Un tribunal de apelaciones restablece el control de Trump sobre la Guardia Nacional de Oregón, pero mantiene la prohibición del despliegue
La decisión suspende la orden inicial de la jueza federal Karin Immergut, que bloqueaba la federalización de las tropas de Oregón argumentando que las protestas en Portland no constituían una "insurrección" ni una amenaza suficiente.

Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional en la Union Station en Washington DC.
Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito levantó el miércoles una orden de un tribunal inferior que impedía al presidente Donald Trump federalizar tropas de la Guardia Nacional de Oregón, permitiendo temporalmente que la Administración Republicana retenga el control federal sobre los 200 efectivos.
Sin embargo, el fallo mantuvo vigente la prohibición de desplegar esas tropas —o cualquier unidad federalizada de la Guardia Nacional— en cualquier parte del estado de Oregón, preservando el “statu quo”.
La decisión, emitida en una orden breve de tres páginas, suspende la orden inicial de la jueza federal Karin Immergut, quien el sábado bloqueó la federalización de las tropas de Oregón argumentando que las protestas en Portland no constituían una "insurrección" ni una amenaza suficiente para justificar la intervención bajo la ley federal.
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Hoy, el panel del Noveno Circuito, compuesto por dos jueces designados por Trump —el juez Eric D. Miller y la jueza Danielle J. Forrest— y uno designado por el expresidente Bill Clinton —el juez Milan D. Smith Jr.— escribió que la suspensión administrativa "preserva mejor el statu quo en el que los miembros de la Guardia Nacional han sido federalizados pero no desplegados".
"Conceder una suspensión administrativa preserva el status quo", indicaron los jueces en su orden. Además, el panel programó argumentos orales para el jueves sobre si extender la pausa mientras evalúa la apelación completa de la Administración Trump, que sostiene que la orden de Immergut "cuestionó inadmisiblemente" las decisiones militares del presidente y representa una interferencia indebida en las funciones del Comandante en Jefe.
La orden inicial de Immergut y la respuesta de la Administración Trump
La saga comenzó el 28 de septiembre, cuando funcionarios de Oregón y Portland demandaron conjuntamente a la Administración Trump después de que el presidente prometiera proteger la ciudad, a la que describió como "devastada por la guerra" y con oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "sitiadas" por protestas contra sus políticas de inmigración.
Al día siguiente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió un memorando autorizando la federalización y el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón por 60 días, pese a las objeciones de la gobernadora demócrata Tina Kotek, quien rechazó la solicitud.
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El viernes 3 de octubre, durante una audiencia ante Immergut, la Administración defendió la medida citando incidentes como el lanzamiento de rocas, ladrillos y dispositivos incendiarios contra agentes federales, daños a ventanas y cámaras de seguridad en la sede de ICE. Sin embargo, Immergut dictaminó el sábado que el razonamiento de Trump "simplemente no estaba vinculado con los hechos", según reseña The Hill.
En su fallo, la jueza señaló que las protestas no alcanzaban el umbral de "insurrección" requerido por la Sección 12406 del Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite la federalización de la Guardia Nacional solo en casos de invasión o rebelión que impidan la ejecución de leyes federales.
Además, la magistrada enfatizó que la policía de Portland tenía la capacidad de responder, respaldada por acuerdos de asistencia mutua con agencias estatales y federales. "Esto no es una nación de ley marcial, sino de ley constitucional", escribió, advirtiendo que el despliegue podría inflamar las tensiones en lugar de calmarlas.
Los despliegues de la Guardia Nacional
En agosto, Trump extendió las acciones al desplegar unos 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, incluyendo 800 locales, federalizando el Departamento de Policía Metropolitana por 30 días para patrullas en áreas turísticas con el objetivo de combatir el crimen.
En septiembre, la campaña se intensificó con anuncios de tropas en DC frente a la Union Station.