Un Juez federal ordena que la Administración Trump mantenga bajo custodia a inmigrantes deportados a Sudán del Sur y advierte de posible desacato

Un juez federal en Boston ordenó este martes que los inmigrantes deportados a Sudán del Sur deben permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias de EEUU, luego de que concluyera que esas deportaciones violarían una orden judicial previa que protegía a personas en riesgo de persecución o tortura.

La decisión fue emitida por el juez Brian Murphy, nombrado por el expresidente Joe Biden, quien anteriormente dictó una medida cautelar en abril donde prohibió al Gobierno ejecutar deportaciones a terceros países sin antes garantizar el debido proceso a las personas deportadas.

Varias de las personas deportadas cuentan con antecedentes criminales importantes, según el Departamento de Justicia.

Según los abogados demandantes, al menos una docena de personas —provenientes de países como Myanmar, Vietnam, Laos, Pakistán, Tailandia y México— fueron enviadas a África sin posibilidad de impugnar su remoción, lo que constituiría una violación del debido proceso, arguyeron.

“Parece que mi orden fue violada”, dijo el juez Murphy durante una audiencia de emergencia convocada el martes.

Si bien el juez no obligó al Gobierno federal que ordene el retorno del avión, aclaró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría usar dicha vía para cumplir con la orden. También dijo que los inmigrantes podrían ser retenidos incluso dentro del avión una vez aterrizado.

“No voy a limitar al DHS en dónde los retiene. Si quieren que el avión dé la vuelta, pueden hacerlo”, dijo el juez.

Elianis Pérez, abogada del Departamento de Justicia, dijo que entre los casos señalados se destaca el de un hombre vietnamita condenado por asesinato, cuya esposa denunció que fue deportado junto con otros 10 migrantes desde un centro de detención en Texas. La misma denuncia fue presentada por la defensa de un ciudadano de Myanmar, aunque más tarde el Gobierno cambió su versión y afirmó que fue enviado a su país de origen, algo que “desafía la lógica”, según los abogados de los demandantes.

Un alto funcionario del DHS también dijo que entre los deportados había al menos un violador.

La Administración Trump —que también está enfrentando desafíos legales por las deportaciones de inmigrantes a otros terceros países como El Salvador— no respondió a los pedidos de comentarios. Sin embargo, el juez Murphy advirtió que, si se confirma que hubo violaciones a la orden, los funcionarios federales implicados podrían enfrentar cargos por desacato penal.

Sudán del Sur es un país considerado por el propio Departamento de Estado como un destino muy peligroso debido a las “graves violaciones a los derechos humanos” que se perpetran, incluyendo asesinatos arbitrarios, tortura y violencia en general.

La ONU advirtió que el país podría volver a caer en una guerra civil a gran escala.

Basándose en la realidad de Sudán del Sur, el juez reiteró que la Constitución de EEUU garantiza a cualquier persona en territorio estadounidense la posibilidad de argumentar por qué no debe ser deportada a un país donde su vida pueda estar en riesgo.