Clarence Thomas, 'master class' contra la "expert class": "Los estadounidenses y sus representantes tienen derecho a discrepar con los autodenominados expertos"

Clarence Thomas coincidió "en su totalidad" con la mayoría de la Corte Suprema que, este miércoles, ratificó una ley de Tennessee contra los tratamientos trans en menores. Le quedó, sin embargo, por decir: en 23 páginas que acompañan al fallo añadió palabras propias a las de John Roberts, redactor de la opinión vencedora, para "abordar algunos argumentos adicionales".

"Este caso encierra una lección sencilla: en los debates políticamente polémicos sobre asuntos rodeados de incertidumbre científica, los tribunales no deben dar por sentado que los autodenominados expertos tienen razón", escribió el magistrado conservador. A continuación, escribió pruebas que, a sus ojos, sustentan este escepticismo: 

"Muchos destacados profesionales de la medicina han sostenido que existe un consenso en torno a la eficacia del tratamiento de la disforia de género infantil con bloqueadores de la pubertad, hormonas e intervenciones quirúrgicas, a pesar de las crecientes pruebas de lo contrario".

"Han pasado por alto problemas graves bajo la suposición de que los niños pequeños pueden dar su consentimiento a tratamientos irreversibles, tratamientos que podrían privarlos de su capacidad de tener hijos propios".

"Han basado sus decisiones médicas en pruebas manifiestamente débiles. Y han comprometido subrepticiamente sus recomendaciones médicas para lograr fines políticos".

En semejantes asuntos de "incertidumbre médica", pero "extraordinaria importancia", el poder de decisión pertenece al pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático, afirma. "Prerrogativa soberana”, que, dice, "no se inclina ante las 'principales organizaciones médicas'". 

"En conjunto, este caso sirve de útil recordatorio de que el pueblo estadounidense y sus representantes tienen derecho a discrepar de quienes se autoproclaman expertos", reflexiona. Y de que las cortes no pueden tomar el lugar de las Legislaturas. "El Tribunal reserva al pueblo de Tennessee el derecho a decidir por sí mismo".

¿Consenso médico?

Thomas no sólo cuestiona a los "autodeterminados expertos", sino también la existencia de un consenso médico sobre los tratamientos trans para niños. Argumento esgrimido por la Administración Biden para defender su intento de tumbar la ley de Tennessee.

"Apelar a la autoridad de la clase de los expertos, y concedérsela, plantea varios problemas", sostiene el togado, enumerando entre otros que "no existe consenso médico sobre la mejor manera de tratar la disforia de género en los niños".

"Los tratamientos en cuestión son objeto de un debate en rápida evolución que demuestra la falta de consenso médico sobre sus riesgos y beneficios", añade. Es "insostenible" afirmar que existe tal comunión profesional a favor de los tratamientos en menores.

Más adelante asegura que "los profesionales médicos han expresado cada vez más dudas sobre la calidad de las pruebas que apoyan el uso de bloqueantes de la pubertad, hormonas sexuales cruzadas y cirugías". 

"En los últimos años, las autoridades sanitarias de distintos países han llegado a la conclusión de que estos tratamientos de transición de sexo son experimentales en la práctica, y que las pruebas que apoyan su uso son de 'muy baja certeza', 'insuficientes' y 'no concluyentes'", añade.

¿Pueden los menores dar su consentimiento?

Para que una intervención médica sea ética, asegura, es imprescindible el consentimiento del paciente. "A pesar de que los supuestos expertos consideran que los niños pequeños pueden dar su consentimiento informado", la decisión final está en manos de los estados.

Estos últimos, "podrían concluir razonablemente que el nivel de desarrollo cognitivo y emocional de los niños pequeños inhibe su capacidad para consentir tratamientos de transición de sexo":

"Consideremos el contenido de un formulario de consentimiento obtenido en una clínica de sexo de Alabama. Después de proporcionar una larga lista de posibles riesgos y efectos secundarios [...] el formulario exige que tanto el niño como los padres firmen con sus iniciales varias declaraciones de consentimiento. Entre ellas, se reconoce que 'los efectos secundarios y la seguridad de estos medicamentos no se conocen por completo', que el tratamiento propuesto 'puede afectar mi vida sexual de diferentes maneras y mi capacidad futura de causar un embarazo', y que los tratamientos pueden provocar infertilidad permanente. La capacidad de consentir conscientemente a estas intervenciones médicas requiere un nivel de comprensión de la ciencia, el sexo y la fertilidad que las legislaturas estatales podrían determinar que un niño probablemente no posee".

A estas pruebas, Thomas añade el caso de los detransitioners: jóvenes y adultos arrepentidos de sus tratamientos trans. Voces que, afirma, "proporcionan a los Estados una razón adicional para cuestionar si los niños dan su consentimiento con conocimiento de causa". Y nuevamente vuelve a Alabama: 

"Alabama presentó pruebas de muchos 'detransitioners' que declararon de manera uniforme que no eran conscientes de las repercusiones a largo plazo de los tratamientos a los que se habían sometido".

Intereses políticos

El argumento final de Thomas para poner entre interrogantes los testimonios de la "clase experta", es que "revelaciones recientes sugieren que las principales voces en este ámbito se han basado en pruebas cuestionables y han permitido que la ideología influya en sus orientaciones médicas".

En específico, apunta contra la World Professional Association for Transgender Health (WPATH), "considerada durante mucho tiempo un referente en el tratamiento de la disforia de género pediátrica". Nuevas pruebas sugieren, apunta, que "basa sus orientaciones en pruebas insuficientes y permite que la política influya en sus conclusiones médicas".

"Peor aún, informes recientes han puesto de manifiesto que WPATH cambió su orientación médica para adaptarse a la presión política externa", añade. Presiones, dice, de la Administración Biden: la organización habría accedido a eliminar los mínimos de edad para cirugías en sus recomendaciones tras recibir intimidaciones de la Casa Blanca.