Máxima tensión en el Capitolio: El ala conservadora del Senado obliga a la Casa Blanca a sepultar el plan de compensación legal
"No vamos a seguir adelante con el fondo. Punto", declaró Blanche de manera tajante ante el subcomité de asignaciones de la Cámara Baja.

Todd Blanche.
La Administración Trump ha decidido dar marcha atrás en uno de sus proyectos institucionales más controvertidos en el ámbito legal.
El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, anunció de forma oficial el descarte definitivo del fondo de 1.800 millones de dólares destinado a combatir la denominada "instrumentalización" del sistema judicial.
La medida se adoptó este martes durante una audiencia presupuestaria en la Cámara de Representantes, sepultando una iniciativa que había generado un intenso debate dentro del propio bloque republicano.
"No vamos a seguir adelante con el fondo. Punto", declaró Blanche de manera tajante ante el subcomité de asignaciones de la Cámara Baja.
La decisión responde a las crecientes presiones de legisladores de ambos partidos en el Capitolio, quienes argumentaban que la estructura del fideicomiso, orientada originalmente a resarcir a ciudadanos afectados por procesos judiciales con motivaciones presuntamente políticas, carecía del consenso legislativo necesario y amenazaba con bloquear otras prioridades de la agenda de gobierno.
Resistencia en las filas republicanas y el freno a la agenda fronteriza
El principal obstáculo para el fondo provino del propio Senado, donde la bancada de la mayoría republicana notificó a la Casa Blanca que no daría curso a un ambicioso paquete multianual de aplicación de leyes migratorias valorado en 70.000 millones de dólares hasta que se cancelara el programa de justicia.
Dicho paquete migratorio se tramita mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria, lo que permite eludir el umbral habitual de 60 votos en la Cámara Alta. Ante el riesgo de parálisis en una promesa electoral central como la seguridad fronteriza, la administración optó por replegar el proyecto legal.
La tensión interna escaló el mes pasado durante una sesión a puerta cerrada de la Conferencia Republicana, descrita por el senador Ted Cruz como "una de las reuniones más duras" que ha presenciado en el Senado, en la cual varios legisladores confrontaron con dureza a Blanche.
Las dudas persistían incluso después de que el Departamento de Justicia acatara una orden judicial que congelaba temporalmente los trabajos del fondo. Senadores como John Curtis (R., Utah) habían exigido una confirmación inequívoca de que el proyecto estaba completamente descartado antes de destrabar las negociaciones legislativas.
El acuerdo sobre las auditorías fiscales se mantiene inalterado
A pesar del desmantelamiento del fondo de 1.800 millones, Blanche precisó que el Departamento de Justicia mantendrá los términos de un acuerdo relacionado que estipula el cese de las auditorías fiscales pendientes sobre la figura del presidente, sus familiares y asociados.
Ambos compromisos iniciales formaban parte de una resolución extrajudicial por la cual el mandatario accedió a retirar sus demandas contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) debido a la filtración ilegal de sus declaraciones de renta, renunciando además a reclamaciones por valor de 230 millones de dólares asociadas a investigaciones previas.
El destino de este apartado del acuerdo continúa bajo el escrutinio del Capitolio. Mientras referentes del liderazgo republicano como el senador John Cornyn (R., Texas) anticiparon que este blindaje fiscal podría ser objeto de impugnaciones en los tribunales por su carácter inédito en acuerdos con el Ejecutivo, el ala demócrata, encabezada por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D., NY), instó a promover legislación que impida de forma permanente este tipo de resoluciones administrativas.
Con la confirmación del cierre definitivo del fondo por parte del Departamento de Justicia, el liderazgo republicano en el Senado, encabezado por el líder de la mayoría John Thune (R., SD), confía en recuperar la certidumbre técnica indispensable para avanzar de manera inmediata en la aprobación de los fondos destinados al control fronterizo y la seguridad nacional.
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