"No puedo respirar": el caso Henry Nowak y el precio mortal del adoctrinamiento DEI en las instituciones

Lo que padeció Henry Nowak en los últimos momentos de su vida fue revelado, finalmente, por la grabación de la cámara corporal de la policía. Su horrible asesinato cobra con este material una dimensión oscura, resultado de un sistema que ha sido deliberadamente reconfigurado para responder a señales ideológicas antes que a evidencias y al sentido común.

Vickrum Digwa, de 23 años, lo apuñaló cinco veces con una daga de 21 centímetros (dos heridas en las piernas, una en la cara, una mortal en el pecho) y luego, con una perversidad que en el juicio se describió como "obsesión con las armas", filmó a su víctima desangrándose en el suelo. Cuando llegó la policía, Digwa acusó al moribundo de haberlo insultado con comentarios racistas y de haberle arrancado el turbante.

Y la policía le creyó. Al hombre en pie. Al que hablaba. ¿Qué sabía, instintivamente, soberbiamente, vilmente Digwa sobre el espíritu de la sociedad en la que vive, que lo hizo tener la certeza de que semejante patraña funcionaría?

Sabía que, al adolescente blanco que yacía en el suelo con el pecho perforado, repitiendo "me han apuñalado, no puedo respirar", lo esposarían. Debe haber gozado viendo cómo le leyeron sus derechos al jovencito mientras se desangraba y suplicaba. Digwa debe haber festejado que la policía detuviera por agresión a su víctima y que sólo cuando perdió el conocimiento llamaran a una ambulancia. Cuando ya era tarde.

El juez William Mousley, al dictar sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 21 años, fue categórico: Henry Nowak no dijo nada racista. La acusación fue, en palabras de la fiscalía, "una mentira malvada". Nada de eso importó en el momento en que importaba.

Para entender la tragedia del caso de Henry Nowak es necesario leer el Plan de Acción contra el Racismo de la Policía de Hampshire. En 2020, Hampshire invirtió cifras millonarias en formación obligatoria sobre "cultura organizacional, prejuicios, microagresiones, privilegios y la importancia de ser un aliado". El cumplimiento de estos principios quedó vinculado a la progresión salarial y a las evaluaciones de desempeño. Quien no demostrara suficiente compromiso con el nuevo paradigma antirracista veía comprometido su ascenso. El Colegio de Policía reforzó el marco con una instrucción que resulta reveladora en retrospectiva: los agentes "no deben cuestionar la percepción inicial" cuando alguien denuncia racismo. La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), por su parte, advirtió que exigir pruebas "tangibles" o "concluyentes" de racismo hace que los denunciantes sientan que sus experiencias no son reales ni válidas.

Traducido: si alguien dice que lo discriminaron, creerlo es obligatorio. La presunción de inocencia pasó a ser delito. ¿Y si resulta que quien denuncia está mintiendo?... el sistema no tiene protocolo para eso, asumiendo que ese escenario es imposible. El resultado de años de este adoctrinamiento fue una policía con el juicio ideológicamente secuestrado, incapaz de leer la realidad ante sus ojos porque la realidad contradecía el guión aprendido: un hombre de una minoría no puede ser el agresor. Un estudiante blanco no puede ser la víctima. Cualquier evidencia que apunte en esa dirección debe ser cuestionada, no la acusación.

Existe la tentación de pensar que el problema es soluble con un cambio de política. Que si se derogan las normas DEI se recupera la imparcialidad y la sospecha razonable y las instituciones volverán a funcionar correctamente. Pero esta creencia es peligrosa por ingenua. Las personas formadas durante años en determinados marcos de interpretación, con carreras construidas sobre la demostración de adhesión a esos marcos, con culturas internas que premian ciertos comportamientos y penalizan otros no pueden cambiar de un día para otro. Una cultura tarda décadas en transformarse, y sólo si existe una voluntad deliberada y sostenida de hacerlo.

