La oscura geopolítica minera de China

En mayo de 2026, el personal de una comisión del Congreso de Estados Unidos viajó a Zimbabue para investigar el sector del litio. No sólo le negaron las reuniones que había solicitado con funcionarios, sino que, paradójicamente, quienes fueron a observar terminaron intensamente observados a lo largo de su visita por el servicio de inteligencia del Estado. La escena es irónica.

La misión forma parte de una investigación titulada China's Minerals Mafia, publicada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. Su conclusión sobre Zimbabue es contundente: empresas chinas controlan cerca del 90% de las operaciones mineras del país, incluidos yacimientos de litio decisivos para las cadenas de suministro energético del mundo. Y ese dominio, según el informe, descansa sobre una combinación de corrupción y gobernanza débil que ha producido lo que sus autores llaman "extractivismo desenfrenado".

El informe respalda, a través de decenas de reportes públicos y de testimonios recogidos en el terreno, sospechas que periodistas, académicos y organizaciones de derechos humanos vienen denunciando respecto de la geopolítica de los minerales. Las tierras raras, el litio, el cobalto, el galio, el grafito: son los insumos de las baterías, los autos eléctricos, los paneles solares, los semiconductores y el armamento avanzado. "Lo que el petróleo fue para el siglo XX, las tierras raras lo son para el XXI", resumió el académico Sean McFate.

China entendió esto antes que nadie y construyó, a lo largo de tres décadas, un cuello de botella. El truco no está tanto en sacar la roca del suelo, cosa que ocurre en Australia, en el Congo, en Sudamérica, como en procesarla. Según la Agencia Internacional de Energía, China es el principal refinador en 19 de los 20 minerales estratégicos que analiza, con una cuota promedio cercana al 70%. En tierras raras procesa alrededor del 90%. Las plantas chinas son, en los hechos, los porteros de la cadena global.

Y Pekín ha demostrado que sabe ejercer el control del tablero. Entre 2023 y 2025 fue endureciendo las reglas para la exportación de galio, germanio, antimonio y, finalmente, de tierras raras enteras y de tecnología de baterías de litio. Cuando restringió el antimonio en 2024, sus exportaciones cayeron alrededor de un 97% y el precio global llegó a triplicarse. No se trata de escasez: se trata de poder. China no controla porque falte mineral, sino porque controla el punto donde no hay alternativas. Esa es la diferencia entre ser un proveedor y ser un dueño.

El informe sobre Zimbabue describe una mecánica que se repite. A pesar de las prohibiciones de exportación del gobierno local, las autoridades interceptaron cargamentos de mineral de litio no declarado; trabajadores y observadores comunitarios denunciaron que se subdeclaraba y se ocultaba el material de mayor calidad. La situación escaló tanto que Zimbabue terminó frenando antes de lo previsto, en 2026, sus exportaciones de concentrado de litio.

Lo más grave es humano y ambiental. El documento recoge testimonios creíbles de abusos físicos y de accidentes mortales en instalaciones mal mantenidas. En materia ambiental: napas agotadas, comunidades cubiertas de polvo peligroso y, en un episodio, el vertido de residuos tóxicos en una represa de la que dependían los vecinos, que quedaron años sin agua potable. Y, cerrando el círculo, denuncias de sobornos a funcionarios y policías locales que vuelven inútil cualquier mecanismo de reclamo.

Si Zimbabue fuera un caso aislado, sería una tragedia local. No lo es. Una investigación de la periodista Rebecca Tan para The Washington Post documentó cómo sindicatos mineros chinos, con capital, maquinaria y contactos, expandieron la minería ilegal de oro desde Indonesia hasta Ghana y la Guayana Francesa. En la isla indonesia de Lombok, una mina clandestina llegó a ocupar el equivalente a 184 canchas de fútbol americano y a generar unos 5,5 millones de dólares mensuales. El modus operandi es siempre el mismo: desplazar al minero artesanal con excavadoras y trituradoras, e introducir lixiviación con cianuro a una escala que multiplica el daño.

Los números marean. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito advirtió que el crimen organizado se infiltró en las cadenas de suministro de oro hasta convertirse en una "grave amenaza global". Al menos quince países ricos en oro abrieron procesos judiciales contra ciudadanos y empresas chinas por minería ilegal desde principios de 2024. Estimaciones conservadoras sitúan el sector ilícito por encima de los 30.000 millones de dólares anuales. Detrás hay una lógica de Estado: reducir la dependencia del dólar acumulando oro, parte del cual entra por canales opacos. Un ex presidente de la Asociación China del Oro llegó a describir la Iniciativa de la Franja y la Ruta como "también un camino dorado".

La respuesta oficial china es siempre la misma: negación. El embajador en Ghana calificó de "injusticia significativa" responsabilizar a Pekín; el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cámara de Comercio de Metales no respondieron al Post; Pekín insiste en que exige a sus ciudadanos cumplir las leyes locales. Pero, como señalan funcionarios de los países afectados, esa exigencia rara vez se traduce en cooperación cuando hay que identificar y sancionar a los responsables.

