La Corte Suprema comienza a debatir la autoridad legal de Trump para imponer aranceles

La Corte Suprema inició este miércoles las audiencias sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), un instrumento que data de 1977 y otorga amplias facultades al Ejecutivo en materia de comercio exterior.

Durante la sesión, varios magistrados —incluidos algunos del bloque considerado o cercano al conservadurismo— expresaron su inquietud ante lo que consideran una expansión del poder presidencial en detrimento del Congreso.

“El Congreso, en la práctica, no puede recuperar este poder una vez que se lo ha entregado al presidente”, dijo el juez Neil Gorsuch, nominado por el presidente Donald Trump en 2017, al procurador general John Sauer. “Es un mecanismo que avanza solo en una dirección: hacia la acumulación gradual pero constante de poder en el Poder Ejecutivo y lejos de los representantes electos por el pueblo”.

La demanda contra la Administración Trump cuestiona el uso de la IEEPA por parte del presidente para imponer gravámenes generales a decenas de países en todo el planeta, incluidos un arancel base del 10% y un recargo adicional del 10% a China, al responsabilizarla del envío de fentanilo a Estados Unidos.

Según datos oficiales, estas tarifas han recaudado alrededor de $90.000 millones desde su aplicación.

El Gobierno federal arguye que la ley autoriza al presidente a “regular la importación” de bienes y, por tanto, a establecer aranceles prácticamente a discreción. “El término ‘regular la importación’ claramente abarca los aranceles, que son uno de los métodos más tradicionales de regulación indirecta del comercio exterior”, sostuvo Sauer ante los jueces, que no dudaron en mostrar su escepticismo con fuertes interrogatorios.

La jueza Sonia Sotomayor, designada por Barack Obama, recordó que “el Congreso siempre ha usado los términos ‘regular’ y ‘gravar’ juntos en el código”, mientras que Ketanji Brown Jackson, designada por Biden, señaló que la IEEPA “fue diseñada e ideada para limitar la autoridad presidencial” después de los abusos registrados bajo la antigua Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.

El presidente del tribunal, John Roberts, también tomó la palabra y advirtió sobre la magnitud del poder en juego. “El vehículo es la imposición de impuestos sobre los estadounidenses, y eso siempre ha sido un poder central del Congreso”, afirmó, sugiriendo que la delegación de tales facultades podría contradecir la llamada doctrina de las cuestiones importantes, que exige aprobación legislativa para medidas de gran impacto económico o político.

No obstante, los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas parecieron mostrarse más cercanos a la postura de la Administración Trump.

“Supongamos que hay una amenaza inminente de guerra —no una guerra declarada, sino una amenaza inminente con un enemigo poderoso cuya economía depende fuertemente del comercio con EE. UU.—. ¿Podría el presidente, bajo esta disposición, imponer un arancel como forma de intentar evitar esa guerra?”, planteó el juez Alito.

El caso podría redefinir el alcance del poder presidencial sobre la política comercial y también el rumbo de la Administración Trump en materia económica.

Por el momento, dos tribunales federales inferiores ya determinaron que Trump carecía de autoridad bajo la IEEPA para imponer los llamados “aranceles recíprocos”. Ahora se espera que la Corte Suprema emita su decisión antes de finales de junio.