Cómo Petro pavimentó el camino para la llegada de alguien mucho peor: Cepeda
A tan solo días de las elecciones presidenciales en Colombia, el riesgo de que un candidato mucho más extremo que Petro logre el triunfo, es cada vez más grande. El actual presidente ha preparado todo para que su heredero pueda tener un Gobierno mucho más radical y con un poder sin precedentes.

Ivan Cepeda, candidato presidencial de Colombia. (Foto de Pablo VERA / AFP)
Avanza el proceso electoral en Colombia y lo que está en juego no es solo el modelo político, sino la integridad institucional. El país en este momento tiene instituciones fundamentales como la Corte Constitucional, el Banco de la República, la Fiscalía, y el Ejército, sobreviviendo a las purgas, ataques y modificaciones radicales que ha intentado hacer la izquierda durante los cuatro años que lleva Gustavo Petro en el poder. El actual presidente ha pavimentado el camino a uno más extremo, que seguramente con unas instituciones ya debilitadas, logrará consumar el plan que tiene la izquierda más radical para Colombia.
Parte del avance que hizo Petro para facilitar la llegada de Iván Cepeda y la continuación del plan comunista, tiene que ver con permitir el fortalecimiento de grupos criminales y narcotraficantes que han apoyado a la izquierda tanto solapadamente como abiertamente. Uno de los mayores riesgos de fraude en estas elecciones tiene que ver con la posibilidad de que las FARC y el ELN obliguen a votar por el candidato de la izquierda en aquellas amplias zonas en las que tienen control, producto de la inacción del actual Gobierno.
Si Cepeda logra quedarse con la presidencia, los avances de Petro en el plan izquierdista le permitirán concretar con relativa facilidad la destrucción de unas instituciones que fueron creadas para limitar el poder presidencial y para mantener la democracia.
La Corte Constitucional es el órgano más poderoso después de la Presidencia. Tiene la capacidad de eliminar leyes, bloquear reformas, frenar decretos de emergencia, revisar estados de excepción e incluso decidir sobre reformas constitucionales o convocatorias a constituyentes. Una constituyente es el sueño de todo comunista, y seguramente será uno de los objetivos principales de Cepeda.
La Corte Constitucional está compuesta por nueve magistrados, elegidos por el Senado a partir de ternas presentadas por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Sin embargo, en la práctica, un presidente con suficiente fuerza política puede tener influencia sobre la composición de la Corte si la quiere manejar a su favor y de manera turbia, especialmente si hablamos de una coalición que mantiene en el Senado capacidad de aprobar magistrados durante dos períodos consecutivos.
Durante el gobierno Petro ya llegaron a la Corte figuras estrechamente vinculadas a su administración, por ejemplo Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, y Héctor Carvajal, abogado personal del mandatario. La designación de este último provocó fuertes cuestionamientos entre expertos legales y académicos, que advirtieron sobre el deterioro de la independencia judicial y el peligro de que un presidente use su poder de nominar candidatos para consolidar a personas evidentemente cercanas.
Si esta dinámica se prolonga por cuatro años más, con las vacantes que se abrirán en el próximo periodo, la izquierda extrema podría consolidar una transformación institucional profunda. Aún si creemos que la Corte puede mantener cierto nivel de dignidad teniendo una mayoría de magistrados impulsados por la extrema izquierda, el riesgo mínimo es que una Corte más cercana al progresismo estaría más dispuesta a validar reformas estructurales del Estado y mover los límites frente a propuestas de reforma constitucional impulsadas desde el Ejecutivo, y eso ya es suficientemente peligroso.
Otra de las grandes instituciones que el Gobierno Petro ha intentado modificar es el Banco de la República. La independencia del banco central ha sido una de las bases de la estabilidad macroeconómica colombiana durante décadas. Su junta directiva está compuesta por siete miembros: el ministro de Hacienda, el gerente general y cinco codirectores. La ley permite que el presidente de la República reemplace gradualmente a miembros de la Junta durante su mandato. Petro ha nombrado a tres codirectores y tiene el apoyo, por supuesto, de su ministro de Hacienda. Cepeda podría sumar codirectores y terminar con alrededor de cinco de los siete votos de la junta directiva.
Otro asunto preocupante es el futuro del Ejército. En Colombia, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tiene amplias facultades para nombrar o remover personal. Eso significa que ocho años consecutivos de gobierno de extrema izquierda podrían modificar profundamente a las Fuerzas Militares. Con los cambios realizados hasta ahora, el Gobierno ha debilitado la ofensiva militar contra grupos armados ilegales, instaurando una política de negociaciones y ceses al fuego, sin sentido, y en medio del aumento de ataques terroristas, la expansión territorial de organizaciones criminales, y el aumento de los cultivos de cocaína.
Además, por supuesto que ante estos cambios una de las preocupaciones más importantes es que la izquierda esté creando un Ejército fiel al presidente sin importar la constitución. Un Ejército personal, como el de los regímenes de izquierda en Latinoamérica.
Gustavo Petro lleva cuatro años debilitando los contrapesos democráticos y preparando el camino para quien podría profundizar un proyecto político radical de izquierda. Una eventual presidencia de Iván Cepeda no sería simplemente otro gobierno, sino la continuidad de un mismo proyecto ideológico durante casi una década. Muchos colombianos temen que las instituciones que hasta ahora han resistido, como la Corte Constitucional, el Banco de la República y otros organismos independientes, no logren soportar cuatro años más de presión política y cambios impulsados desde el ejecutivo.
El ejemplo de Venezuela vuelve a aparecer como advertencia. Allí, la destrucción institucional no ocurrió de manera inmediata, sino gradualmente, mediante el control progresivo de las cortes, los organismos electorales, las Fuerzas Armadas y el aparato estatal. El resultado fue una dictadura, una economía destruida y millones de ciudadanos condenados a la pobreza o al exilio.
Ese temor vuelve a cernirse sobre Colombia, en un momento en el que los ciudadanos tendrán que decidir en las urnas qué tipo de país quieren para el futuro y si aprovecharán la oportunidad de salvarlo.