Quién las cuida: el impacto de políticas trans en la seguridad de las prisiones femeninas de Massachusetts

Un creciente número de denuncias por abusos sexuales y condiciones inseguras en prisiones femeninas del país ha puesto en el ojo del huracán las políticas de identidad de género en el sistema penitenciario. En este contexto, el Departamento de Justicia (DoJ)ha iniciado investigaciones en varios estados, mientras aumentan los llamados para que Massachusetts sea incluido en la revisión.

El mes pasado, el DoJ anunció una investigación sobre políticas que permiten a reclusos ser alojados según su identidad de género. La medida se enmarca en la Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas (CRIPA), con el objetivo de determinar si determinadas prácticas han expuesto a mujeres encarceladas a riesgos inconstitucionales de violencia o abuso. Las primeras indagaciones se centran en California y Maine.

Sin embargo, diversas voces sostienen que el estado de Massachusetts debería ser el siguiente en la lista. En particular, señalan al centro penitenciario MCI-Framingham, donde actualmente se encuentran alojados más de una decena de reclusos varones que se identifican como mujeres transgénero.

Condenas por delitos graves, incluidos abusos sexuales y homicidios

Según testimonios y documentos citados en la denuncia, algunas de estas personas han sido condenadas por delitos graves, incluidos abusos sexuales y homicidios. Las reclusas aseguran que la convivencia ha generado un entorno de intimidación, acoso y, en algunos casos, agresiones sexuales.

Entre los casos mencionados figura el de Charles Horton, condenado por agresiones sexuales a menores y que cumple condena bajo identidad femenina. También se cita a Wayne Raymond, clasificado como persona sexualmente peligrosa, y a Kenneth Hunt, condenado por el asesinato de dos mujeres. De acuerdo con declaraciones de reclusas, este último habría sido objeto de múltiples acusaciones internas por acoso.

Las denuncias señalan además que las internas se ven obligadas a compartir espacios íntimos, como duchas, con estos reclusos, lo que incrementa la sensación de inseguridad. A esto se suma la situación del personal penitenciario: algunas funcionarias han manifestado que deben realizar registros corporales a internos varones, incluso en casos en los que han sido previamente víctimas de agresión sexual.

Minimizar o desestimar los testimonios: el recurso primero

El Departamento de Correcciones de Massachusetts no ha respondido públicamente a estas acusaciones. Tampoco lo ha hecho la Comisión estatal sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, señalada por algunas participantes en audiencias públicas por minimizar o desestimar testimonios sobre estos hechos.

Mientras las autoridades estatales priorizan políticas santuario vinculadas a la atención médica de afirmación de género, programas de asistencia legal para inmigrantes y la defensa de derechos de la comunidad transgénero en el contexto de tensiones políticas nacionales, diversas denuncias han puesto el foco en la situación de las mujeres recluidas en el centro penitenciario MCI-Framingham.