La criminalización del hambre: violencia policial contra madres cubanas que exigen comida para sus hijos

La noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio, en el municipio capitalino de Marianao, una protesta vecinal comenzó como tantas otras durante los últimos meses en Cuba. Después de largas horas sin electricidad, y ante la perspectiva de otra noche sin poder dormir por el calor, los mosquitos y la falta de agua, los calderos empezaron a sonar primero en balcones y patios, y luego en la calle. Poco a poco, vecinos y vecinas fueron reuniéndose en un mismo punto del barrio, unidos por la experiencia común de malvivir sin alimentos suficientes, sin electricidad, sin agua potable y sin una respuesta de las autoridades locales.

La protesta reunió sobre todo a mujeres y madres que, tras más de veinte horas sin corriente, esperaban en vano el regreso de la electricidad para poder cocinar algo a sus hijos hambrientos. Son familias que llevan semanas sin agua suficiente porque las turbinas no pueden funcionar sin fluido eléctrico; hogares que ven echarse a perder los pocos alimentos comprados a precios exorbitantes por falta de refrigeración; personas que ya no recuerdan haber bebido agua fría o dormido una noche completa. En medio del reclamo público, una madre fue detenida por agentes policiales y subida a una patrulla mientras su hijo pequeño presenciaba cómo la esposaban. El niño quedó llorando en la vía pública, hasta que otras mujeres asumieron su cuidado y exigieron la devolución de su vecina. La madre fue regresada horas después, pero multada, citada para interrogatorio y amenazada con ser separada de su hijo si volvía a protestar públicamente.

Durante los últimos meses, Cuba ha registrado una secuencia creciente de cacerolazos, cierres de calles y denuncias en redes sociales asociadas al colapso de los servicios públicos, la inseguridad alimentaria y la incapacidad de las autoridades para ofrecer información confiable o respuestas mínimas. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, entre enero y mayo de 2026 se documentaron 1.421 protestas y denuncias en las categorías de Servicios Públicos y Alimentación-Inflación.  En muchos casos, los reclamos derivaron en detenciones arbitrarias, citaciones, intimidación policial y militarización de espacios públicos.

Desde mediados de mayo, las protestas focalizadas que venían incrementándose desde enero han comenzado a sostenerse durante varios días, especialmente en La Habana, Matanzas, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba y Las Tunas. En grupos de WhatsApp monitoreados por Food Monitor Program, donde vecinos organizados por barrios suelen avisarse sobre la distribución de donativos, la conexión del agua o el restablecimiento de la electricidad, también se ha abierto paso a la catarsis pública: “¿Qué va a ser de nosotros si hasta los organismos del Estado nos mienten informando lo que no es? En mi casa llevamos más de 30 horas sin corriente”, escriben los usuarios de esos intercambios.

La violencia vicaria estatalizada

El caso de Zamora revela, además, una cadena de procedimientos estatales errados. El primero es la interpretación que hacen las autoridades de una emergencia social como problema de orden público. En casos como este, la respuesta a la comunidad sin electricidad, sin agua y sin posibilidad de realizar cualquier tarea del hogar, no es la atención diferenciada ni la información transparente, sino la desmovilización forzosa mediante agentes policiales. La prioridad es imponer orden en detrimento de informar y rendir cuentas a los ciudadanos, esto habla de un Estado que ya no tiene qué garantizar o siquiera comunicar. De hecho, los canales oficiales de empresas de servicios públicos como Aguas de La Habana o la Unión Eléctrica de Cuba suelen bloquear en sus redes sociales a usuarios que les cuestionan su funcionamiento. En paralelo, las autoridades cubanas se atrincheran en un discurso de resistencia y épica poco creíble para el cubano de a pie.

Cuando esta fachada no funciona, el Gobierno acude a la criminalización de la demanda ciudadana como norma penal; a procesos jurídicos aleccionadores; y a la vigilancia y la obediencia como principales intereses de su administración. En los últimos años se ha hecho común, por ejemplo, que manifestantes sean detenidos y procesados bajo causas comunes: “desacato” y “desorden público” son las más socorridas. En ocasiones donde el reclamo toma lugar en redes sociales y gana réplicas por su gravedad, las autoridades cubanas han impuesto delitos más graves como “mercenarismo” o “difusión de propaganda enemiga”.

