De Detroit a Times Square, la política busca censurar los discursos equivocados en los lugares equivocados

Los derechos de la Primera Enmienda no aplican en Detroit si el orador se acerca a varios metros de una clínica abortista o de una persona que se dirige a una, según manda una ordenanza penal. Tampoco valen cerca de algunos de los monumentos más famosos de Nueva York, debido a su proximidad a clínicas abortistas y lugares de culto. Una versión neoyorquina de la polémica ley federal Freedom of Access to Clinic Entrances Act, surgida en el contexto de una amplia legislación penal defendida por legisladores demócratas y la gobernadora Kathy Hochul.

Activistas conocidos como los consejeros de la acera están desafiando la ordenanza de 2024 de la Ciudad del Motor en un tribunal federal con sólidos antecedentes de defender la Primera Enmienda; mientras que en Nueva York, un grupo pro-libertades civiles está agitando contra la legislación del Empire State un precedente del Tribunal Supremo de 2014 contra "zonas de seguridad" para clínicas abortistas.

El precedente de McCullen contra Massachusetts no ha sido utilizado por la Justicia aún para anular una sentencia del alto tribunal de 2000 (el precedente zombi de Hill) que defendió como permisibles las zonas de seguridad de Colorado y que ha sido ampliamente invocada por tribunales inferiores para defender zonas de seguridad similares.

El año pasado, el Tribunal de Apelación del 11º Circuito de EEUU se pronunció en sentido contrario, citando a McCullen para bloquear la zona de seguridad de Clearwater, Florida, lo que llevó a la ciudad de la Costa del Golfo a suspender permanentemente aquella ley.

El bufete de abogados que está detrás de la impugnación de Clearwater y de una anterior en Minneapolis, la Thomas More Society, representa ahora a los consejeros de la acera del Sidewalk Advocates for Life, que afirman que su trabajo ha impulsado a más de 25.000 mujeres a elegir "alternativas que afirman la vida", y a su defensor "certificado" Kevin Hammer en su caso contra la ciudad de Detroit.

"El gobierno no puede amurallar la plaza pública para que las mujeres nunca oigan que tienen alternativas al aborto", dijo Peter Breen, vicepresidente de la Thomas More Society. Sostuvo además que el único delito de Hammer, un abogado jubilado, es ofrecer "apoyo real" a las mujeres que se dirigen al Centro de la Mujer de Scotsdale. Sin embargo, afirmó, la clínica abortista ha "llamado repetidamente a la policía al lugar". Una vez respondieron cinco patrullas.

Si se promulga, la legislación haría al estado de Nueva York comparable con el Reino Unido, donde la directora de March for Life UK, Isabel Vaughan-Spruce, ha sido investigada repetidamente por la policía simplemente por haber orado en silencio cerca de las clínicas abortistas. En enero se declaró inocente de los últimos cargos, alegando que una ley local sobre zonas de seguridad no prohíbe la "mera presencia". Se sentará en el banquillo este otoño. La BBC incluyó recientemente a Vaughan-Spruce en una pieza sobre jóvenes activistas provida del Reino Unido que se inspiran en homólogos estadounidenses como el difunto Charlie Kirk.

La Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE, por sus siglas en inglés), ya enfrentada a la "memelord" Hochul por su ataque a las expresiones políticas generadas con IA (que busca prohibir para todos menos para sí misma), describió la legislación neoyorquina como de una amplitud sin precedentes, al menos en esta temporada legislativa.

"Ninguno de los otros proyectos de ley estatales que proponen restricciones a las protestas o a las intervenciones en lugares de culto son, ni de lejos, tan abarcativos como este", dijo Carolyn Iodice, directora legislativa y política del grupo, a Just the News. Y aventuró: "Tal vez porque el Tribunal Supremo ya ha prohibido zonas de amortiguación más limitadas alrededor de las clínicas abortistas".

El personal de FIRE recorrió la ciudad de Nueva York documentando zonas que, según ellos, estarían prohibidas para protestar, independientemente del punto de vista: Times Square, Broadway, Washington Square Park, Wall Street y Zuccotti Park -famoso por #OccupyWallStreet-.

Iodice dijo que es "francamente bastante impactante mirar el efecto real de los proyectos de ley".

Detroit, (supuestamente) engañada por un abogado

La demanda de los consejeros de la acera dice que el Ayuntamiento de Detroit impuso una zona de seguridad que explícitamente prohíbe "protestar, educar o asesorar", a pesar de que 15 años antes el 3er Circuito anuló un buffer con las mismas dimensiones en Pittsburgh, calificando sus zonas prohibidas como "sin precedentes entre los esquemas regulatorios confirmados por los tribunales".

Ambos proyectos imponen una barrera de 15 pies (4,6 metros) desde la entrada de cada clínica y una "burbuja flotante" de ocho pies (2,4 metros) alrededor de cada paciente y acompañante en un radio de 100 pies (30 metros) desde la entrada.

Aunque la ordenanza es aplicable a todos los "centros de atención sanitaria", Bridge Detroit informó de que la concejala Gabriela Santiago-Romero y sus partidarios especificaron que era necesaria para proteger a las clínicas abortistas de los religiosos que vienen de fuera del estado. (Una ex consejera de acera que testificó aseguró ser residente en Detroit).

