La Corte Suprema aceptó definir con carácter de urgencia si la mayoría de los aranceles de Trump son legales

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes intervenir de manera acelerada en la disputa sobre la legalidad de los aranceles aplicados por el presidente Donald Trump a las importaciones desde distintos países. El alto tribunal, aceptando los argumentos de la Casa Blanca, escuchará alos legatos en la primera semana de noviembre y dará a conocer su decisión poco después, un calendario inusualmente rápido para un caso de alto impacto y trascendencia.

El debate gira en torno a la autoridad de Trump para imponer tarifas sin aval del Congreso, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los críticos del presidente sostienen que dicha normativa no otorga facultades tan amplias y que la Constitución reserva al Congreso federal la potestad de fijar los aranceles.

Los jueces de la Corte Suprema aceptaron analizar dos procesos para definir el pleito. El primero fue impulsado por la propia Administración Trump, tras un fallo adverso de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal a fines de agosto, que concluyó que el mandatario había excedido sus competencias. El segundo corresponde a una demanda presentada por las compañías Learning Resources y hand2mind, dedicadas a la fabricación de juguetes educativos, que denuncian un perjuicio económico directo por la medida económica.

También entran en discusión los llamados aranceles “recíprocos”, que alcanzan el 34% para productos provenientes de China y establecen un 10% de base para el resto del mundo, así como un gravamen del 25% a bienes de Canadá, México y China, justificado por la Casa Blanca como respuesta a la falta de cooperación en la lucha contra el fentanilo. Otros aranceles importantes y que han tenido gran impacto en algunas industrias, como el 50% al acero y al aluminio, quedan fuera de este proceso judicial.

Doce estados y varias empresas importadoras, entre ellas V.O.S. Selections Inc. y Plastic Services and Products, se sumaron a los litigios. Para todos los actores, incluyendo el Gobierno federal, la urgencia del caso se debe tanto al impacto económico como a la necesidad de definir con claridad los límites del poder presidencial en política comercial.

Si bien la Corte Suprema, cuyos jueces son parcialmente más conservadores en una mayoría de 6-3, ha fallado en varias ocasiones a favor del presidente Trump, los analistas legales coinciden y anticipan que el alto tribunal podría mostrarse más escéptico en esta ocasión, como en otros casos notables. En fallos recientes, el tribunal ya ha limitado el uso expansivo de facultades ejecutivas, como cuando bloqueó el plan del expresidente Joe Biden para perdonar deuda estudiantil.