La Administración Trump rechaza en los tribunales la solicitud de Maduro de desestimar su caso de narcotráfico

La Administración del presidente Donald Trump pidió a un tribunal federal en Estados Unidos que rechace la solicitud del exdictador venezolano Nicolás Maduro de desestimar el proceso penal en su contra por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían solicitado al tribunal el mes pasado que anulara el caso, argumentando que el Gobierno de los Estados Unidos había interferido en su derecho a una defensa adecuada al impedirles utilizar fondos sancionados del Estado venezolano para pagar a sus abogados.

Sin embargo, en un escrito judicial presentado este viernes, los fiscales federales respaldados por la Administración Trump sostuvieron que el argumento del exdictador y su esposa carece de fundamento.

Según los fiscales, los acusados aún pueden utilizar sus propios recursos personales —incluidos fondos compartidos entre ambos— para financiar su defensa, pero no dinero controlado por entidades del régimen venezolano que se encuentran bajo sanciones estadounidenses.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), explicó que ya concedió una excepción limitada a las sanciones que permite a Maduro y a Flores usar sus fondos personales para pagar honorarios legales. No obstante, rechazó autorizar el uso de recursos vinculados al Estado venezolano, al que Washington mantiene bajo un amplio régimen de sanciones.

Los fiscales también afirmaron que una autorización más amplia concedida previamente para utilizar esos fondos fue resultado de un error administrativo y posteriormente fue corregida.

Maduro, quien llegó al poder de Venezuela en 2013, fue capturado junto a su esposa el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia ante un tribunal federal.

La acusación sostiene que el exdictador chavista participó durante años en una red criminal que colaboró con narcotraficantes para enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Los fiscales afirman que Maduro y sus aliados habrían utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar esas operaciones.

Tras su captura, Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras avanza el proceso judicial.

La disputa actual sobre el financiamiento de su defensa se ha convertido en uno de los primeros grandes enfrentamientos legales dentro del caso. Los abogados de Maduro sostienen que impedir el acceso a fondos necesarios para pagar a su equipo jurídico vulnera su derecho constitucional a contar con representación legal adecuada.

Los fiscales, por su parte, insisten en que las sanciones contra el régimen venezolano no pueden utilizarse para canalizar dinero estatal hacia la defensa de un acusado en un proceso penal en Estados Unidos.