Honduras debe extraditar a sus comunistas vinculados al narcotráfico para sanar las heridas nacionales

Hace diez años, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández era considerado uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en Centroamérica, apreciado tanto por republicanos como por demócratas por sus políticas firmes contra el crimen, sus innovadoras reformas de libre mercado y su disposición a trabajar con ambos partidos para alcanzar objetivos cruciales.

"El Gobierno de Honduras firmó un acuerdo de rendición de cuentas único con Transparencia Internacional. Debe ser felicitado por ello. Es algo muy importante: incluye el compromiso de compartir más información con el público sobre las contrataciones del Gobierno, incluidas sus propias fuerzas de seguridad. Una vez más, están avanzando en la dirección correcta… Han tomado medidas para enfrentar a las redes criminales responsables de los desafíos de seguridad de su región, a gran riesgo personal. Se necesita mucho coraje, señor presidente", dijo entonces el vicepresidente Joe Biden a JOH durante una sesión plenaria de la reunión de la Alianza para la Prosperidad de América Latina.

"En Honduras el otoño pasado me reuní con su presidente, el presidente Hernández, y él habló con nuestro embajador Nelson y conmigo sobre la disposición de su país para extraditar a individuos —criminales, capos del narcotráfico—. Y no solo querían verlos extraditados a este país por unos meses o unos años. Querían que los encerráramos por mucho tiempo… Desde entonces, creo que ocho capos del narcotráfico han sido extraditados, y también creo que un par de criminales se entregaron porque sintieron la presión", afirmó en 2015 el ex senador estadounidense Thomas Casper, demócrata por Delaware.

Tras el ascenso del presidente Donald Trump, los demócratas perdieron el rumbo y decidieron que no se detendrían ante nada para frenarlo. Esto también se extendió a sus aliados en el extranjero. Cuando JOH se mostró dispuesto a trabajar con el presidente Trump en los mismos objetivos de paz, estabilidad, interdicción del narcotráfico y promoción de la inversión que había perseguido también durante la administración Obama, rápidamente fue colocado en la lista de objetivos del llamado Estado profundo.

La venganza demócrata

El Estado profundo estaba, sin que muchos dentro de la Administración Trump lo supieran, sembrando el terreno contra JOH del mismo modo que lo hacía contra el propio presidente Trump: construyendo un caso basado en el testimonio falso de los capos del narcotráfico a quienes JOH había contribuido a encarcelar. Después de que el presidente Trump fuera ilegalmente removido del cargo mediante fraude electoral, la Administración Biden también fue tras JOH, utilizando el mismo acuerdo de extradición que él había firmado para perseguirlo.

JOH despertó especialmente la ira de los demócratas porque fue uno de los principales promotores del Acuerdo de Tercer País Seguro, diseñado durante la primera Administración Trump para mitigar la avalancha planificada de inmigrantes ilegales que ingresaban por la frontera sur de Estados Unidos. Los solicitantes de asilo eran redirigidos hacia Honduras, Guatemala y El Salvador, en lugar de ser introducidos a Estados Unidos donde podían saturar el sistema deliberadamente. La política fue muy efectiva para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales, pero convirtió a JOH en un paria entre los demócratas, quienes buscaban desesperadamente fabricar una crisis fronteriza que pudieran atribuir al presidente Trump.

Juan González, director sénior del Consejo de Seguridad Nacional y asistente especial del presidente Biden, pasó de reunirse con JOH y estrecharle la mano en una sesión fotográfica a acusarlo de ser narcotraficante, mientras la Administración Trump elogiaba el trabajo de JOH para detener la migración irregular. La congresista Norma Torres, de California, también pasó de elogiar a JOH —manteniendo múltiples reuniones cordiales destinadas a facilitar la cooperación entre Estados Unidos y Honduras— a emitir una declaración oficial exigiendo su extradición.

"Una vez que el comunismo sea derrotado en Honduras, el país podrá convertirse en un aliado tan confiable de Estados Unidos como El Salvador".

Gilberto Ríos, miembro del partido LIBRE y asesor de la expresidenta Xiomara Castro, apareció en televisión y admitió un acuerdo de quid pro quo que la Administración Biden habría hecho con el entonces entrante Gobierno de Castro para obtener la cabeza de JOH en bandeja de plata. Ríos declaró: "Imagínense esta oferta: que nos digan como LIBRE 'vamos a llevarnos a Juan Orlando'… Esa es una oferta a la que cualquiera diría: '¡Sí, hombre!'… Y cumplieron, se llevaron a Juan Orlando".

La entonces vicepresidenta Kamala Harris asistió a la toma de posesión de Xiomara Castro en 2022, emitiendo una declaración pública en la que la elogiaba como pionera por ser la primera mujer presidenta de Honduras. Harris y Castro posaron juntas en varias fotografías públicas de alto perfil usando mascarillas por el COVID. Apenas unas horas después de ese encuentro, la acusación contra JOH fue firmada, y comenzó una pesadilla no solo para él, sino también para el pueblo hondureño.

Posteriormente, la Administración Biden se jactó de la operación y dejó claro cuán político había sido el arresto de JOH, afirmando que tenían "el honor de solicitar el arresto provisional de Juan Orlando Hernández", una frase que parecía una respuesta mezquina a la declaración del presidente Trump de que era un "honor" estar con JOH. Durante un tiempo, pareció que el golpe electoral había tenido éxito en Honduras y que condenaría al país a un descenso hacia el socialismo y la desesperación similar al de Venezuela. Pero todo cambió el año pasado cuando el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, derrotó a sus dos rivales de extrema izquierda y recuperó el rumbo del país.

El golpe final al comunismo hondureño

El presidente Donald Trump fue el factor decisivo, otorgando un respaldo de último momento a Asfura y concediendo además el indulto a JOH justo antes de las elecciones nacionales. Ahora existe la oportunidad de enterrar definitivamente al comunismo en Honduras, utilizando las mismas tácticas que la Administración Biden —solo que con un pretexto sólido e irrefutable. La dinastía Zelaya, que dio origen al gobierno de Xiomara Castro, ha sido literalmente captada en video negociando sobornos del narcotráfico para impulsar el ascenso político de Castro y la actividad del partido LIBRE.

Ha llegado el momento de extraditar a miembros de la familia Zelaya, incluidos —pero no limitados a— el expresidente Manuel Mel Zelaya; el exsecretario del Congreso Carlos Zelaya; y el exministro de Defensa José Manuel Zelaya; así como a dirigentes del partido LIBRE, para que enfrenten la justicia en Estados Unidos. La nueva Administración hondureña debe cortar la cabeza de la serpiente mientras aún está debilitada y antes de que pueda reorganizarse. Una vez que el comunismo sea derrotado en Honduras, el país podrá convertirse en un aliado tan confiable de Estados Unidos como El Salvador.

Presidente Asfura: le imploro que utilice los poderes de extradición para encarcelar a la familia Zelaya y que haga de ello su legado histórico: haber asestado el golpe final al comunismo en su gran país.