La Corte Suprema falló a favor de la Administración Trump para acelerar las deportaciones a terceros países

La Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) falló a favor de la Administración Trump para permitir que acelere las deportaciones a terceros países. Se trata de una serie de casos en los que los deportados irán a países en donde no tienen vínculos familiares. El máximo tribunal del país accedió al pedido de la Casa Blanca y anuló el bloqueo previo del juez federal de distrito Brian Murphy. 

En abril, el juez nominado por el presidente Joe Biden, prohibió inicialmente que el Gobierno ejecute deportaciones a terceros países sin antes garantizar el "debido proceso". En mayo, una docena de personas catalogadas como criminales violentos por el Departamento de Justicia fueron enviadas a África sin posibilidad de impugnar su remoción. 

Si bien los inmigrantes en cuestión eran de países como Vietnam, Cuba, Myanmar, Laos y México, la iniciativa de la Administración Trump buscaba sacar del país a personas que Estados Unidos no podía devolver a sus países de origen sin ofrecerles notificación previa ni oportunidad de reclamar. 

Ante esta situación, Murphy ordenó que estos inmigrantes ilegales permanecieran bajo custodia estadounidense hasta que puedan presentar reclamos legales. Esto le dio más tiempo a quienes tenían órdenes de deportación para impugnar esta designación ante los tribunales.

Para John Sauer, procurador general, la acción del juez carecía de "una base legal plausible y pone en peligro los intereses de política exterior y seguridad nacional de este país". A finales de mayo, el DOJ pidió que la Corte Suprema intervenga y autorice las deportaciones a Sudán del Sur y otros países.

En este contexto, el máximo tribunal del país le dio la razón a la Casa Blanca, anulando así la decisión de Murphy. El fallo fue de 6-3, con Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett en la mayoría. Del otro lado quedaron Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. 

La decisión le otorga a la Administración Trump más facilidades para llevar a cabo la política de deportación masiva. En concreto, afecta aquellos casos que involucran a países que se resisten a recuperar a sus propios ciudadanos cuando se les ordena su deportación de los Estados Unidos. 

Si bien la mayoría no ofreció una opinión sobre el caso, los jueces disidentes criticaron la decisión, calificándola como "incomprensible" e "inexcusable". 

“En lugar de permitir que nuestros colegas de tribunales inferiores gestionen este litigio de alto riesgo con el cuidado y la atención que claramente requiere, este Tribunal interviene ahora para conceder al Gobierno un alivio de emergencia de una orden que ha desafiado repetidamente", escribió la jueza Sotomayor, acompañada por Kagan y Jackson. 

"Aparentemente, el tribunal considera más aceptable la idea de que miles de personas sufrirán violencia en localidades remotas que la remota posibilidad de que un Tribunal de Distrito excediera sus poderes correctivos cuando ordenó al Gobierno proporcionar la notificación y el proceso a los que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente. (...) Ese uso de la discreción es tan incomprensible como inexcusable”, añadieron.