día después de que el Senado hiciera lo propio por 85 a 5, en un claro soplo de aire fresco para un poder legislativo cada vez más polarizado.

Conocida como la Ley ROAD hacia la Vivienda del Siglo XXI, la legislación reúne más de 45 disposiciones y, según diversos reportes, representa el paquete habitacional más ambicioso impulsado por la Casa Blanca y aprobado por el Congreso en décadas. Su objetivo pasa por, principalmente, ampliar la oferta de viviendas y, además, frenar la compra masiva de casas unifamiliares por parte de las firmas de Wall Street. El senador republicano Tim Scott, uno de los mayores defensores de la legislación, describió el esfuerzo como “el resultado de años de trabajo para reducir los costos, ampliar la oferta de vivienda, recortar la burocracia, proteger a los contribuyentes y ayudar a más estadounidenses a alcanzar el sueño de la propiedad”.

Para el comprador común, el grueso de la ley apunta a abaratar y acelerar la construcción de vivienda mediante la flexibilización de los requisitos burocráticos que tanto afectan a los constructores estadounidenses.

La normativa, según explican sus defensores, agilizaría las revisiones ambientales federales, flexibilizaría las reglas para las casas prefabricadas y ampliaría su definición legal, incentivando a los gobiernos locales a reformar sus normas de zonificación atando las subvenciones federales al ritmo de construcción de cada localidad. También habilitaría préstamos y subsidios para rehabilitar viviendas antiguas y reconvertir propiedades abandonadas en hogares habitables.

Más allá de las promesas de la ley, la firma de Trump llegará en un momento absolutamente determinante, pues el precio medio nacional de la vivienda ronda los $400.000 y se requiere un ingreso anual cercano a los $116.780 para costear una vivienda promedio.

¿Golpe a Wall Street?

El apartado más debatido de la ley afecta directamente a los grandes inversores. El texto establece un impedimento a que las firmas propietarias de 350 o más viviendas unifamiliares —fondos de capital privado y fideicomisos inmobiliarios, en su mayoría— sigan comprando casas ya existentes. Sin embargo, deja intactas dos puertas: las empresas que ya superan ese umbral no estarán obligadas a vender lo que poseen, y se conserva una excepción para quienes construyan viviendas destinadas expresamente al alquiler (build-to-rent).

Que esa restricción baste para abaratar la vivienda es, no obstante, materia de debate todavía. Economistas y centros de estudio recuerdan que los grandes inversores poseen menos del 1% del parque habitacional del país y alrededor del 3% de las casas unifamiliares en alquiler, por lo que el verdadero problema sería la escasez de oferta acumulada desde la última crisis. “Mucha gente cree que si nos deshacemos del capital privado habrá todas esas casas disponibles a la venta para los compradores primerizos”, explicó a CBS News Daryl Fairweather, economista jefe de la inmobiliaria Redfin. “Pero eso no va a suceder”.

No obstante, la firma presidencial de la ley sellaría el primer gran esfuerzo federal en una generación por atacar el costo de la vivienda, un asunto que se perfila como decisivo de cara a las midterms de noviembre. A pesar del bipartidismo, demócratas y republicanos lucharán por colgarse la medalla de la legislación en un momento donde la guerra en Irán y la economía siguen siendo los temas del momento.