Minnesota bajo la lupa: más de 400 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales fueron arrestados y apuntan a las 'políticas santuario'
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, fue tajante: aseguró que las autoridades estatales y locales "no protegieron a la población de Minnesota" y que, por el contrario, "permitieron que depredadores sexuales y criminales peligrosos circularan libremente".
Agentes de CBP y del ICE patrullan las calles (Archivo)
Minnesota quedó en el centro de la polémica tras la detención de más de 400 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, incluidos pedófilos convictos, violadores y delincuentes violentos, como resultado de la Operación Metro Surge, encabezada por autoridades federales de inmigración.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no dudaron en señalar a las políticas santuario impulsadas por el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, como el caldo de cultivo que permitió que estos criminales permanecieran en libertad.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, fue tajante: aseguró que las autoridades estatales y locales "no protegieron a la población de Minnesota" y que, por el contrario, "permitieron que depredadores sexuales y criminales peligrosos circularan libremente". Según dijo McLaughlin en un comunicado de la agencia, la intervención federal fue necesaria precisamente porque las políticas santuario bloquearon la cooperación con las fuerzas federales, dificultando la expulsión de extranjeros con órdenes finales de deportación.
"Tim Walz y Jacob Frey continúan demonizando a nuestra valiente policía"
"Los agentes del ICE arrestaron a más de 400 inmigrantes indocumentados, entre ellos pedófilos, violadores y matones violentos", afirmó McLaughlin. "Minnesota es más segura sin estos matones en sus calles. En lugar de agradecer a nuestra policía por expulsar a los delincuentes de sus comunidades, Tim Walz y Jacob Frey continúan demonizando a nuestra valiente policía".
El DHS difundió ejemplos concretos de los detenidos que ilustran la gravedad de la situación: extranjeros con condenas por violación, abuso sexual de menores, agresiones con armas, secuestro y robos, muchos de ellos con órdenes de deportación vigentes desde hace más de una década que nunca se ejecutaron. Entre los casos figuran individuos condenados por abusos sexuales contra niños menores de 13 años, violaciones múltiples y agresiones armadas, provenientes de países como Laos, Birmania, Somalia, México y Ecuador.
El DHS presentó algunos de los peores inmigrantes ilegales criminales arrestados por ICE en la Operación Metro Surge:
- Ban Du La Sein, de 47 años, inmigrante ilegal de Birmania, fue condenado por conducta sexual delictiva en tercer grado mediante fuerza o coerción en el condado de Nobles. Fue sentenciado a cuatro años de prisión y 10 años de libertad condicional. Du La Sein tiene una orden de deportación definitiva desde el 27 de febrero de 2014.
- Vannaleut Keomany, de 59 años, inmigrante ilegal delincuente de Laos, fue condenado por dos cargos de violación en Columbus, Ohio. Fue sentenciado a siete años de prisión. Keomany tiene una orden de deportación definitiva desde el 17 de diciembre de 2009.
- Sing Radsmikham, de 52 años, inmigrante ilegal de Laos, fue condenado por conducta sexual delictiva de cuarto grado mediante fuerza o coerción en el condado de Roseau. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y 10 años de libertad condicional. Radsmikham tiene una orden de deportación definitiva desde el 30 de marzo de 2004.
- Liban Ali Osman, de 43 años, delincuente indocumentado de origen somalí, fue condenado por robo en Columbus, Ohio. Fue sentenciado a tres años de prisión. Osman tiene una orden de deportación definitiva desde el 17 de mayo de 2011.
- Tou Vang, un delincuente extranjero ilegal de 42 años de Laos que fue condenado por conducta sexual delictiva en primer grado con una niña menor de 13 años. Vang tiene una orden final de deportación desde el 31 de octubre de 2006.
- Por Moua, un delincuente indocumentado de 50 años procedente de Laos, fue condenado por lesiones corporales graves en primer grado y condenado a 14 años y siete meses de prisión; conducta sexual en tercer grado y condenado a 18 meses de prisión; relaciones sexuales con un menor (en California) y condenado a 210 días de prisión; y privación ilegal de la libertad (en California) y condenado a un año y cuatro meses de prisión . Moua tiene una orden de deportación definitiva desde el 31 de octubre de 2000.
- Javier Bulmaro Turrubiartes, un delincuente extranjero de México de 49 años de edad, que ha sido arrestado por solicitar a niños a través de comunicaciones electrónicas para participar en conductas sexuales y condenado por contratar o aceptar contratar a un niño menor de 16 años para la prostitución , por lo que fue sentenciado a 75 días de cárcel y 75 días de libertad laboral.
- Somvang Phrachansiry, un delincuente indocumentado de 63 años procedente de Laos, fue condenado por conducta sexual delictiva en tercer grado y agresión con arma peligrosa en segundo grado . Fue condenado a un total de ocho años y seis meses por estos delitos. Phrachansiry tiene una orden de expulsión definitiva desde el 23 de mayo de 2001.
- Ángel Edwin Quiquintuna Capuz, de 26 años, inmigrante ilegal y delincuente ecuatoriano, fue condenado por robo en Columbus, Ohio, y sentenciado a tres años de prisión. También fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, agredir a un policía, obstruir el proceso legal y desarmar a un agente del orden público .
- Joel Cuautle-Ocelotl, de 51 años, delincuente extranjero originario de México, fue condenado por agresión en tercer grado con intención de causar lesiones físicas en Nueva York y por conducir bajo la influencia del alcohol en Minnesota. Cuautle-Ocelotl tenía una orden de deportación definitiva desde el 3 de febrero de 2010; la orden se restableció el 12 de mayo de 2012 y el 4 de noviembre de 2020.
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Para las autoridades federales, la Operación Metro Surge se diseñó precisamente para identificar a los "peores de los peores", delincuentes que -según el DHS- eligen estados santuario como refugio, confiados en que los gobiernos locales no cooperarán con ICE. En ese contexto, el organismo anunció además el lanzamiento de una base de datos interactiva que detalla el número y tipo de criminales extranjeros arrestados y expulsados del país.
El mensaje desde Washington es claro y confrontativo: mientras líderes locales defienden las políticas santuario como una herramienta de inclusión, el gobierno federal sostiene que estas medidas ponen en riesgo directo a la población, al priorizar la protección de inmigrantes indocumentados incluso cuando cuentan con historiales criminales graves. La batalla política está abierta, pero los arrestos masivos ya encendieron una alarma que resuena con fuerza en Minnesota.
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