Marco Rubio advierte que EEUU “responderá” a la “injusta” condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos “responderá” a lo que calificó como una “injusta” condena contra el líder conservador brasileño Jair Bolsonaro, expresidente de ese país y un aliado internacional del presidente Donald Trump.

En su reacción a la condena a 27 años de cárcel contra Bolsonaro, quien según la Justicia brasileña orquestó un golpe de Estado tras caer derrotado electoralmente en 2022, Rubio apuntó contra el controvertido ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, acusado por Estados Unidos y diversos líderes conservadores del hemisferio de limitar la libertad de expresión en el país sudamericano y perseguir a sus adversarios políticos.

“Las persecuciones políticas del sancionado violador de derechos humanos Alexandre de Moraes continúan, ya que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han fallado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”, escribió Rubio. “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta cacería de brujas”.

El juez de Moraes, quizás el hombre más poderoso de Brasil en este momento a la par del presidente Lula da Silva, ha estado en el centro de la polémica desde hace años, cuando comenzó, según sus palabras, a defender a la “democracia” brasileña amparándose en sus amplios poderes judiciales.

Sin embargo, los críticos y los medios de comunicación del mundo han cuestionado el rol de Alexander de Moraes. En enero de 2023, el New York Times sacó un reportaje planteando serias preocupaciones sobre las extralimitaciones del juez brasileño, quien encabezó el caso contra Bolsonaro.

“Ha encarcelado sin juicio a personas por publicar amenazas en redes sociales; ayudó a condenar a un congresista en funciones a casi nueve años de prisión por amenazar al tribunal; ordenó allanamientos a empresarios con escasas pruebas de irregularidades; suspendió a un gobernador electo de su cargo; y bloqueó unilateralmente docenas de cuentas y miles de publicaciones en redes sociales, prácticamente sin transparencia ni posibilidad de apelación”, se lee en las páginas del NYT. 

Ahora, dos años y medio más tarde, Bolsonaro ha sido condenado a 27 años de prisión. Un juez disidente del panel de cinco que lo condenó, el magistrado Luiz Fux, se posicionó en favor de la defensa del líder conservador, pidiendo la anulación total del caso.

Según el magistrado, la Fiscalía brasileña no probó a cabalidad todos los delitos por los que se acusó a Bolsonaro, insistiendo en que “la responsabilidad criminal debe ser probada más allá de toda duda razonable”.

“Para que los hechos sean considerados delitos, deben encajar en la letra de la ley penal como un guante en la mano”, dijo Fux, quien anteriormente había votado para condenar a decenas de bolsonaristas implicados en aquellos disturbios de 2022.

Fux, de hecho, coincidió con los abogados de Bolsonaro en varios puntos, especialmente en que el caso debería ser juzgado por un juez de primera instancia y que la defensa no tuvo tiempo suficiente para prepararse.

“Nadie puede ser castigado por una cogitación”, indicó Fux. “Un golpe de Estado no resulta de actos aislados o manifestaciones individuales sin coordinación, sino de las acciones de grupos organizados, equipados con recursos y capacidad estratégica para enfrentar y sustituir al poder vigente”.

Finalmente, el voto de Fux fue únicamente disidente y no cambió el destino de Bolsonaro, quien fue condenado por otros cuatro jueces. Sin embargo, su alocución, de más de diez horas, sentó las bases para futuras apelaciones de la defensa y también para la narrativa de los aliados del líder brasileño, quienes están convencidos de su inocencia mientras acusan a de Moraes de llevar adelante una cacería de brujas.

Bajo la guardia del presidente Trump, la Casa Blanca ha escuchado a las voces críticas del polémico juez brasileño, sancionándolo y acusándolo de violar derechos humanos bajo la Ley Magnitsky. Las medidas incluyen la congelación de bienes en territorio estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con empresas o ciudadanos de EEUU y la restricción de entrada al país, con el argumento de que Alexandre de Moraes abusó de su poder judicial al ordenar bloqueos de cuentas en redes sociales y aplicar medidas consideradas como censura política y persecución a opositores.

“Alexandre de Moraes se ha encargado de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, dijo secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar las sanciones. “De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados —incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de hoy deja claro que el Tesoro seguirá responsabilizando a quienes amenazan los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”.