La respuesta de los estados demócratas al fondo "anti-weaponization" de Trump: gravar sus pagos al 100% para que no quede ni un centavo
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue uno de los primeros en respaldar la medida. "Es una acción que esperamos tomar".

Gavin Newsom en Nueva York en una imagen de archivo
Líderes demócratas de varios estados del país han ideado una estrategia inusual para frenar el fondo de compensación de $1.800 millones de dólares que el presidente Donald Trump estableció para personas que alegan haber sido investigadas injustamente por el gobierno: gravarlo al 100%.
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue uno de los primeros en respaldar la medida. "Es una acción que esperamos tomar", afirmó. Legisladores en Nueva York y Wisconsin ya trabajan en proyectos de ley, y candidatos demócratas en estados de mayoría azul se están sumando a la táctica.
"El fondo es un robo descaradamente corrupto del dinero de los contribuyentes, y debemos hacer todo lo posible para detenerlo", declaró el senador Michael Bennet, principal candidato demócrata a la gobernación de Colorado. "Creo que esto no le va a sentar bien ni a republicanos ni a demócratas en Estados Unidos".
El fondo, anunciado a principios de este mes, nació de un acuerdo por el cual Trump retiró una demanda de $10.000 millones contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos, a cambio de crear un pozo de 1.776 millones destinado a compensar a quienes alegan haber sido procesados injustamente, en línea con su narrativa de un sistema de justicia "instrumentalizado" contra él y sus aliados.
La iniciativa generó rechazo tanto en demócratas como en algunos republicanos. Un juez federal la bloqueó temporalmente el viernes, mientras los críticos cuestionan cómo se distribuirá el dinero y temen que vaya principalmente a aliados del presidente Trump.
En California, el presidente del Comité de Presupuesto de la Asamblea, Jesse Gabriel, anunció que los demócratas planean incluir el impuesto en el presupuesto estatal. "Ese dinero pertenece a los contribuyentes, y nos aseguraremos de que se quede con los contribuyentes", sostuvo. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul se mostró favorable a la idea después de que legisladores de su estado comenzaran a impulsar el gravamen del 100%. "No tengo ningún problema con que haya consecuencias para las personas que acepten ese dinero", dijo a periodistas, calificando de "obsceno" premiar "a personas que han cometido delitos o injusticias".
El impulso en Nueva York lo encabeza Alex Bores, miembro de la Asamblea que se postula al Congreso. "Es simple: si eres neoyorquino y tomas dinero de este fondo ilegal, el estado de Nueva York gravará el 100% de ese monto", dijo en un video publicado en X. "Si asaltaste el Capitolio y tomas de este fondo, mala suerte, te lo vamos a quitar".
La idea también está ganando terreno fuera de los bastiones demócratas. En Wisconsin —estado en disputa electoral— los demócratas presentaron la Ley de No Dinero de los Contribuyentes para Insurrectos, en alusión a los temores de que los pagos beneficien a personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 o por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.
Desde el Departamento de Justicia, la portavoz Natalie Baldassarre salió al cruce y criticó a los gobernadores demócratas: "En lugar de alardear de su amor por la guerra judicial y aplastar a sus ciudadanos con impuestos, los gobernadores de los estados azules deberían enfocarse en evitar que más residentes huyan en masa hacia estados libres con menos impuestos, menos crimen y gobiernos que realmente sirven a la gente que representan".
La estrategia estatal podría enfrentar obstáculos legales. Lawrence Zelenak, profesor de la Facultad de Derecho de Duke, recordó que el fallecido juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes Jr. advirtió en su momento que "el poder de gravar no es el poder de destruir mientras este tribunal sesione", en alusión a los límites constitucionales de esa herramienta.
El propio fondo también tiene los días contados en los tribunales, al menos por ahora. La jueza federal Leonie M. Brinkema, del Distrito de Virginia, ha programado una audiencia para el 12 de junio.