"Estados soberanos por encima del globalismo": Marco Rubio promete una ofensiva diplomática para desmantelar la CPI

El secretario de Estado Marco Rubio anunció el lunes una campaña diplomática de la Administración Trump para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), en la disputa más reciente entre Washington y el tribunal con sede en La Haya. El anuncio se difundió a través de una columna de opinión en el Wall Street Journal y un mensaje de video publicado en redes sociales.

"Estados Unidos está lanzando una campaña diplomática con un mensaje simple: los Estados soberanos por encima del globalismo", escribió Rubio en su columna. "Usando todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno, trabajando junto a cada aliado con el que podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI, ladrillo por ladrillo si es necesario".

El anuncio se produce luego de que tres jueces del tribunal presentaran una demanda en Nueva York el mes pasado contra la Administración Trump, en la que argumentan que las sanciones impuestas contra ellos son ilegales.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a Reuters que las herramientas diplomáticas incluyen prohibiciones de viaje, revocación de visas, mayores sanciones contra la CPI y organizaciones afiliadas, y presión sobre otras naciones para que se retiren del tribunal.

En su mensaje de video, Rubio acusó a la CPI de ser "un tribunal global integrado por burócratas globalistas no electos que afirman tener un poder casi ilimitado", y en su columna sostuvo que el organismo está "respaldado y dirigido por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos".

Según el Departamento de Estado, permitir que la CPI juzgue a estadounidenses "significaría la muerte de Estados Unidos como nación soberana e independiente".

La CPI fue establecida en 2002 para perseguir el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Un total de 125 países han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, el tratado que dio origen al tribunal. Estados Unidos nunca lo ratificó.

En la práctica, sin embargo, hay pocas posibilidades de que la corte pueda llevar a estadounidenses a juicio, pues no cuenta con fuerza policial propia y depende de que los Estados miembros ejecuten los arrestos. Más de 100 países han firmado acuerdos con Washington en los que se comprometen a no entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal.