Un juez autoriza las comprobaciones de ciudadanía de los votantes y el voto por correo de Trump, abofeteando a los demócratas
El juez dictaminó que los demócratas no demostraron que tienen capacidad en la actualidad para impugnar la orden ni que hayan sufrido ningún perjuicio.
Centro de votación. Imagen de archivo
Un juez federal despejó el jueves el camino para que el presidente Donald Trump implemente su orden ejecutiva que endurece el voto por correo, desestimando los argumentos de los demócratas por ahora de que los esfuerzos federales para vigilar las listas de votantes con comprobaciones de ciudadanía eran ilegales.
El juez de distrito estadounidense Carl Nichols, esignado por Trump, dictaminó que los demócratas no demostraron que tienen legitimación en este momento para impugnar la orden ni que hayan sufrido ningún daño que justifique una medida cautelar preliminar.
"Dado que la orden ejecutiva no ordena a los demandantes hacer nada, y que ninguna agencia ha actuado aún en virtud de la orden de una manera que pueda perjudicar a los demandantes, no han sufrido ningún daño en la actualidad", escribió el juez.
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Nichols rechazó varios de los argumentos de los demócratas de que la orden ejecutiva de Trump podría privar del derecho de voto a millones de votantes, incluyendo que la creación de listas de ciudadanía estado por estado para comprobar las listas de votantes sería de alguna manera perjudicial, incluso si fueran inexactas.
"Sigue siendo especulativo si las listas estatales de ciudadanía, en caso de que se compilen inicialmente, contendrán inexactitudes", escribió. "Incluso si contienen inexactitudes iniciales, la Orden Ejecutiva requiere la adopción de procedimientos que permitan a los individuos acceder y, si es necesario, actualizar o corregir su información en las Listas".
El juez también rechazó la noción de que el envío de información sobre los votantes por parte del gobierno federal a los estados violaría de algún modo la privacidad de los votantes.
"Los demandantes no han demostrado que tal acción -es decir, el intercambio de información sobre el nombre, la edad y el lugar de residencia entre organismos gubernamentales, si el Gobierno federal ya la conoce- causaría un perjuicio suficiente para establecer la legitimación en virtud del artículo III", dictaminó.
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