Trump 'toma' Washington DC: ¿está el presidente saltándose la ley?

"No solo tratará sobre el fin de la delincuencia, los asesinatos y las muertes en la capital de nuestra nación, sino también sobre la limpieza y la renovación física general y el estado de nuestra capital, que en su día fue hermosa y estaba bien cuidada”. Así explicó Donald Trump su decisión de tomar el control de las fuerzas de seguridad en Washington DC.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, el presidente remarcó que la capital es la carta de presentación de un país hacia el mundo, por lo que era necesario tomar acción de forma urgente.

La medida sin precedentes fue invocar la sección 740 de la Home Rule Act, la legislación que en 1973 estableció el autogobierno de la ciudad que antes estaba regida por el Congreso.

En la práctica, la legislación le otorgó a DC un gobierno local propio, compuesto por un alcalde y un Concejo Municipal electo por los residentes. Así, este puede aprobar leyes sobre asuntos locales, aunque siempre bajo la supervisión del Congreso.

Dicha ley también incluyó la sección 740, a la cual Trump se aferra para transformar la ciudad. Aunque muchos demócratas hayan definido la iniciativa de la Casa Blanca como un “asalto de poder federal contra la voluntad de líderes electos”, lo cierto es que la legislación ampara el accionar de Trump.

¿Qué dice la sección 740 de la Home Rule Act?

Así como la Home Rule Act de 1973 se diseñó para darle autonomía a la capital del país, también incluyó una puerta trasera en caso de que las cosas se descontrolen. Esa es precisamente la sección 740.

En caso de que fuera necesario, el presidente puede tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) por un periodo de 30 días, siempre y cuando Trump notifique al Congreso de su decisión.

“Siempre que el presidente de los Estados Unidos determine que existen condiciones especiales de carácter de emergencia que requieren el uso de la fuerza policial metropolitana para fines federales, el alcalde del Distrito de Columbia proporcionará los servicios de la fuerza policial metropolitana que el Presidente considere necesarios y apropiados”, se lee en la ley.

Es importante señalar que el texto no especifica que deba existir una emergencia real, sino que alcanza con que el presidente determine que tal emergencia existe.

Sobre la duración de estas facultades, existe una zona ambigua. Si bien es poco probable que se extienda por más de 30 días, dado que se necesitaría una resolución aprobada por ambas cámaras del Congreso, la sección 740 no contempla expresamente que el presidente pueda “encadenar” o prorrogar indefinidamente esta emergencia.

Si un presidente intentara declarar una nueva emergencia justo después de que expire la anterior, argumentando que es “otra” emergencia, no existe una disposición que lo prohíba expresamente. Sin embargo, esta acción probablemente termine pasando por algún tribunal, dado que el espíritu del Congreso fue limitar la intervención presidencial temporal.

¿Y qué pasa con la Guardia Nacional?

En todo el país, son los gobernadores los que activan a la Guardia Nacional para que actúe sobre diferentes situaciones, como disturbios, emergencias o desastres naturales.

En el caso de Washington DC, al no ser un estado, la Guardia Nacional depende directamente de la Casa Blanca. Conforme al título 32, sección 109 del Código de Estados Unidos y al título 49, sección 409 del Código de DC, la Guardia Nacional de la capital del país está “subordinada al Presidente de los Estados Unidos” en todo momento.

Por lo tanto, Trump no necesita ninguna emergencia ni situación especial para ordenar el despliegue de estas fuerzas. Aunque el alcalde puede solicitar su despliegue, en este caso Muriel Bowser, la decisión final pasa por el Salón Oval.

Otra cuestión es bajo qué marco legal se despliega a la Guardia Nacional. La Posse Comitatus Act (PCA) limita que las fuerzas armadas federales intervengan en tareas policiales dentro del país. Cuando la Guardia Nacional está federalizada (bajo el Título 10), se considera fuerza federal y debe respetar estas limitaciones.

Distinto es el caso si el despliegue se realiza bajo el Título 32. En ese estatus, la Guardia Nacional sigue bajo control estatal o local y no se considera fuerza federal, por lo que puede apoyar a la policía en tareas de orden público. De esta manera, puede desplegarse sin violar el PCA.