Cuando la regulación 'mata' a la natalidad

Las mujeres -y familias- estadounidenses tienen menos hijos de los que les gustaría tener. Partiendo de esa base, un estudio ha encontrado que la brecha entre el deseo y la realidad se agranda en los estados donde existe una mayor regulación que concierne a la crianza y educación de los hijos.

Según un estudio, las estadounidenses tienen, de media, casi un hijo menos de los que le gustaría. Esto, conocido como la brecha de fertilidad —la diferencia entre el número ideal de hijos que desea una mujer y la fertilidad real— alcanza el 0,76, es decir, prácticamente un retoño. 

Sin embargo, un estudio del City Journal muestra que se trata de una cifra que varía considerablemente según el estado en el que nos encontremos. Así, en Dakota del Norte, la diferencia es de un tercio, mientras que en Nuevo Hampshire, Rhode Island y Alaska es incluso superior a un hijo.

"Opciones de cuidado infantil asequibles", clave para reducir la brecha

Con el objetivo de comprobar a qué se debían estas variaciones, y partiendo del hecho de que "las opciones de cuidado infantil asequibles son fundamentales para las familias jóvenes", el CJ trató de averiguar hasta qué punto existe una relación directa entre una mayor regulación y la brecha de fertilidad. 

Para ello, contó con el trabajo de Anna Claire Flowers, profesora adjunta de Economía en la Universidad de Misisipi; Vincent Geloso, profesor adjunto de Economía en la Universidad George Mason; Clara Piano, profesora adjunta de Economía en la Universidad Estatal de Austin Peay y Lyman Stone, investigador principal y director de la Iniciativa Pronatalista del Instituto de Estudios sobre la Familia.

La clave, según concluye el estudio del CJ, no está en el clima ni en la geografía, sino en algo más humano: el mayor o menor grado de regulación, y su carácter más o menos invasivo, sobre la crianza y la educación de los hijos.

"Los estados con una regulación más flexible en materia de cuidado infantil presentan brechas de fertilidad menores que los estados que imponen cargas normativas más pesadas. Tras aplicar una serie de controles demográficos, observamos que un aumento de un punto en la libertad en materia de cuidado infantil, en una escala de cero a diez, se asocia con una reducción de la brecha de fertilidad de aproximadamente 0,025 hijos. Las implicaciones políticas son evidentes: las regulaciones excesivamente estrictas en materia de cuidado infantil son uno de los obstáculos que impiden a los estadounidenses tener tantos hijos como desean".

Una reducción de la normartiva se reflejaría en un descenso claro en la brecha de fertilidad

El CJ pone como ejemplo a Vermont, que es el estado con mayor regulación: "Si se equiparara al entorno normativo de un estado de puntuación media como Carolina del Norte, nuestros resultados muestran que la brecha de fertilidad se reduciría de 0,78 a 0,68 hijos por mujer —un cambio del 12,5 %— sin necesidad de subsidios adicionales ni transferencias de efectivo".

Cuando la muestra se limita a las mujeres menores de 35 años, los resultados son aún más abrumadores. "Sin embargo, se mantienen estables para las mujeres que actualmente forman parte de la población activa, lo que descarta la posibilidad de que los resultados se deban a mujeres alejadas del sector del cuidado infantil". 

El estudio también indica que las conclusiones "se mantienen sólidas bajo un enfoque de 'variables instrumentales', diseñado para abordar la preocupación de que alguna característica no observada del estado, distinta de la regulación, pudiera estar provocando tanto una normativa más flexible como una mayor fecundidad. Un mercado de cuidado infantil sólido parece marcar una gran diferencia en las decisiones familiares".

La conciliación entre el trabajo y la familia, decisiva en las decisiones sobre la fertilidad

Unos datos que "ponen de relieve cómo la conciliación entre el trabajo y la familia —la facilidad con la que las personas logran compaginar sus aspiraciones profesionales y familiares— influye en las decisiones sobre la fertilidad". 

De acuerdo con lo analizado, se puede observar cómo "la normativa dificulta encontrar un servicio de cuidado infantil adecuado". Uno de los puntos clave es que, un mayor número de normas dedicado al cuidado infantil se traduce en un mayor coste para los padres. 

"La normativa sobre el cuidado infantil encarece el servicio al endurecer las proporciones entre el personal y los niños, exigir mayores cualificaciones o limitar el aforo de las aulas. Peor aún, acaban expulsando a los proveedores del mercado y limitan la variedad de opciones de cuidado infantil disponibles para los padres. Los estados con puntuaciones más bajas en el Índice de Regulación del Cuidado Infantil registran, de media, un mayor porcentaje de padres que expresan dificultades para encontrar servicios de cuidado infantil y una mayor reducción de los proveedores de cuidado infantil a domicilio durante la última década".

Reducir la normativa no significa bajar la calidad o poner en riesgo a los niños

No obstante, el CJ subraya que relajar -o rebajar- la normativa sobre el cuidado infantil no implica actuar sin precaución y poner en riesgo a los niños en manos de personas poco cualificadas o que pudieran poner en peligro su integridad o incluso su vida.

Aunque la investigación del CJ quedó inconclusa en cuanto a cómo afecta la normativa en la calidad del cuidado infantil han sido, "lo que sí se sabe es que una normativa más estricta aumenta los gastos generales y reduce los salarios del personal, lo que lleva a muchos proveedores, especialmente en zonas de bajos ingresos, a cerrar sus negocios. Con una mayor libertad normativa, los proveedores de cuidado infantil experimentan una presión competitiva que les motiva a ofrecer los mejores y más seguros servicios a las familias".

Asimismo, el CJ destaca que el efecto de la normativa sobre las diferencias de fertilidad se concentra especialmente en aquellas normas que regulan a los niños a partir de los 18 meses, "en particular la proporción de personal por niño para los niños pequeños y en edad preescolar". 

También desempeñan un papel importante los requisitos formativos del personal docente a la hora de determinar la disponibilidad de servicios de cuidado infantil. Las normativas que regulan el cuidado de los lactantes gozan de mayor consenso entre los distintos estados y no muestran una relación cuantificable con la brecha de fertilidad.

Número de niños por aula y la cualificación académica de los educadores

Con estas conclusiones se abre una ventana para la desregulación. Lo que más importa a las mujeres a la hora de ampliar la familia es, por ejemplo, el número máximo de niños permitido en un aula -diez (Pensilvania) o veinte (Carolina del Norte), por ejemplo-, o si se exige a sus educadores haber cursado créditos universitarios en educación infantil para poder ejercer. 

Cuanto más estricta (o supuestamente protectora para los pequeños) sea la normativa sobre los niños en edad preescolar mayores son también los precios que las familias deben afrontar. Así, en varios estados, el coste de una plaza de guadería para niños de cuatro años son tan elevados como los de la atención a bebés. El CJ apuesta por "flexibilizarlas para equipararlas a las impuestas en estados menos estrictos puede reducir los costes sin dejar de garantizar la seguridad de los niños".

A esto hay que sumar otros aspectos, como el costo de la vivienda, las licencias profesionales, que crean una tormenta perfecta en la que se ahogan las expexctativas de la maternidad en muchos casos, en especial en el caso de las familias trabajadoras. "Para ayudar a las personas a formar las familias que dicen querer, los responsables políticos deben abordar cómo las excesivas regulaciones estatales en materia de cuidado infantil pueden estar obstaculizando ese objetivo", concluye el CJ.