Las claves del juicio contra Hunter Biden

Hunter Biden se declaró el miércoles no culpable por dos delitos fiscales. El hijo del presidente Joe Biden aseguró provisionalmente que no había evadido el impuesto federal sobre la renta durante los años 2017 y 2018. Los cargos sobre los que se le acusaba eran menores, pero ya representan un problema para la Casa Blanca.

Todo comenzó con una investigación contra Hunter que lleva cinco años en marcha. Durante la misma, se descubrieron varias polémicas en las que participó el hijo de Biden. Entre ellas, fotos en las que se le veía realizando actividades sexuales o drogándose y que fueron publicadas por el grupo Marco Polo. Ese tema, aunque despertó la curiosidad y el enfado de gran parte de la sociedad, pasó desapercibido por la Justicia que decidió centrarse en otros asuntos en los que el papel de Hunter también fue relevante.

Una investigación que lleva activa cinco años

Sucedió en 2018. Ese año, el fiscal federal del distrito de Delaware, Davis Weiss, comenzó a indagar sobre las finanzas de Hunter Biden. El letrado, designado por el entonces presidente Donald Trump, descubrió que el hijo del actual presidente podía haber cometido un delito de lavado de dinero. Además, se le acusó de un cargo menor tras no haber abonado más de $100.000 al incumplir el pago del impuesto sobre la renta entre 2017 y 2018.

Junto con esto, se le imputó un nuevo cargo por haber comprado y, por lo tanto, poseer una pistola ilegal en el año 2018. Para lograr adquirirla tuvo que realizar una declaración falsa en el formulario del Gobierno para la compra de armas. Un delito que puede penarse con hasta 10 años de prisión.

Los cargos contra él se presentaron el 21 de junio y, en ese momento, Hunter Biden decidió pactar un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) y se declaró culpable de los dos casos menores. El arreglo tenía que aprobarse por un juez federal y, tras esto, el hijo del presidente debía comparecer ante un tribunal.

El IRS acusa al DOJ de paralizar la investigación sobre Hunter Biden

Todo parecía arreglado pero el Servicio Interno de Impuestos (IRS) entró de lleno en el caso y aseguró que el DOJ estaba interfiriendo en su investigación. Un empleado de la organización federal, Gary Shapley, testificaba en mayo ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y aseguraba que el hijo de Joe Biden debía 2,2 millones de dólares en impuestos entre 2014 y 2019.

No era lo único de lo que acusaba a Hunter. También afirmó que el equipo encargado de la investigación encontró unos cuantos gastos sospechosos y que la evidencia recopilada podría llevar a "cualquier otra persona" a prisión. Fue entonces cuando se descubrieron las actividades ilegales que hacía Hunter Biden, entre las que se incluían la prostitución y el pago a narcotraficantes.

Gary Shapley no fue el único empleado del IRS que testificó en el caso contra Hunter. También lo hizo otro trabajador del Servicio Interno de Impuestos, Joseph Ziegler, y ambos fueron atacados duramente por los letrados encargados de defender al hijo de Joe Biden. El abogado de Hunter, Abbe Lowell, escribió una carta al presidente del comité, el congresista Jason Smith (R-MO), en la que acusó a los testigos de "alimentar la campaña de desinformación contra su cliente". Según afirmó, lo hicieron "en un intento de evadir su propia mala conducta":

Actividades ilegales en el extranjero

La investigación continúo su curso y gracias a las declaraciones de los dos testigos del IRS también se descubrió que Hunter Biden podría tener negocios ilegales en el extranjero. El DOJ, sin embargo, tenía otro culpable en mente y decidió acusar al Dr. Gal Luft de ocho delitos federales.

