Una corte de apelaciones declara inconstitucional la prohibición del Pentágono a militares transgénero

Una corte federal de apelaciones dictaminó este lunes que la política impulsada por la Administración Trump para prohibir el servicio militar de personas transgénero probablemente es inconstitucional, en un nuevo revés judicial para la medida.

La decisión fue adoptada por un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que falló por mayoría de 2 a 1. Los jueces Judith Rogers y Robert Wilkins concluyeron que la política, implementada el año pasado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, estaría motivada por prejuicios hacia las personas transgénero y vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Una protección limitada solo a los transgénero que ya están en filas

Wilkins sostuvo que la justificación oficial del Gobierno  era "un pretexto" y que, en realidad, la medida respondía, al menos en parte, a un interés ilegítimo de perjudicar a un grupo políticamente vulnerable. Asimismo, señaló que el propio Trump había declarado a las personas transgénero "categóricamente no aptas" para el servicio militar debido a su identidad de género.

El fallo mantiene vigente una orden judicial preliminar que impide al Departamento de Defensa expulsar a los militares transgénero actualmente en servicio que forman parte de la demanda. Sin embargo, el tribunal limitó el alcance de esta protección exclusivamente a los demandantes en activo, permitiendo que la Administración continúe aplicando restricciones a quienes intentan alistarse y fueron bloqueados por la nueva política.

La corte dividida respalda un fallo previo pero mantiene abierta la batalla legal

La resolución de la corte  de apelaciones respalda en gran medida una decisión previa de marzo de 2025 de la jueza federal Ana Reyes, quien ya había determinado que la orden ejecutiva de Trump probablemente violaba los derechos constitucionales de los afectados. El Gobierno recurrió ese fallo tras la concesión de la medida cautelar solicitada por ocho demandantes, incluidos seis militares en activo.

Pese al revés judicial, la decisión no entrará en vigor de inmediato, lo que otorga a la Administración margen para solicitar que el caso sea revisado por el pleno de la corte de apelaciones. En paralelo, la Corte Suprema (SCOTUS) permitió el año pasado la aplicación de la prohibición mientras continúan los litigios, y existen otros casos en curso, incluido uno en el estado de Washington que también ha fallado a favor de los demandantes.

La división entre los jueces quedó reflejada en el voto discrepante de Justin Walker, designado por Trump en 2020, quien se opuso a la decisión mayoritaria. Por su parte, Wilkins y Rogers fueron nombrados por los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, respectivamente.