¿Debe ser condenado Comey?

Cuando los partidistas eligieron bando, ni siquiera se había secado la tinta de la acusación de dos cargos contra el exdirector del FBI James Comey. La mayoría de la izquierda insistió en que se trataba de una acusación vengativa, sin base en la ley o los hechos. Muchos en la derecha no vieron nada malo, argumentando que el acusado mintió al Congreso.

La realidad apartidista es que es demasiado pronto para hacer una evaluación completa de los méritos o deméritos del caso. Otra realidad es que la acusación plantea varias cuestiones distintas, aunque superpuestas.

La primera y más importante es si alega delitos adecuadamente. Dicho de otro modo, si existen pruebas que demuestren las acusaciones, ¿serán suficientes para una condena? Para condenar, el Gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que el acusado mintió intencionadamente y bajo juramento o que engañó a los legisladores sobre un hecho material. Así que si un jurado llegara a la conclusión de que Comey sabía que había autorizado a un asistente del FBI a filtrar material, su respuesta negativa a una pregunta del senador Ted Cruz bien podría ser considerada un delito. Para complicar las cosas, el asistente al que aparentemente se hace referencia niega ahora que Comey tuviera conocimiento de la filtración. Tal vez hubo alguien más implicado, como un profesor de Derecho a través del cual el exdirector supuestamente blanqueó filtraciones. En cualquier caso, los interrogantes sobre los hechos deben ser resueltos por los jurados.

"Lo mejor sería que ninguna de las partes abusara del sistema legal para 'pillar' a sus enemigos".

En segundo lugar, los abogados de Comey seguramente argumentarán que incluso si cruzó la línea hacia la criminalidad, no habría sido acusado si no se hubiera enemistado con el presidente Donald Trump. La defensa de la acusación selectiva o dirigida es generalmente difícil de establecer en los tribunales de justicia debido a su naturaleza inherentemente especulativa, a diferencia de los tribunales de opinión pública. Pero la declaración de Trump exigiendo que Comey sea procesado podría hacerlo algo más fácil a los ojos de un juez.

La tercera es si aquella declaración del presidente contaminó tanto a los posibles jurados en el norte de Virginia que un juicio justo se volvió imposible.

La cuarta es si el proceso debería celebrarse en Virginia y no en el Distrito de Columbia. Los delitos imputados son geográficamente complejos. Implican una respuesta, que tuvo lugar en Virginia, a una pregunta formulada en DC. Comey estaba en casa con Covid-19 y respondía a distancia. La constitución requiere que el juicio se lleve a cabo en "el estado y el distrito en el que se haya cometido el delito". Los delitos alegados aquí no fueron cometidos por la sola respuesta general -esencialmente una simple negación- que se dio en Virginia, sino que requirieron de la pregunta más específica formulada en DC, que precisa la presunta acción ilícita. Es casi seguro que Comey preferiría un jurado de DC a un jurado del norte de Virginia, pero es probable que el tribunal de distrito dictamine que se cometieron suficientes delitos en aquella última para justificar que se juzgue allí.

Antes de que el caso llegue a un jurado, el juez debe tomar varias decisiones críticas. Para empezar, es probable que el acusado solicite un pliego de cargos en el que se especifique la naturaleza exacta de las supuestas mentiras, filtraciones y testimonios que componen el presunto delito. La propia denuncia es escueta, obviamente apresurada para vencer el plazo de prescripción, que era inminente. También es probable que haya una acusación sustitutiva que proporcione más especificidad.

Más allá de todas estas importantes cuestiones jurídicas y constitucionales, está la cuestión ética primordial de si este caso se habría iniciado en caso contrario, es decir si los mismos actos hubieran sido cometidos por un amigo y no por un enemigo de la Administración. La misma pregunta se puede hacer de los procesamientos contra Trump, especialmente el de Manhattan con respecto a los pagos de dinero por silencio. Allí, simplemente no había delito. El fiscal tuvo que inventarse uno. Con Comey, hay un supuesto delito. La pregunta es, ¿lo cometió?

El lawfare y el enjuiciamiento selectivo son fundamentalmente erróneos. Sería mejor que ninguna de las partes abusara del sistema legal para pillar a sus enemigos. Es obvio que la Administración Trump cree que preguntar amablemente acarrea pocas probabilidades de éxito y que la distorsión del sistema legal con fines políticos solo tendrá fin si quienes la promueven rinden cuentas.

© Gatestone Institute