Luft se enfrentaba así a delitos por actuar como agente extranjero no registrado, traficar con armas, violar las sanciones estadounidenses contra Irán y hacer declaraciones falsas a agentes federales. Cargos sobre los que habló el subdirector interino del FBI, Chris M. Curtis, que aseguró la intención del buró era arrestar al hombre, considerado un testigo clave en la investigación sobre la corrupción de la familia Biden:

La acusación llegó poco tiempo después de que Luft publicase un video asegurando que había huido del país después de ser arrestado en Chipre en febrero en un intento de que no testificase contra la familia Biden ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes:

Unas semanas después, Ziegler y Shapley testificaban ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y, de nuevo, volvía a salir el tema sobre la influencia extranjera de la familia Biden. En este caso, los trabajadores del IRS afirmaron que la familia Biden recibió varios pagos de diversas entidades extranjeras entre 2014 y 2019. La suma, desvelaron, tenía un valor de hasta 17 millones de dólares y provenían de Rumania, Bulgaria, Ucrania y China.

La relación entre Hunter Biden y Burisma

Entraba así la empresa energética ucraniana Burisma que cobró especial relevancia en la investigación. James Comer, presidente de la comisión, aseguró que existía un informe del FBI que corroboraba los sobornos del hijo de Hunter Biden para favorecer sus tratos con la empresa energética ucraniana.

Según los documentos que presentó Comer, tanto Hunter como las sociedades de responsabilidad limitada de la familia recibieron pagos de Burisma. ¿El objetivo? Evitar que el fiscal general ucraniano investigase a la empresa de energía.

Poco tiempo después, el senador Chuck Grassley publicó un documento no clasificado que demostraría que, efectivamente, el director ejecutivo de Burisma, Mykola Zlochevsky, había pagado tanto a Joe Biden como a su hijo Hunter una importante suma de dinero. Además, el senador aseguró que la "fuente humana confidencial" que había desvelado esta información disponía de muchos mensajes y grabaciones que demostraban que los Biden habían obligado al director de Burisma a pagar millones de dólares por su ayuda:

Problemas con el equipo legal de Hunter Biden

El caso continuó su curso y, días antes de que el hijo de Joe Biden tuviese que testificar ante el tribunal, su equipo legal comenzó a acaparar portadas. El primero en hacerlo fue su abogado, Abbe Lowell. Él arremetió contra Marjorie Taylor Greene cuando la representante de Georgia mostró fotos sexualmente explícitas de su cliente durante una audiencia en el Congreso.

En una carta dirigida a la Oficina de Ética del Congreso (OCE), Lowell aseguró que el comportamiento de la representante fue "abominable" y que atentó "descaradamente contra las reglas de ética de la Cámara y los estándares de conducta oficial":

Le siguió otro de los abogados de Hunter Biden, Kevin Morris. Él fue captado fumando un "bong" mientras recibía la visita de Hunter Biden, aunque no se pudo averiguar qué sustancia contenía.

La misteriosa llamada de Jessica Bengels al Tribunal

Sin embargo, lo más grave sucedió el día anterior a la declaración de Hunter Biden ante el tribunal. Ese día el abogado del comité, Theodore Kittila, denunció que la abogada de Hunter, Jessica Bengels, había fingido pertenecer a su equipo en un intento de que se eliminasen los testimonios trascritos de los dos denunciantes del IRS del juicio. Lo hizo al "tergiversar su identidad" mediante una llamada al Tribunal.

Una acción que se descubrió cuando la jueza del distrito de Delaware encargada del caso, Maryellen Noreika, publicó parte de una carta que recibió en la que Kittila denunciaba lo sucedido:

Horas después, tanto Bengels como el equipo legal de Hunter Biden aseguraron que se trató de un malentendido provocado por la falta de comunicación entre ella y la persona que recibió la llamada:

Hunter Biden se declara no culpable

Ese mismo día, Hunter Biden acudía ante el Tribunal y ante la sorpresa de todos se declaraba provisionalmente no culpable de los dos cargos menores por evasión fiscal. Lo hizo después de conocerse que la magistrada Maryellen Noreika había rechazado el acuerdo que Hunter Biden tenía con el DOJ al tener dudas sobre la constitucionalidad del mismo. Un pacto que evitaría que el hijo del presidente fuese a prisión por un delito de compra y posesión ilegal de un arma de fuego siempre y cuando éste se declarase culpable sobre los delitos fiscales.

Pese a declararse como no culpable, los fiscales del Departamento de Justicia aseguraron que la investigación sobre Hunter Biden sigue en curso, aunque no matizaron las razones de esa investigación.