Gran parte de la presencia china en América Latina es inversión legal. China pasó de comerciar 12.000 millones de dólares con América Latina en 2000 a 315.000 millones en 2020, con proyecciones que superan los 700.000 millones para 2035. Hay 37 puertos latinoamericanos vinculados a empresas chinas, según el CSIS; en Perú, capitales chinos controlan el 100% de la distribución eléctrica de Lima; en Chile, cerca de dos tercios del sistema eléctrico nacional. Eso no es delito: es estrategia.

El problema, advierten los especialistas, es lo que avanza a la sombra de esa estrategia. Para el investigador Leland Lazarus, el crimen organizado chino creció en todo el mundo, pero especialmente en América Latina y el Caribe, sobre cuatro frentes: precursores químicos del fentanilo, lavado de dinero, tráfico de fauna y trata de personas. Lo llama "convergencia criminal": no delitos aislados, sino redes que hacen varias cosas a la vez.

R. Evan Ellis, del CSIS, lo testimonió ante el Congreso estadounidense recientemente: la pesca ilegal le cuesta a las economías sudamericanas unos 2.300 millones de dólares anuales; el fentanilo elaborado con precursores chinos mata cerca de 48.000 estadounidenses por año; y un esquema de lavado conocido como "dinero volador" cierra ciclos casi imposibles de rastrear entre carteles mexicanos, magnates chinos y empresarios latinoamericanos. Ellis identifica alrededor de 35 redes chinas operando en la región. La pieza inquietante de su análisis no es la existencia del crimen, sino su entrelazamiento con la inversión: donde llega el capital y se instala el enclave económico, encuentra terreno fértil la actividad ilícita.

Si se quiere ver el patrón completo en suelo americano, hay que mirar el Caribe nicaragüense. Una investigación de la Fundación del Río (difundida por Mongabay, El País y varios medios más) calcula que unas quince empresas vinculadas a capitales chinos controlan cerca de un millón de hectáreas, el 8,5% del territorio nacional, en concesiones para oro, plata, cobre y minerales críticos. El régimen de Ortega y Murillo modificó leyes para facilitarlo.

Gran parte de los lotes concesionados se ubica sobre territorios indígenas sin la consulta libre, previa e informada que exige la propia ley nicaragüense. Algunas comunidades ni siquiera sabían que su tierra había sido entregada. Los defensores denuncian contaminación con mercurio y cianuro de ríos como el Coco, el Huanquí y el Prinzapolka; bases de datos de comercio internacional apuntan a una subfacturación de más de 32 millones de dólares en exportaciones hacia China.

Aquí se ve algo que el caso de Zimbabue ya insinuaba: China no inventa la corrupción ni la debilidad institucional. Las encuentra y las aprovecha. El responsable primero de entregar el territorio de su propio pueblo es el gobierno que firma las concesiones a espaldas de las comunidades. En el Cono Sur el riesgo no es, todavía, la mafia con cianuro: es la dependencia estratégica vestida de inversión.

El Triángulo del Litio, Argentina, Chile y Bolivia, concentra más de la mitad de las reservas mundiales conocidas. La inversión china en litio sudamericano se cuadruplicó desde 2020 y superó los 16.000 millones de dólares entre 2018 y 2024. Los nombres ya son familiares en Catamarca, Jujuy y Salta: Ganfeng Lithium, que posee más de 120.000 hectáreas de salares y opera Cauchari-Olaroz; Zangge Mining, con el 65% de Laguna Verde; Tsingshan, asociada en Centenario-Ratones; Zijin Mining, que desarrolla Tres Quebradas con extracción directa y en 2024 compró el 25% del proyecto Rincón. Hacia 2023, Ganfeng y Tianqi ya controlaban cerca del 40% de la producción mundial de litio a través de sus operaciones y alianzas en Sudamérica, y consultoras como Wood Mackenzie proyectan que China podría manejar el 39% de la producción global hacia 2030.

El esquema reproduce el viejo error de la región: extraemos y exportamos salmuera o carbonato como en el siglo XIX, mientras el valor agregado (celdas, baterías, autos) se fabrica en Asia. Las regalías argentinas rondan el 3%, contra el 5% a 14% de Chile, y apenas una parte menor de la producción se integra a cadenas locales. Súmense las dudas ambientales sobre el agua en los salares de altura y sobre métodos "verdes" que terminan alimentándose de generadores diésel, y el cuadro se completa: una transición energética global que descarboniza el mundo desarollado a costa de la huella hídrica del Norte argentino.

La diferencia de estrategias es real, pero el hilo conductor es el mismo: una estrategia de Estado de largo aliento para capturar el mineral del futuro, que prospera donde las reglas son blandas, las regalías bajas y la mirada de largo plazo escasa. Las recomendaciones del comité estadounidense (sanciones, cadenas de suministro alternativas, sociedades "transparentes") responden a los intereses de Estados Unidos, pero son válidas para la región; porque la geopolítica de los minerales no es solo un problema chino, sino el síntoma de un mundo lanzado a una carrera larga y feroz que barrerá con los países demasiado débiles o demasiado cómplices para defenderse.