Acorralado por jueces y republicanos rebeldes, Trump planea dar marcha atrás al fondo de $1,800 millones para compensar a víctimas de "persecución política"

El presidente Donald Trump planea dar marcha atrás y abandonar su propuesta de crear un fondo de $1,800 millones destinado a compensar a personas que alegan haber sido víctimas de persecución política por parte del Gobierno federal, según fuentes cercanas al mandatario citadas por el New York Times y NBC News.

La retirada llega después de una semana de reveses judiciales y de una inusual rebelión dentro del propio Partido Republicano en el Senado.

El Departamento de Justicia formalizó la señal este lunes al anunciar que acataría la orden temporal de una jueza federal que suspendió el fondo hasta al menos el 12 de junio, cuando está programada una audiencia. Aunque el departamento dijo "discrepar firmemente" con la resolución, no indicó si tiene intención de seguir combatiéndola en los tribunales. En privado, según los reportes, varios funcionarios de la Administración reconocieron sentir alivio por la disposición, ya que, para muchos, el fallo judicial representó una salida de un enredo que el propio equipo de Trump había creado.

Una propuesta complicada de ejecutar

El fondo, bautizado como Fondo Contra la Instrumentalización del Gobierno Federal, nació de un acuerdo extrajudicial entre el Departamento de Justicia y los abogados personales de Trump para resolver la demanda de $10,000 millones que el presidente había interpuesto contra el Servicio de Rentas Internas (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. En lugar de llegar a juicio, ambas partes acordaron crear este pozo de recursos para compensar a quienes alegaran haber sido procesados injustamente bajo la Administración Biden. El trato también otorgó al presidente, su familia y sus empresas amplias protecciones frente a investigaciones del IRS.

La propuesta generó rechazo inmediato, incluso dentro del Partido Republicano. Los críticos más duros calificaron la idea de caja chica para recompensar con dinero público a los aliados políticos del presidente, y la controversia llegó al punto que bloqueó el avance del proyecto de ley de reconciliación que los republicanos intentan aprobar para financiar el ICE y la Patrulla Fronteriza.

La rebelión republicana

Según el senador Ted Cruz, de Texas —quien dijo respaldar personalmente el fondo— aproximadamente la mitad de la bancada republicana en el Senado estaba dispuesta a votar con los demócratas para frenarlo. El punto de quiebre quedó expuesto durante una reunión privada del 21 de mayo entre senadores republicanos y el fiscal general en funciones, Todd Blanche, que rápidamente se tornó tensa.

"Mi cálculo es que, de los 45 senadores en la sala, al menos la mitad estaba atacando al fiscal general, y estaban furiosos. Varios senadores le gritaban diciendo que esto parecía un conflicto de interés", relató Cruz en su podcast Verdict. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien admitió no haber sido consultado antes del anuncio, señaló este lunes que la mejor salida era que la propia Administración cerrara el fondo.

Los golpes judiciales

El viernes pasado, el fondo sufrió dos reveses en los tribunales casi de manera simultánea. La jueza Leonie M. Brinkema, en Alexandria, Virginia, lo suspendió en su totalidad tras una demanda presentada por un exfiscal federal despedido por la Administración Trump después de participar en los procesos judiciales contra los autores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El exfiscal argumentó que el fondo había sido diseñado para beneficiar exclusivamente a seguidores del presidente, excluyéndolo de cualquier compensación.

Ese mismo día, la jueza Kathleen M. Williams, en Miami, reabrió la demanda original contra el IRS para investigar si el acuerdo que dio vida al fondo estuvo "basado en el engaño" y si Trump actuó en connivencia con su propio Gobierno para cerrar el caso y eludir el escrutinio judicial. La decisión llegó después de que un grupo bipartidista de 35 exjueces federales presentara escritos ante el tribunal instándola a examinar los términos del acuerdo.

Los demócratas siguen presionando

A pesar de la aparente retirada de la administración, los demócratas en el Congreso anunciaron que mantendrán la presión para prohibir el fondo por ley y evitar que pueda ser resucitado en el futuro.

"Si Trump y los republicanos realmente están abandonando este esquema corrupto, no tendrán ningún problema en prohibirlo por ley. La palabra de Trump no es suficiente", advirtió el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. El legislador neoyorquino anticipó que, si el proyecto de reconciliación vuelve al piso del Senado, la primera enmienda que presentará será para vedar el fondo de forma permanente.

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, el grupo que encabezó la demanda en Virginia, también mantuvo la cautela: "Hasta que la Administración abandone completamente el esquema y el daño a nuestros clientes sea reparado, seguiremos en los tribunales".

De momento, si Trump efectivamente descarta el fondo, sus aliados aún tendrían otras vías para reclamar compensaciones: demandas individuales o reclamaciones administrativas que el Gobierno podría resolver caso por caso, como ya ocurrió en marzo, cuando el Departamento de Justicia acordó pagar $1.25 millones a Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional, para zanjar alegaciones de persecución judicial.