Bridge Detroit dijo que la clínica de Scotsdale dio al consejo una "gruesa carpeta roja de seguimiento de manifestantes abusivos", y que sus partidarios testificaron de encuentros con manifestantes que gritan y acosan. Sin embargo, la demanda dice que el registro legislativo no muestra ninguna evidencia de que la ciudad haya utilizado las leyes existentes para proteger a las clínicas antes de "prohibir toda una categoría de actividad expresiva".

El abogado de la ciudad de Detroit, Adam Saxby, no sugirió "alternativas menos restrictivas" y dijo falsamente al consejo que la ordenanza era "idéntica" a la defendida en el precedente zombi de Hill -que en realidad era una "zona burbuja independiente"-.

De hecho, la ciudad estaba considerando "un esquema combinado de amortiguación y burbuja" como el estatuto invalidado de Pittsburgh, que Saxby no mencionó. También omitió el precedente McCullen que tácitamente negaba Hill y Reed, que dice que "una ley que define el discurso regulado por su función o propósito" es "presuntamente inconstitucional", todo esto según la demanda.

El demandante Hammer, residente en Michigan, "no sigue, persigue, bloquea o grita a nadie", sino que simplemente sostiene un cartel de dos por cuatro pies que ofrece "ecografías y pruebas de embarazo gratuitas", y "nunca ha sido citado, advertido formalmente o arrestado" en seis meses de asesoramiento en la acera, dice también la demanda.

La clínica parecía hacer un seguimiento de las visitas de Hammer y advertía proactivamente a las pacientes que le evitaran, ya que en su primer mes de septiembre "casi todas las mujeres que entraban" le miraban y "muchas se acercaban voluntariamente", pero empezaron a evitarle después. Cuando apareció un martes en lugar de su habitual viernes, "casi todas las mujeres pararon y entablaron conversación".

Un mismo día de octubre, la clínica habría llamado dos veces a la policía para denunciar a Hammer. La primera, los agentes de un único coche patrulla dijeron a un empleado de la clínica que el abogado retirado estaba cumpliendo la ley. Pero "cinco coches patrulla llegaron con agentes de supervisión" más tarde para confirmar que Hammer conocía las particularidades de la ley, y volvieron a decir al empleado de la clínica que se encontraba cumpliendo la legislación vigente.

El departamento jurídico de Detroit no respondió a una solicitud de comentarios, en particular a las afirmaciones supuestamente falsas y engañosas de Saxby sobre el contenido de la propuesta en relación con otras zonas de seguridad y la jurisprudencia aplicable.

Prohibir las manifestaciones que 'alarmen y molesten'

En Nueva York, propuestas del senador estatal Sam Sutton (SB 8599) y del representante Micah Lasher (AB 9335) prohíben las manifestaciones de dos o más personas en "miles de lugares de todo" el estado, a menudo próximos entre sí o solapados, independientemente de las horas, el contenido, las verdaderas amenazas o incluso la relevancia. Así lo afirmó FIRE en un extenso análisis de los textos legislativos, presentados en respuesta a una protesta anti-israelí frente a una sinagoga.

Crean "una serie de zonas muertas de la Primera Enmienda en las que la policía puede meter a los manifestantes en la cárcel simplemente por gritar un eslogan, sostener un cartel o marchar por la calle". Abarcan tanto marchas pro-LGBTQ y las anti-Trump "No Kings", como concentraciones de enfermeras sindicalizadas y protestas frente a la oficina de Hochul en Manhattan, así como "procesiones mensuales provida" desde una iglesia a una clínica abortista.

Una propuesta de Hochul en su presupuesto fiscal 2027 es ligeramente diferente: cubre claramente las escuelas religiosas, pero no los edificios que no parezcan lugares religiosos o "espacios" no estructurales, y criminaliza las manifestaciones destinadas a "alarmar y molestar" a cualquiera que entre en un edificio que incluya una clínica abortista, no sólo a la clínica.

Conlleva las mismas penas: hasta 364 días de prisión para el primer delito, un delito menor de clase A, y hasta cuatro años por la segunda y siguientes infracciones, un delito grave de clase E. Tienen también la misma zona de amortiguación: 25 pies "desde las calles y aceras que tocan el lugar cubierto", comparable a la zona de seguridad de 35 pies desde una entrada que fue declarada nula en Massachusetts.

"En muchos lugares, los manifestantes estarán tan lejos de las personas a las que pretenden llegar que no podrán hacerles llegar su mensaje", afirma FIRE. "Eso por sí solo podría resultar fatal en los tribunales".

La norma de "alarmar o molestar" es tan vaga que "podría aplicarse a cualquier protesta cuyo objetivo sea hacer llegar un mensaje a la gente en el lugar de la protesta", dijo FIRE. "El objetivo de protestar por las acciones de alguien no es reconfortarlo o consolarlo".

La protesta antiisraelí que desencadenó los proyectos de ley de los legisladores fue respondida por "contramanifestantes proisraelíes", lo que significa que si la legislación hubiera sido ley, la policía tendría que decidir "qué manifestantes podrían tener la intención de 'alarmar y molestar' a las personas que entran en la sinagoga". Por tanto, aseguró FIRE, es una regulación inconstitucional basada en el contenido.

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