Los agentes que esposaron a Henry Nowak no actuaron en contra de su formación. Actuaron exactamente conforme a ella. No eran policías corruptos, habían interiorizado, a fuerza de repetición y de incentivos profesionales, que la acusación de racismo era el hecho más relevante en cualquier escena del crimen donde estuviera involucrada una minoría étnica. Todo lo demás, incluido un adolescente desangrándose frente a ellos, quedaba subordinado a esa jerarquía de prioridades.

El caso Nowak no es el único síntoma. Valdo Calocane, un hombre que asesinó a tres personas, gozó de una supervisión psiquiátrica insuficiente porque los profesionales temían ser acusados de racismo por la sobrerrepresentación de jóvenes negros en centros de detención. Axel Rudakabana, el asesino de Southport que en 2024 mató a tres niñas e hirió a muchas más en una clase de baile, había sido reportado por su directora de escuela, quien fue acusada de percibir el riesgo de forma racista y disuadida de actuar. Es un sistema diseñado para producir exactamente estos resultados.

Existe una dimensión del caso Nowak que trasciende el debate sobre el DEI y apunta a una degradación más profunda del contrato social en torno a la seguridad pública. En teoría, un sistema de seguridad existe para proteger a las víctimas. Pero Henry Nowak fue esposado mientras se desangraba. Fue tratado como un sospechoso en el momento en que era, literalmente, una víctima de homicidio en curso. Digwa, el asesino, nunca fue esposado. Según el padre de Henry, "fue tratado con decencia".

Esta inversión no es accidental. Es la consecuencia lógica de un sistema en el que la categoría de "víctima potencial de racismo" supera en rango procesal a la categoría de "víctima real de violencia". Cuando las instituciones son entrenadas para ver el mundo a través del prisma de las jerarquías de opresión, la realidad física queda subordinada a la narrativa ideológica. Un chico blanco desangrándose no activa los protocolos de protección. La perversión es sistémica y es estructural. Y es extraordinariamente difícil de resolver porque ataca el núcleo mismo de lo que debe hacer un agente de seguridad: observar, evaluar evidencias y actuar conforme a los hechos. Si ese proceso ha sido reemplazado por la aplicación de una jerarquía ideológica preestablecida, no hay cantidad de reformas procedimentales que lo corrijan sin antes desmantelar la jerarquía.

Es imposible no notar los paralelos y diferencias entre el tratamiento que recibió la muerte de George Floyd y el que está recibiendo la de Henry Nowak. Se trata de preguntarse por qué una muerte genera un movimiento global y la otra apenas genera titulares y sólo luego de que el hombre con mayor capacidad de viralizar una noticia, Elon Musk, hablara del tema durante días.

La respuesta es simple, porque la muerte de Floyd encajaba en una narrativa útil para grandes sectores del activismo cultural, mediático e institucional cuyo trabajo es amplificar sesgos de confirmación, mientras que la muerte de Nowak la contradice.

No hay solución rápida para evitar que lo que le ocurrió a Henry Nowak vuelva a pasar, aunque vale el diagnóstico de lo que la ideología DEI ha hecho con las instituciones gubernamentales en todo el mundo y de su potencial letalidad. Lo que se necesita es más difícil y más lento: una voluntad política sostenida de recuperar el principio de imparcialidad institucional; la eliminación de los incentivos profesionales que recompensan la adhesión ideológica; la protección efectiva de los agentes que señalen problemas reales sin ser destruidos por ello; y, sobre todo, la honestidad intelectual de reconocer que los movimientos y políticas mal llamadas “antirracistas” nunca se trataron de combatir al racismo sino de implementar privilegios, sistemas de jerarquías interseccionales y cuotas de poder.

El padre de Henry Nowak dijo en las escaleras del juzgado que su hijo "no debería haber muerto en las calles de Southampton bajo custodia policial". Tiene razón. Y tiene razón también en que "la justicia por sí sola no es suficiente". Porque la justicia llegó tarde, llegó incompleta y llegó sin tocar las raíces del problema.