El negocio del odio del SPCL

Hay organizaciones que comienzan con una misión genuina y en algún momento la abandonan de manera tan radical que se convierten en su propio opuesto. El Southern Poverty Law Center (SPLC), fundado en Montgomery, Alabama, en 1971 para garantizar que la legislación de derechos civiles se cumpliera en la práctica, parece haber recorrido ese camino. La acusación federal de 11 cargos presentada por el gran jurado de Alabama documenta que la organización que se definía como el gran vigilante del extremismo en Estados Unidos, financió, sostuvo y en algunos casos organizó a lo mismo que decía combatir.

Pero el fraude legal, tan horroroso como parece ser según las denuncias, corre en paralelo del fraude moral: la construcción durante décadas de un sistema de poder que operó como árbitro de la legitimidad política sin ningún mandato democrático y sin transparencia, a golpe de cazas de brujas.

Ahora las noticias recogen los hechos que describe la acusación; entre 2014 y 2023, el SPLC pagó más de tres millones de dólares a al menos ocho personas que trabajaban como informantes dentro de grupos extremistas: el Ku Klux Klan, el Movimiento Nacionalsocialista, la Alianza Nacional, las Naciones Arias. En algunos casos, el dinero se canalizó a través de entidades ficticias con nombres diseñados para no levantar sospechas —"Central Investigation Agency", "Fox Photography", "Rare Books Warehouse"— que no realizaban ninguna actividad comercial real.

El fiscal general interino Todd Blanche lo explicó claramente: el SPLC hacía lo contrario de lo que les decía a sus donantes: no desmantelaba el extremismo, sino que lo financiaba (The SPLC is manufacturing racism to justify its existence) . El SPLC sostiene que usó esos millonarios fondos para "exponer" las actividades de los indeseables grupos, pero la organización no habría informado al FBI sobre el uso de redes de informantes ni sobre el uso de empresas fantasma para ocultar los pagos. Tampoco les dijo a sus donantes que parte de sus contribuciones financiaban directamente a miembros de grupos de odio.

Más allá de si los cargos prosperan o no en un tribunal los hechos documentados en la acusación son suficientemente graves como para entender la peligrosidad del ecosistema creado por la organización.

Lo que la acusación sugiere es que el SPLC tenía un incentivo estructural para que el extremismo no desapareciera. Grupos como la Alianza Nacional o el Partido Nacional Socialista de América son, en términos reales, organizaciones marginales con presupuestos mínimos y una presencia social cercana a cero. En cambio, al anabolizar a estos grupos y crear un hombre de paja, crecen las oportunidades de recaudación que de otro modo no existirían. Los donantes como J.P. Morgan, Tim Cook de Apple, George y Amal Clooney, entre otros que contribuyeron a financiar un ecosistema diseñado para perpetuarse a sí mismo.

Esto es la consecuencia lógica de los incentivos revelados por los propios hechos documentados. Una organización que durante décadas expandió su definición de "grupo de odio" hasta incluir a organizaciones religiosas conservadoras perfectamente legítimas, que infló artificialmente los números del extremismo, y que simultáneamente pagaba a informantes dentro de esos grupos, estaba construyendo y manteniendo el mercado al que vendía su producto.

El caso más emblemático es el del Family Research Council (FRC), una organización conservadora cristiana que el SPLC etiquetó como "grupo de odio anti-LGBT". Las consecuencias de esa designación fueron literales y letales: en agosto de 2012, Floyd Lee Corkins II entró armado a la sede del FRC en Washington con la intención de "matar a tantas personas como fuera posible". Confesó ante el FBI que había elegido el objetivo usando el "Hate Map" del SPLC. Turning Point USA o Moms for Liberty también fueron incluidas en el mapa de odio.

El mecanismo más dañino fue su penetración en el mundo corporativo a través de un vector que la mayoría de las personas nunca ha escuchado mencionar: Benevity, una plataforma de gestión de donaciones corporativas que conecta a casi mil empresas Fortune 1000 con medio millón de organizaciones sin fines de lucro y ha administrado más de 16.000 millones de dólares en donaciones. En 2021, la entonces CEO de Benevity, Kelly Schmitt, presentó ante clientes corporativos un informe en el que explicaba que la plataforma había "verificado" casi dos millones de organizaciones sin fines de lucro usando, como criterio de exclusión, la "Southern Poverty Law Center Hate List". Es decir: si el SPLC te ponía en su lista negra, quedabas excluido del sistema de donaciones corporativas.

Las empresas no tomaban la decisión política de excluir a organizaciones conservadoras: simplemente tercerizaban esa decisión a una plataforma que a su vez tercerizaba el criterio al SPLC. La responsabilidad se disolvía en la cadena pero el resultado era el mismo: censura financiera sistemática. Podría decirse que funcionó como un sistema privado de regulación ideológica, sin mandato legal, sin apelación posible y sin transparencia.

En 2017, Tim Cook anunció que Apple donaría un millón de dólares al SPLC y habilitó una app de donaciones especial, en respuesta a los eventos de Charlottesville. Los donantes de Apple financiaban así, indirectamente, el mismo sistema que luego fue acusado de haber pagado a uno de los organizadores de Charlottesville.

Pero la cosa empeora si pasamos al capítulo federal. En enero de 2023, un memorando interno de la oficina del FBI reveló que el buró había etiquetado a los "católicos radicales y tradicionalistas" como potenciales extremistas violentos motivados racialmente. El memorando proponía que el FBI desarrollara fuentes de información dentro de las parroquias que celebraban la Misa en latín y en comunidades católicas online. La fuente primaria del memorando era el SPLC y su lista de grupos de odio. El FBI, en otras palabras, había subcontratado su análisis del extremismo doméstico a una organización privada con un historial documentado de sesgo político.

El memorando fue retirado tras la filtración pública pero investigaciones posteriores revelaron que no era un caso aislado sino que varios documentos adicionales del FBI y cinco archivos adjuntos usaban la terminología de "católico radical-tradicionalista" y citaban al SPLC. Durante la Administración Biden, el memorando había sido distribuido a más de mil agentes del FBI en todo el país antes de ser filtrado.

La acusación seguirá su camino y los tribunales determinarán si hubo o no delitos y la magnitud de estos. Lo que no depende de los tribunales es la expansión arbitraria de la lista de odio; la infiltración del sistema para ejercer censura financiera corporativa; el uso por parte del FBI del SPLC como fuente de inteligencia para vigilar comunidades religiosas. Con independencia de la acusación penal, el escándalo lo configura la historia de una organización que construyó un poder de naturaleza cuasi-gubernamental para la aplicación de una agenda ideológica usando la mascarada de los derechos civiles ¿cómo fue posible que una organización privada acumulara tanta influencia sobre el ecosistema político, corporativo y de seguridad de los Estados Unidos sin que nadie se lo cuestionara seriamente durante décadas?

La respuesta tiene varias capas. Una es el poder del relato, la otra es la condescendencia y complicidad del mundo corporativo y mediático y finalmente la ausencia de controles reales sobre organizaciones no gubernamentales que ejercen funciones cuasi-públicas. El daño, más allá del resultado en los tribunales, será incalculable.