Una jueza federal bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump
El tribunal frenó la orden de la Casa Blanca para enviar 200 efectivos, tras una demanda conjunta del estado de Oregón con la ciudad.
Soldados de la Guardia Nacional
Una jueza federal bloqueó este sábado el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional que había autorizado la Administración Trump para reforzar la seguridad en Portland. La magistrada Karin Immergut concedió una orden de restricción temporal que impide la ejecución del memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ordenaba la federalización de esas tropas pese a la objeción del estado.
La orden de Immergut tiene vigencia inicial de 14 días —plazo que podría extenderse— y el juicio fue fijado para el 29 de octubre. Además, la jueza rechazó la solicitud de la Administración de suspender su decisión mientras se tramita una apelación.
Choque entre Washington y Oregón
La disputa legal comenzó el mes pasado, cuando el estado de Oregón y la ciudad de Portland demandaron conjuntamente al Gobierno. Argumentaron que el despliegue de tropas carecía de justificación y que la decisión del presidente estaba basada en una interpretación exagerada de la situación de seguridad en la ciudad.
En la audiencia previa al fallo, Scott Kennedy, fiscal general adjunto de Oregón, afirmó que la decisión de Trump se basaba “principalmente en una narrativa ficticia”. Caroline Turco, representante legal de Portland, sostuvo que la percepción presidencial “no refleja la realidad” de la ciudad.
La posición de la Administración Trump
El Departamento de Justicia defendió la medida argumentando que los tribunales deben otorgar una “gran nivel de deferencia” a las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional y despliegue de fuerzas. El abogado del DOJ, Eric Hamilton, señaló que “radicales crueles y despiadados” habían atacado en repetidas ocasiones instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, forzando incluso el cierre temporal de esas oficinas durante el verano.
La Administración también subrayó que la misión de la Guardia Nacional, una vez federalizada, corresponde al Gobierno central, no al estado.
Críticas judiciales a la justificación del despliegue
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