El segundo desacierto, es la amenaza de separación familiar como mecanismo de intimidación contra los manifestantes. La detención de la madre ante su hijo, y el abandono de este en la vía pública muestran una falla severa de protección de las autoridades competentes, pero además revelan dónde reside la prioridad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). La “advertencia” que la madre recibe —básicamente la amenaza de ser separada de su hijo si vuelve a quejarse de las condiciones inhumanas en que sobreviven— no puede leerse de otra manera que como un instrumento de castigo de un Estado que utiliza la violencia vicaria sobre la estructura familiar y afectiva de sus ciudadanos. La violencia vicaria, en este sentido, se encuentra institucionalizada como un recurso para disciplinar la desesperación de las madres, usando el vínculo materno-filial, adueñándose de la vida afectiva y social de las familias.

Este es un mecanismo de asfixia relevante si se entiende el papel de las mujeres cubanas en la precarización del entorno alimentario. La inseguridad alimentaria en Cuba está profundamente feminizada, porque es sobre las mujeres que recae la arquitectura práctica de la supervivencia. Abordar la feminización de la pobreza significa entonces, admitir por parte de las instancias oficiales, que son madres, abuelas, cuidadoras y jefas de hogar quienes sufren más hambre y a la vez, la sobrecarga feminizada del cuidado: administrar, disimular, racionar y responder emocionalmente a la falta de un plato de comida ante sus hijos.

Desde hace dos años, Food Monitor Program alerta sobre la criminalización del reclamo ciudadano por una vida digna, también ha documentado recientemente las mínimas condiciones con las que sobreviven las familias cubanas tras la casi paralización del país. Según la Encuesta de Seguridad Alimentaria, realizada a mediados del 2025, el 79% de los cubanos consideraban la crisis actual peor que la del llamado Período Especial; pero es de esperarse que ese criterio haya ganado prominencia desde enero. Además, el 80% de las familias entrevistadas identificó al Estado cubano como el mayor responsable del desabastecimiento alimentario en Cuba, mientras que el 82% afirmó temer que el Gobierno cubano tomara decisiones que dificultaran aún más el acceso a la comida. El reconocimiento del desamparo institucional es quizás el peso más agudo para lo que presenciamos hoy en Cuba. Una habanera expresa esta idea claramente: 

¿Tú no crees que ya nos merecemos un respiro? Yo no soy tonta. Ningún cambio viene servido en bandeja de oro, y lamento mucho que este sistema nunca nos haya preparado para vivir con acceso a derechos. Aquí no sabemos cómo trabajar fuera de este invento de sistema. Pero si eso ocurriera, tengo fe, tengo seguridad de que la vida mejoraría, por el simple hecho de que peor no puede ponerse y como está no hay cuerpo que lo aguante.

La protesta, en este escenario de agotamiento extremo, no surge únicamente de la indignación política. Es el resultado natural de la frustración social, del tiempo paralizado en un país donde las actividades laborales y educativas están siendo suspendidas o recortadas, del cúmulo de un daño psicosocial profundo cuando no se come, no se duerme y se vive en constante desasosiego, “cazando” mínimas oportunidades en las que el agua potable y la electricidad coinciden para alcanzar a realizar alguna tarea doméstica. Así, los cubanos no dejan sus casas en espera de que conecten la electricidad por al menos una hora y de poder cargar los equipos con baterías; o el agua para poder almacenarla. En los grupos de WhatsApp citados antes, muchos vecinos se dan alerta cuando el agua, tras largos días de sequía, es conectada durante la madrugada. Entonces todo el vecindario se despierta a las 3:00 am para limpiar o lavar; lo mismo sucede a la hora en que se conecte la corriente.

En suma, si estas condiciones se mantienen o incluso empeoran en los meses por venir –de mayores temperaturas, de receso escolar y por tanto mayor demanda en el hogar, y a las puertas de una temporada ciclónica que ha probado ser devastadora en otras ocasiones–, las actuales protestas no serán sostenibles para el poder. Allí donde no existe capacidad de negociación, de concilio, ni siquiera de intimidación más allá de la detención en una celda con las mismas condiciones de desahucio que en las propias calles, quedan pocas maneras de evitar el reclamo público. Los casos como Zamora, y tantos más que se replican cada día en Cuba, muestran el punto de inflexión en que la crisis alimentaria, energética, hídrica, sanitaria y política ya no son compatibles con el desarrollo humano de los cubanos.