El Servicio Postal no entregará papeletas de votos por correo en los estados que se nieguen a cumplir una orden de Trump

Bajo un nuevo borrador de directrices diseñado por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), la agencia federal suspenderá de forma efectiva la distribución y entrega de papeletas de votación por correo en aquellos estados que se nieguen a suministrar sus padrones oficiales de votantes registrados a las autoridades federales.

La medida surge como mecanismo de implementación de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado mes de marzo de 2026, orientada a auditar los sistemas de sufragio a distancia y mitigar las vulnerabilidades del sistema de votación por correspondencia.

La normativa exige que las entidades estatales remitan listados fidedignos de los ciudadanos habilitados para recibir documentación electoral, estableciendo además rigurosos estándares técnicos en el diseño y codificación de los sobres de envío.

Ofensiva judicial de la oposición y aval de los tribunales

La determinación de la Casa Blanca de restablecer la confianza en el sistema electoral ha provocado una reacción jurídica inmediata por parte del ala progresista.

Una coalición integrada por 23 estados de gobierno demócrata y el Distrito de Columbia, en coordinación con plataformas de activismo partidista, radicó una serie de demandas civiles para neutralizar la medida de cara a los comicios de mitad de mandato programados para noviembre.

A pesar de las advertencias de la oposición sobre una presunta alteración del calendario, la administración Trump obtuvo un respaldo judicial inicial el mes pasado.

El juez federal de distrito Carl Nichols rechazó congelar la orden presidencial en Washington DC, permitiendo al Servicio Postal avanzar con el diseño de la infraestructura tecnológica requerida.

Ante esto, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del cronograma oficial, desestimando la necesidad de un calendario de emergencia solicitado por los demandantes.

"Toda la Administración Trump continuará promulgando legalmente la agenda para la cual el presidente Trump fue elegido, lo que incluye la seguridad y la protección de las elecciones estadounidenses", manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, ratificando la confianza del Ejecutivo en que la fiscalización estará plenamente operativa antes de noviembre.

Cruce de datos con el Departamento de Seguridad Nacional

El andamiaje de la directriz presidencial trasciende el control logístico de la correspondencia. La orden del Ejecutivo instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a confeccionar bases de datos de ciudadanía estado por estado mediante la consolidación de registros de diversas agencias federales.

El objetivo, según consta en los expedientes judiciales remitidos por el Departamento de Justicia, consiste en cotejar la información registral para "monitorear los flujos de boletas impresas y ausentes, identificar anomalías que puedan sugerir fraude o uso indebido de las mismas, y generar líneas de investigación autorizadas".

Portavoces del DHS defendieron la plena legalidad de las conversaciones preliminares para el intercambio de datos entre agencias, remarcando el compromiso de la institución con la restauración de la integridad de los sistemas de votación, garantizando que "los ciudadanos estadounidenses, y solo los ciudadanos estadounidenses, elijan a los líderes estadounidenses".

Por el contrario, funcionarios de administraciones demócratas de estados con votación postal universal, como Oregón y Colorado, han calificado la medida de intromisión.

Figuras demócratas argumentan que la exigencia de padrones constituye una recopilación encubierta de información sensible, cuestionando la viabilidad técnica de que el USPS implemente a tiempo el portal digital y los códigos de barras estandarizados necesarios para procesar los datos de los 50 estados del país.