Trump prepara una orden ejecutiva para sancionar a bancos que discriminen a conservadores y empresas de criptomonedas
En caso de que se comprueben irregularidades, los bancos podrían enfrentar duras sanciones económicas, órdenes judiciales o incluso procesos penales.
Una imagen de archivo de Bank of America
La Administración del presidente Donald Trump está preparando una orden ejecutiva que busca impedir que las entidades financieras discriminen a individuos, organizaciones religiosas o empresas —incluidas las del sector de las criptomonedas— por razones políticas o ideológicas.
Según un borrador de la orden ejecutiva al que accedió el Wall Street Journal en exclusiva, la Casa Blanca ordenará a los organismos reguladores que investiguen si algún banco o entidad financiera ha violado reglas como la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, las normas antimonopolio o las leyes de protección al consumidor, al cerrar cuentas sin justificativos legales.
En caso de que se comprueben irregularidades, los bancos podrían enfrentar duras sanciones económicas, órdenes judiciales o incluso procesos penales. El Departamento de Justicia también podría intervenir y asumir casos si son especialmente graves.
Según el WSJ, aunque el texto de la orden no menciona ningún banco en específico, presuntamente hace referencia a casos como el de Bank of America, que fue acusado de cerrar cuentas a una organización cristiana con operaciones en Uganda.
El banco, para defender su decisión, afirmó que el cierre de las cuentas en Uganda no tuvo que ver con discriminación religiosa o política, sino con que no ofrece servicios a pequeñas empresas con sede fuera de EEUU.
La orden ejecutiva también cuestiona el rol de algunos bancos en la investigación de los hechos del 6 de enero de 2021, en el episodio de la toma del capitolio.
Por años, desde el trumpismo y algunos sectores conservadores han denunciado una presunta “censura bancaria” motivada por posturas religiosas, políticas o por pertenecer a industrias como la cripto. Las empresas de activos digitales, en particular, denunciaron que la Administración Biden les impidió el acceso a servicios bancarios mediante presión regulatoria. Los bancos, por su parte, han culpado a las regulaciones y las leyes contra el lavado de dinero de algunas decisiones polémicas.
La orden además instruye a la Administración de Pequeñas Empresas a revisar el comportamiento de bancos y otras entidades que garantizan préstamos federales. La idea, a priori, es eliminar políticas internas que hayan motivado decisiones discriminatorias.
Por ahora, aún no está claro cuándo será la firma del decreto, pero podría ocurrir tan pronto como esta misma semana a menos que se hagan reajustes en el texto final.
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