Segunda fase del juicio contra Meta en Nuevo México: la compañía deberá pagar $567 millones y aplicar cambios de seguridad

Un tribunal de Nuevo México le ordenó a Meta Platforms a destinar 567 millones de dólares a programas de salud mental. La resolución establece las consecuencias del proceso judicial iniciado por el estado y amplía las obligaciones de la empresa tras el veredicto emitido meses atrás por un jurado.

Se trata de la segunda fase de un juicio que la compañía de redes sociales perdió en marzo, cuando un jurado le ordenó pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles tras concluir que la empresa violó la ley estatal de protección al consumidor al engañar a los usuarios sobre la seguridad de los menores en sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp.

En esta segunda etapa del juicio, la Fiscalía pidió al juez ordenar una serie de cambios estructurales en las plataformas de Meta. En este contexto, el juez Bryan Biedscheid dictaminó que 420 de los 567 millones de dólares deberán destinarse a servicios de tratamiento para jóvenes, mientras que el resto se invertirá en programas de concienciación y prevención, servicios de detección y otros gastos durante los próximos cinco años.

Además del pago, el juez Biedscheid ordenó a Meta incorporar nuevas medidas aplicables en Nuevo México para reforzar la seguridad de los usuarios de Facebook e Instagram. Las disposiciones incluyen avisos más visibles sobre herramientas de protección, mecanismos más accesibles para denunciar contenido inapropiado y reportes periódicos ante el tribunal sobre su implementación, lo que incluso podría derivar en cambios en las interfaces de las redes sociales de la compañía. 

En un comunicado emitido por un portavoz en la noche del jueves, Meta manifestó no estar de acuerdo con el fallo y anunció su disposición a apelarlo. 

"Trabajamos arduamente para garantizar la seguridad de las personas en nuestras plataformas y hemos sido transparentes respecto a los desafíos que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados y el contenido dañino. Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos contra las acusaciones que tergiversan los hechos", agregó la misiva. 

A diferencia de otros procesos centrados en la salud mental juvenil, la demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, también abordó la protección de menores frente a la explotación sexual. El estado acusó a Meta de no implementar medidas suficientes para evitar contactos abusivos y sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito, los algoritmos de recomendación y las notificaciones incentivaban un mayor uso de las plataformas por parte de los jóvenes.