Un juez federal bloquea la reforma de vacunación de RFK Jr.
La decisión representa un revés importante para la política sanitaria de la Administración Trump.
RFK Jr. en el Senado en una imagen de archivo
Un tribunal federal en Massachusetts ha ordenado suspender la aplicación de una serie de cambios en la política de vacunación impulsados durante el último año por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, liderado por el secretario Robert F. Kennedy Jr.
“La Corte concluye que, además de ser contraria a la ley, la emisión del Memorándum de enero de 2026 fue arbitraria y caprichosa porque abandonó la práctica de larga data de la agencia de obtener recomendaciones del ACIP antes de cambiar los calendarios de vacunación sin explicación suficiente”, escribió en su fallo el juez Brian E. Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, refiriéndose al anuncio de los CDC a principios de año donde se anunció la alteración del calendario de vacunación de niños y adolescentes.
La decisión representa un revés importante para la política sanitaria de la Administración Trump y también abre un nuevo capítulo sobre la evidencia científica en torno a la medida tomada por la principal agencia de salud del país.
El fallo responde a una demanda presentada por varias organizaciones médicas, que cuestionaron la base científica de las modificaciones introducidas en el calendario de inmunización infantil y en el acceso a vacunas contra el Covid-19. Según el juez, los cambios no siguieron los procedimientos habituales de revisión técnica y científica que han guiado este tipo de recomendaciones.
Entre las medidas suspendidas se encontraba la reducción del número de enfermedades cubiertas por la vacunación sistemática y la limitación del acceso a determinadas dosis contra el Covid-19 en algunos grupos de población. También se cuestionó el proceso de renovación del comité asesor encargado de evaluar estas políticas, cuyos nuevos miembros, según los demandantes, no contaban con experiencia suficiente en el ámbito de las vacunas.
Desde la Administración Trump, sin embargo, se ha defendido que las decisiones forman parte de un enfoque legítimo de política sanitaria donde los estándares han sido respetados. Asimismo, los funcionarios argumentan que existe margen para el desacuerdo razonable en cuestiones de salud pública y que las recomendaciones pueden ajustarse en función de distintos criterios, como la percepción social del riesgo o la confianza de la población en los programas de vacunación.
En enero, cuando los CDC anunciaron las nuevas recomendaciones, el entonces subsecretario adjunto de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, en funciones como director interino del organismo, firmó un memorando que respaldó los resultados de una evaluación científica ordenada por el presidente Donald Trump en diciembre. El análisis comparó las prácticas de inmunización infantil en 20 países desarrollados y concluyó que Estados Unidos es un “caso atípico global”, tanto por el número de enfermedades incluidas en su calendario como por la cantidad de dosis recomendadas. Además, señaló que el país no alcanza tasas de vacunación superiores a las de otras naciones que recomiendan menos vacunas.
En el caso legal, los abogados del Gobierno federal arguyeron que la autoridad final sobre la obligatoriedad de las vacunas recae en los estados, por lo que las recomendaciones federales no son vinculantes en todos los casos. En este sentido, la Administración Trump ha defendido que sus medidas buscan ofrecer mayor flexibilidad y responder a un contexto en el que parte de la población muestra reticencias hacia la vacunación.
Durante el proceso judicial, también se planteó que los responsables de estas decisiones cuentan con amplias competencias para definir la política sanitaria, incluso en escenarios donde existe controversia científica. Este argumento fue rechazado por el tribunal, que subrayó la importancia de mantener estándares basados en evidencia.
La resolución no es definitiva y podría ser apelada en instancias superiores. Mientras tanto, el fallo mantiene vigentes las recomendaciones previas y reabre el debate sobre cómo equilibrar criterios científicos, decisiones políticas y confianza pública en materia de salud.
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